Agua dulce, Argentina no valora adecuadamente a este recurso natural estratégico

Proteger y cuidar el agua dulce es una necesidad urgente porque es la vida misma. Cuando no hay suficiente cantidad y calidad de agua para todos, el hambre, las enfermedades, la muerte y la guerra no andan lejos.

Ley de humedales

Argentina cuenta con más de 600 mil kilómetros cuadrados de humedales, que comprenden el 23% del territorio nacional incluyendo ambientes como lagunas altoandinas, mallines y turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras marinas.

En el año 2016, el Presidente Mauricio Macri “prometió una ley de humedales en pos de reconocer su indispensable rol para el equilibrio ambiental, y la urgente necesidad de preservar los beneficios ambientales que nos proveen”.

El proyecto de ley cuya autoría fue de los senadores Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), María Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jaime Linares (FAP-GEN); establece los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales. Además, pretende preservar los beneficios ecosistémicos que brindan a la sociedad, entendiéndolos como espacios que dependen de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.

De acuerdo a la normativa la autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarían a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.

El proyecto de Ley fue aprobado en el Senado el 30 de noviembre de 2016 y con media sanción pasó para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados Nacional para tratar el mencionado proyecto de ley. De avanzar, tendrá que tratarse también en la Comisión de Agricultura, a la cual tiene giro, pero debido a presiones de sectores inmobiliarios, arroceros, mineros, etc., la Ley no se aprobó y perdió estado parlamentario.

La inmensa fuente de agua y biodiversidad contenida en los humedales, actualmente, se encuentra desprotegida.

Ley de Glaciares

La Ley argentina de Glaciares es una ley de protección de los glaciares y áreas periglaciales que fue presentada en 2008, por la entonces Diputada Marta Maffei cuyo proyecto de ley tenía por objetivo la protección de los glaciares. Oportunamente fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Vetada por la presidente de la Nación Cristina Fernández y vuelta a aprobar como Ley Nacional Nº 26639, promulgada automáticamente el 28 de octubre de 2010 por vencimiento del plazo legal y reglamentada 4 meses después por Decreto PEN Nº 207/2011.

La ley fue judicialmente objetada por empresas mineras y gobernadores de las provincias que apoyan estas actividades. El inventario de glaciares, que la ley ordena debía quedar completado el 30 de marzo de 2011, pero por falta de recursos suficientes para realizar el mencionado inventario, tarea que debe hacer el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), según se informó en el Senado de la Nación el 22 de marzo de 2018, durante el Debate Público “La Ley de Glaciares No Se Toca”, es posible que se complete recién durante el corriente año.

Según publicó Ambito.com el 28 de marzo de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó por abuso de autoridad a tres exsecretarios de Ambiente de la Nación Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso e instó al ministro de Ambiente Sergio Bergman a regularizar la situación con la ley de glaciares, bajo riesgo de "relevancia penal".

El magistrado embargó por cinco millones de pesos y prohibió salir del país a los ex secretarios de Ambiente de la Nación por incumplir con el control de la ley de glaciares, informó este martes una fuente judicial.

A los proyectos impositivos, laboral, y previsional, se sumaría la intención del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares el año entrante, con el fin de incrementar las ganancias millonarias de las corporaciones mineras.

En enero de este año, la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM) adelantó que, en silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas. El acuerdo para modificar la reglamentación de la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio de 2017, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato.

La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que están protegidos por la ley y que el IANIGLIA incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.

En el documento, (elaborado por el gobierno y las empresas mineras) parecería prevalecer la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son “recurso hídrico estratégico” para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación, la Ley define a todos los glaciares y al ambiente periglacial como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

Los Glaciares No Se Tocan

Informe Mundial de NN. UU.

Un informe mundial de las Naciones Unidas (NN. UU.), sobre Desarrollo de los Recursos Hídricos, presentado recientemente en el “8vo Foro Mundial del Agua” en Brasilia, que finalizó el 23 de marzo de 2018, “reconoce el agua no sólo como un elemento aislado, sino como parte integrante de un proceso natural complejo que implica la evaporación, la precipitación y la absorción del agua por el suelo”. La presencia y la extensión de la cobertura vegetal -como pastos, humedales y bosques-, influye en el ciclo del agua y puede ser el foco de acciones para la mejora de la cantidad y la calidad del agua disponible.

Foco en la ’ingeniería ambiental’

La llamada infraestructura "verde", en oposición a la tradicional infraestructura "gris", se centra en preservar las funciones de los ecosistemas, tanto naturales como artificiales, y en la ingeniería ambiental, en lugar de la ingeniería civil, para mejorar la gestión de los recursos hídricos.

La infraestructura verde presenta diversos usos en el sector de la agricultura, de lejos el mayor consumidor de agua. Contribuyendo al desarrollo de sistemas de riego más efectivos y económicos, por ejemplo, la infraestructura verde puede ayudar a reducir las presiones sobre el uso de la tierra, limitando la contaminación, la erosión del suelo y las necesidades hídricas.

Se estima que la producción agrícola puede incrementarse en un 20% en todo el mundo si se utilizan prácticas más verdes de gestión del agua. Un estudio citado por el Informe evaluó proyectos de desarrollo agrícola en 57 países de bajos ingresos y descubrió que el uso más eficiente del agua, combinado con la reducción del uso de pesticidas y con mejoras en la cobertura del suelo, aumentó el rendimiento de las cosechas en el 79%.

La importancia de los humedales

Las zonas húmedas cubren sólo cerca del 2,6% de la superficie del planeta, pero tienen un papel desproporcionalmente grande en la hidrología. Ellas impactan de forma directa la calidad del agua, filtrando sustancias tóxicas, de pesticidas a descargas industriales y de la minería.

Hay evidencias de que las zonas húmedas por sí solas pueden eliminar del 20% al 60% de los metales en el agua y retener del 80% al 90% de los sedimentos de flujo. Algunos países han llegado a crear zonas húmedas para tratar las aguas residuales industriales, al menos parcialmente. Durante los últimos años, Ucrania, por ejemplo, ha realizado experimentos con zonas húmedas artificiales para filtrar productos farmacéuticos de aguas residuales.

Sin embargo, los ecosistemas solos no son capaces de realizar la totalidad de las funciones de tratamiento del agua. No pueden filtrar todo tipo de sustancias tóxicas descargadas en el agua, y sus capacidades tienen límites. Hay puntos críticos además de los cuales los impactos negativos de la carga de contaminantes en un ecosistema se vuelven irreversibles, de ahí viene la necesidad de reconocer los límites y gestionar los ecosistemas adecuadamente.

Las zonas húmedas también actúan como barreras naturales que absorben y capturan agua de lluvia, reduciendo la erosión del suelo y los impactos de ciertos fenómenos naturales, como las inundaciones. Que pueden terminar en grandes desastres como los recientemente ocurridos en la provincia de Salta. Con el cambio climático, los expertos prevén que se producirá un aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales.

El Dr. Guillermo Cano insistía que “todas las aguas, sin excepción, deberían ser del dominio público de la comunidad, en función de su interés público, presente o futuro”.

Conclusión

Necesitamos nuevas soluciones en la gestión de los recursos hídricos para superar los nuevos desafíos de la seguridad hídrica causados por el crecimiento de la población y el cambio climático global.

Casi todas las inversiones todavía se dirigen a proyectos de infraestructura gris. Sin embargo, para satisfacer la creciente demanda de agua, las infraestructuras verdes parecen ser una solución prometedora, complementando los enfoques tradicionales y es a donde los gobiernos deben dirigir las inversiones.

Si no hacemos nada, en 20 o 30 años, cerca de 5 mil millones de personas en el mundo vivirán en áreas con bajo acceso al agua dulce.

- Fuente ONU/AAPN

- Imagen de portada: Gabriel en el Volcán Copahue, Neuquén – foto N. Ovando

- El autor es Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN -
Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la IUCN-
Red Latinoamericana de Áreas Protegidas - RELAP –

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