El gobierno nacional hizo casi todo mal. La recusación permanente a todos los jueces y, a la vez, la mora en la designación de magistrados es una torpeza.
Después todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Hay que recordar que sólo están suspendidos dos artículos (los impugnados por Clarín sobre la desinversión) y en esto sí tiene sentido que no se le aplique la desconcentración a los otros grupos hasta que se le pueda aplicar al más importante jugador del mercado. ¿Pero el resto de la normativa? ¿El censo de emisoras? ¿Por qué no se aplica?
Luego, usar la fecha del 7D como una suerte de apuesta al todo o nada. Como en la vida, cuando uno se juega al todo o nada tiene que saber que se puede quedar con nada. Además esta apuesta extrema no se condice con la situación judicial, ya hay un juez –Horacio Alfonso (foto)– que fallará en algunas semanas sobre el fondo de la cuestión y, por la información que tengo, lo hará a favor de la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Una observación personal: es muy difícil que un magistrado honesto pueda cuestionar la legalidad de una norma como esta. Es similar a muchas otras en el mundo. Si un Estado no puede regular un mercado concentrado, ¿para qué sirve el Estado?
Y agrego una preocupación extra: ¿por qué las disposiciones de desconcentración se volvieron tan flexibles? Un grupo mediático se puede repartir entre los socios y parientes. ¿Ese criterio no desvirtúa el sentido de la norma?
Ahora bien, dicho todo esto: una medida cautelar que impide la aplicación de una ley aprobada con amplias mayorías en el Congreso de la Nación durante tres años es una inequidad y una afrenta a la democracia. En un país normal, para un lado o para otro, en un año ya se habría resuelto la cuestión de fondo con apelaciones y todo. Y por último: Raúl Alfonsín pudo juzgar a los comandantes de la dictadura militar, pero no logró que se aprobara su proyecto de Ley de Medios destinado a reemplazar la ley de los militares; luego Carlos Menem, que vendió el patrimonio nacional y tuvo una Corte adicta, tampoco logró sancionar una Ley de Medios. Quien estuvo más cerca fue el más débil: Fernando de la Rúa, que logró que su proyecto llegara al recinto. Pero ese día la mayoría de los legisladores se quedaron en sus despachos, sólo dos bajaron a discutirlo.
La pregunta que hay que hacerse es ¿Por qué ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa lograron sancionar una ley de Medios? La respuesta a éste interrogante ayuda a entender por qué ahora se demora su aplicación y, fundamentalmente, permite comprender que lo que se discute no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión.
– Reynaldo Sietecase
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7D: El día después
El espíritu de la Ley de Medios es bueno, pero resulta que es el mismo Gobierno quién no la cumple. Según la letra, la ley tiende a lograr la pluralidad de opiniones y voces en los medios, pero el Kirchnerismo la desvirtúa cuando maneja la publicidad oficial en forma discrecional, premiando al periodismo oficialista y castigando a los críticos. Esto se da no solo en el ámbito nacional, sino que se replica en el provincial y municipal. Vean lo que sucede en la provincia de Salta, y en municipios como la Ciudad capital, Tartagal, Orán y Metán, solo por nombrar las ciudades mas importantes.
7D: El día después
Estoy de acuerdo en casi todo, solo que dejarias entender una connivencia del gobiernom, y eso no me parece. Por otro lado, si creo que hay infiltrados en el gobierno, con lo que en algun modo tens razon, no lo habia visto asi hasta ahora. De cualquier modo hoy estaré en la plaza.