«Es lamentable que un gobierno que hizo tantas cosas bien termine así», comentó Juan Manuel Urtubey tras revelar que se están destruyendo archivos y borrando huellas. Hay cientos de nombramientos de última hora para punteros y militantes wayaristas
El vasto operativo de destrucción de documentación y borrado de archivos de computadoras que pueden comprometer a la gestión Romero-Wayar fue denunciada a la prensa por el gobernador electo Juan Manuel Urtubey.
El sindicalista Miguel Rojo crítico implacable de la corrupción del gobierno de Romero ha venido denunciando que la entrega a la empresa privada Plumada de la documentación oficial tenía como objetivo «borrar las huellas del saqueo».
Esta actitud implicaría un reconocimiento implícito del gobierno de su derrota, a pesar de que Walter Wayar insiste en que el escrutinio definitivo lo consagrará gobernador por medio punto.
El nombramiento masivo de punteros y militantes que trabajaron con Wayar en la campaña estaría respondiendo a la necesidad de «pagar favores políticos» antes de perder el poder.
Esta maniobra provocó indignación en trabajadores de planes sociales que por años vinieron reclamando su nombramiento como personal efectivo del estado. Tal el caso de trabajadores de establecimientos educativos a los que se le negó reiteradamente el pase a planta permanente. «Los nombramientos están congelados desde hace 12 años, no hay cargos vacantes», les respondían una y otra vez en el Gran Bourg ante cada petición.
Carteles y cadenas
Cuando se conoció la semana pasada -a través de las designaciones que llegaron a los establecimientos- el nombramiento de centenares de punteros y militantes wayaristas en colegios y escuelas, los trabajadores de planes sociales que prestan servicios en el área educativa decidieron salir a la calle a protestar. Hoy manifestaron con carteles y cadenas de papel crepe en blanco y celeste, las que podrían cambiar por cadenas de verdad.
«Si no nos dan respuestas mañana nos encadenaremos en la Escuela Técnica Nº 3 (Caseros y Laprida)», anunciaron a Salta 21.
Se trata de 350 personas que trabajan como porteros y preceptores, auxiliares administrativos y encargados de limpieza. Ganan 225 pesos por mes. Sus salarios se financian con fondos nacionales. El gobierno de Salta no los incorporó a su planta de personal a pesar de que trabajan en escuelas y colegios de la provincia.
De cuatro a diez personas por colegio -muchas de ellas muy jóvenes y otras que carecen de estudios secundarios- han sido nombradas en forma efectiva en el ámbito educativo por el gobierno en los últimos días.
Operativo retirada
En el colegio Ernesto Miguel Aráoz, por ejemplo nombraron dos bibliotecarios, dos encargados de gabinete y cuatro preceptores. En ese establecimiento educativo del barrio intersindical protestaron en la vereda frente al portón de acceso esta mañana unas cincuenta personas. Sobre la reja del frente colocaron carteles en los que piden «un salario digno y un nombramiento justo».
Una delegación, mientras tanto, partió al Grand Bourg a intentar un contacto con la ministra de Educación. Sobre el mediodía la gestión aún había resultado infructuosa.
«Nos hicieron hacer cursos y prestamos servicio varias horas por día, siempre con la promesa que nos iban a nombrar como trabajadores efectivos. La mayoría estamos en nuestros puestos desde hace 4, 6 y hasta 8 años. Y ahora de golpe nombran a otras personas que nunca trabajaron en los colegios ni en las escuelas» explicaban los manifestantes a periodistas de distintos medios que acudieron al lugar de la protesta.
Con nombramientos políticos de última hora, destrucción acelerada de documentación y borrado de archivos de computadoras el feroz «operativo retirada» ante el inminente traspaso del poder genera turbulencias, con acciones que no parecen propias del final tranquilo de un gobierno honesto sino típicas del escape precipitado de una banda mafiosa.
