A semejanza del boom cauchero, la fiebre cocalera también incidió negativamente en la totalidad del sistema, pues viene deteriorando no solo la ecología y el medio ambiente de su espacio productivo, sino que también viene golpeando la demografía y envileciendo la política y la sociedad.
Esta hecatombe cocalera –comparable con el inicio del «boom» de los pesticidas agrícolas a nivel mundial (Urrelo Guerra)–ha generado en el mundo andino un inmenso deterioro ecológico, que se manifiesta en deforestación de bosques vírgenes, en erosión y agotamiento del suelo, en eliminación de microflora, flora y fauna, en deslizamientos aluvionales de lodo y piedra, y en contaminación de pesticidas y sus residuos en las cuencas de numerosos ríos, que al degradarloscon metales pesados procedentes de los biocidas o precursores químicos (plomo, arsénico,cadmio, antimonio, mercurio, cromo, efedrina) amenazan la subsistencia del mundo andino y hacen que la producción de la hoja de coca para fines ilícitos sea política, económica y agronómicamente insustentable (Urrelo Guerra).
Sin embargo, a pesar del deterioro ecológico, el rendimiento de la coca por hectárea en Perú sigue siendo muy alto. En los valles de la cordillera oriental, el rendimiento de la coca es de dos a tres toneladas de hoja de coca por hectárea según la zona, equivalentes a seis kilos de pasta básica por hectárea (en el VRAEM vale mil dólares el kilo o seis mil dólares por hectárea, y en Brasil cinco veces más). El cultivo se extiende en la totalidad peruana desde las cien mil hectáreas en 1960 hasta las doscientas cincuenta mil en 1990, y para toda la Amazonía se estima una extensión del orden de las setecientas mil hectáreas, equivalentes a unos cuatro mil millones de dólares (Urrelo Guerra), cuya producción puesta en Brasil alcanza una suma cinco veces mayor, en el orden de los veinte mil millones de dólares. Desde las zonas de sembradío, la hoja de coca pasa a multitud de laboratorios rústicos, denominados pozas de maceración, distribuidos en territorios geográficamente afines (en especial la provincia de La Mar, Ayacucho, donde fueron destruidos también otro medio centenar de narco-pistas), y desde donde a su vez sale en forma de pasta base de cocaína (PBC), a razón de un kilo por cada trescientos kilogramos de hojas de coca, o en algunos casos en forma de clorhidrato de cocaína (HCl), negocio que alcanza el orden de los veinte mil millones de dólares anuales, de los cuales en Perú sólo queda la vigésima parte.
El boom cocalero también generó un deterioro poblacional pues desplazó ingentes masas de pequeños agricultores y jornaleros aumentando enormemente, en la nueva frontera narco-agrícola, la presión demográfica. Los pobladores colombianos del trapecio amazónico (caqueteños), y los intereses sobrevivientes de la crisis de los carteles de Medellín y Cali, que fueron militarmente derrotados en la última década del siglo XX por el Plan Colombia (con asistencia norteamericana durante el gobierno de Pastrana), provocó el desplazamiento de los pobladores colombianos con sus cultivos, desde la región de Leticia hacia el llamado “Trapecio Amazónico”, en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil; hacia el Alto Huallaga que nace en la cordillera central (Nudo de Pasco, donde convergen las tres cadenas cordilleranas) y baña el Valle de Huánuco (desaguando en el río Marañón por su margen derecho luego de cruzar el Pongo de Aguirre); y hacia el Valle de Apurimac (VRAEM), en la frontera del Perú con Bolivia, donde hasta ahora han venido siendo destruidas con explosivos medio centenar de pistas clandestinas de aterrizaje, muchas de las cuales se han vuelto a rehabilitar, y que fueran construidas con maquinaria pesada de los municipios lindantes.
Los índices más altos de cocalización en el Perú pasaron a estar en trece zonas cocaleras, en especial los departamentos de La Libertad, Loreto, Pasco, Amazonas y Madre de Dios (con su población de Puerto Maldonado en la frontera con Bolivia), alcanzando altos grados de desplazamiento laboral, debido a la represión del narcotráfico, semejante a los desplazamientos ocasionados en el pasado decimonónico por la hecatombe cauchera. Este proceso de cocalización alcanzó incluso a las asociaciones religiosas y a las etnias indígenas, como la Asociación Evangélica de la “Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal” (AEMINPU), una secta de origen peruano, y a la etnia evangélica Tikuna, parienta de los tukanos brasileros, específicamente en una localidad denominada Caballococha, cuya salida aérea de la pasta básica refinada transcurre hacia Surinam, en las confluencias del Orinoco.
Las rutas del narco-tráfico en América Latina toman diferentes direcciones según cual fuere el destino final de la mercancía. La vieja ruta del narco-tráfico va de Colombia a Estados Unidos transportada por el cartel del Pacífico o Sinaloa, que utiliza narco-submarinos que bordean la costa marítima; y el cartel del Golfo, luego de los Zetas, cuya mercancía viene de Panamá; cruza por Costa Rica y Honduras donde el valor de la misma redondea los mil millones de dólares anuales; baja por los ríos La Pasión y Usumacinta en el Petén de Guatemala, donde su valor alcanza los dos mil millones de dólares anuales; y llega a México, donde duplica su valor a cuatro mil millones de dólares; y desde donde cruza la frontera norteamericana a un mercado de más de veinte millones de consumidores adictos a valores inverosímiles (Pérez Ventura).
Y las nuevas rutas de la cocaína –de acuerdo con Adriana Rossi, especialista en narcotráfico e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)– van desde Colombia y Perú, que son productores y también refinadores, pasando por Bolivia, Paraguay y Brasil, hacia la costa occidental de África, y de allí hacia Europa; y también por Argentina y Uruguay, desde donde pasa al África y de ahí hacia Europa y Asia (Rossi). Mientras México se encuentra demasiado cerca de los Estados Unidos y de su poder disuasorio, para Juan Federico, periodista de La Voz del Interior y autor del libro «Drogas, cocinas y fierros», Argentina y Paraguay se hallan próximas geográficamente a los países donde se cultiva y elabora la pasta base de cocaína (Perú-Bolivia). En particular, Argentina posee “…una industria química muy desarrollada; controles aduaneros y puertos marítimos y aéreos vulnerables; y periódicas crisis económicas, con su correlato de desempleo y deserción temprana de la educación formal, que deja un ejército de mano de obra barata –y desesperada– a disposición de los narcotraficantes” (Federico).
La ruta narco del sur está también condicionada por el trayecto de los ríos y la labor experta de los diferentes transportistas (narco-pilotos, narco-lancheros, pontoneros). En Madre de Dios, la ruta narco está en el trayecto que tiene su nacimiento en los intrincados valles del río Huallagas, en la cordillera central; y de los ríos Mántaro y Apurímac (afluentes del río Ucayali en la Cordillera Oriental), y desde cuyo epicentro prolongan su curso de agua hasta la región del Beni en la Amazonía boliviana. Entre Perú y Bolivia la ruta narco prolonga su puerta de salida con “narco-vuelos” para llegar a los espacios rioplatenses (Córdoba, Rosario, Buenos Aires), campas (Santa Cruz de la Sierra) y paraguayos, y desde ahí al Brasil, haciendo escalas y aterrizando en diversas estancias. Un estanciero puede lograr hasta veinte mil dólares por cada cargamento aterrizado exitosamente en su campo. Esta ruta en Perú ha sido declarada por Humala recientemente zona de exclusión aérea, con obligación de reportarse, donde vuelan narco-avionetas de matrícula boliviana procedentes de Beni y Santa Cruz, un verdadero puente aéreo o epidemia de narco-vuelos de hasta trece vuelos diarios, y donde un piloto cobra por vuelo entre diez y veinte mil dólares. El tráfico aéreo se da durante las mañanas, entre las seis y las once, y en cada vuelo se transportan hasta 350 kilos de cocaína (diciembre, 2014). En solo una zona del VRAE (Valle de los ríos Apurimac y Ene), con cálculos conservadores de siete vuelos al día, a trescientos kilos por viaje, los siete días a la semana, se exportan alrededor de sesenta toneladas mensuales.
Pero cuando prevalece la exclusión aérea decretada por el gobierno peruano los narcos usan la vía acuática y el trabajo de los narco-lancheros y pontoneros. Debido a un antecedente trágico en que murieron dos norteamericanos de una misión religiosa, según el parlamentario Carlos Tubino, vicealmirante retirado con experiencia en selva, Estados Unidos ejerce presión sobre el gobierno peruano para que no se efectúe ningún tipo de derribo de aeronaves. El medio fluvial es más peligroso y lento, pues se hace a través de pontones y chatas barcazas o chimbas, y para casos urgentes en motonaves fluviales, que cruzan y navegan en tiempo de lluvias ríos turbulentos como el Madre de Dios; y cursos de agua más mansos como el Beni, el Manurimi y el Manupare así como ríos brasileros, paraguayos y argentinos, en botes deslizadores de aluminio, impulsados por ventiladores de aire (carentes de quilla). Todo ello para poder exportar la pasta base y para importar los precursores químicos necesarios para procesarla, que alcanzan en cantidad el orden de las treinta mil toneladas anuales (Williams Farfán).
A diferencia de los carteles colombianos, los carteles mexicanos en el Perú (últimamente el de Sinaloa, que desplazó a los carteles de Tijuana y Juárez) gestionan la mercancía, llevan el control y encadenamiento comercial y verifican sólo la calidad del producto, quedando para las firmas locales peruanas y bolivianas las tareas de refinamiento, cuyos precursores químicos son importados desde Argentina por los mismos que exportan la pasta base (ácido muriático y sulfúrico, cloruro de sodio, hidróxido de calcio, efedrina, acetona y gasolina o kerosene). En el Valle del Huallaga, las huestes residuales de ex organizaciones subversivas, como Sendero Luminoso y el MRTAse dividieron las áreas de narco-cultivos. Amén de la tradicional producción de hoja de coca en los Yungas de La Paz (que poseen catorce alcaloides), en Bolivia los cultivos se han extendido al valle del Chapare (norte de Cochabamba), preferible por los narcos debido al más alto contenido de alcaloides (17 alcaloides), que consume menos precursores químicos. Pero en esta última región, la producción de la hoja de coca no sería para el consumo popular tradicional, pues el mayor tamaño de sus hojas no la habilitaría. Las campañas oficiales para promover cultivos alternativos a la hoja de coca (café, cacao, palmito, palma aceitera, arroz, algodón) fracasaron en Perú y Bolivia estrepitosamente, pues al ser el jornal de la coca mucho más alto desplazó la mano de obra distorsionando todo el mercado laboral rural (Luna Amancio, Niezen).
Como parte del control territorial inicial para establecer su actividad en una zona determinada los narcos llevan adelante lo que se llaman crímenes predatorios. Lo que está en disputa en la etapa predatoria es la conquista efectiva y monopólica de un territorio determinado. Este territorio suele ser “…una entidad física concreta, delimitada, específica y de dimensiones oscilantes. En ese territorio el crimen organizado se comportará políticamente, es decir estatalmente. Será territorial, monopólico, estable y coactivo” (Emmerich-Rubio). Las redes de los narco-carteles disputan ese liderazgo territorial en verdaderas narco-guerras, para la cual multiplican sus estrategias y logísticas con narco-pistas, arsenales con armamento de última generación, laboratorios de clorhidrato de cocaína, y estructuras de lavado de dinero, que ocultan la participación de dirigentes políticos, agentes de inteligencia, barrabravas, caciques indígenas, narco-jueces, narco-terratenientes, industriales farmacéuticos y de droguerías, burócratas sindicales y empresarios de fachada. Sin embargo, para algunos analistas, en esta ruta no existen carteles sino intrincadas redes de clanes familiares locales. El escritor y periodista Malcolm Beith confirmó que en México los clanes familiares más afamados fueron los de Arellano Félix, del cartel de Tijuana, en Baja California; y el de los Beltrán Leyva, del cartel de Culiacán, en Sinaloa. El sociólogo y especialista en narcotráfico Jaime Antezana reveló que en Bolivia existen una veintena de clanes peruanos en proceso de convertirse en cárteles, entre ellos los Tibenqui, los Flores Villar y los Huamán Tineo; y en la Chiquitanía boliviana, entre Corumbá y San Matías, frontera con Brasil, existe el clan de los Rosales Suárez, vinculados con los narcos paraguayos y brasileros y con estrechos lazos con la justicia camba (santacruceña), y que se caracterizan por usar narco-avionetas, forradas con papel carbónico para que no sean detectadas por los radares.
El cuartel general de los narco-carteles muda repetidamente su asiento físico entre diversos países vecinos según fuere el peso de sus respectivos aparatos represivos buscando siempre el lugar más seguro para desplegar su liderazgo. Todos estos países encuentran a sus fuerzas represivas (Sedronar en Argentina, Senad en Paraguay, Dirandro en Perú, DIRAN o Dirección de Antinarcóticos en Colombia, Direção Nacional Antinarcóticos en Brasil, División Antidrogas en México, y Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico o FELCN en Bolivia) profundamente divididas por mutuas y justificadas desconfianzas e intereses contrapuestos en materia de información(oficiales de enlace), inteligencia (padrones), contra-inteligencia, radarización, zonas de exclusión aérea, e incautaciones de cargas, aviones y lanchas. En esta amarga división nunca se ha observado un interés de la DEA norteamericana por intentar unificar la lucha anti-narcótico. Por este motivo, el fenómeno del narcotráfico, según Martin Jelsma, politólogo neerlandés especializado en políticas internacionales sobre drogas, no se puede comprender ni encarar desde una perspectiva exclusivamente nacional o local. Es necesario establecer entre ellas un vínculo –como se hizo en su momento con la Guerra del Opio en China– con las condiciones continentales e internacionales que permiten su supervivencia y expansión (Emmerich, Rubio).
En contraposición con los narco-carteles colombianos que tenían presencia en el norte argentino desde la década de 1990, para Álvaro Sierra Restrepo, periodista y conferencista colombiano en temas de drogas ilícitas, el cartel de Sinaloa inició una clara expansión geográfica en la producción de drogas y metanfetaminas a partir de la prohibición en México para importar efedrina (2007). La razón de que los carteles mexicanos busquen hacer negocios en sud-américa, centro-américa y el sudeste asiático (Hong Kong) obedece a una lógica de diversificación de posiciones y de minimización de riesgos, además de aprovechar la efedrina y la pseudo-efedrina de la industria farmacéutica argentina. Bajo esta lógica empresarial no sólo se ha establecido una incipiente base patrimonial y productiva del cartel de Sinaloa en el noroeste argentino sino que también hay atisbos de presencia de los Zetas en Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, en materia de lógica empresarial, a diferencia de las tesis revisionistas de José Luis Velasco (2005), el ex guerrillero salvadoreño y politólogo en Oxford Joaquín Villalobos (2010) sostiene que los narcotraficantes son «criminales y no empresarios» y entre ellos la competencia se resuelve “…a través de la violencia y no vía publicidad, calidad de los productos y juicios mercantiles” (Pereyra, 2012). No obstante la crítica de Villalobos, el Cartel de Sinaloa en México logró sobrevivir a la guerra contra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional, 2006-2012) y al apresamiento del Chapo Guzmán (2014) invirtiendo grandes sumas de dinero, en personal, armas y equipamiento satelital (Ravelo, 2010), y llevando parte de sus empresas a Guatemala, Hong-Kong, Bolivia y Argentina, “…donde gracias a distintas complicidades logró preservar tanto su dominio en México como la expansión de sus fronteras al sur, ya que el principal principio de sobrevivencia del narcotráfico en un país fronterizo con Estados Unidos es no presionar sobre el monopolio estadounidense” (Emmerich, Rubio).
Otro factor clave en esa expansión geográfica y cambios de ruta de los narco-carteles ha sido también para Hernán Blanco, funcionario argentino de la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) la restricción en la exportación de precursores químicos a países productores de la hoja de coca, como Bolivia, Perú o Colombia, que disparó las instalaciones de cocinas de cocaína en las urbes próximas a la industria química del Narcosur (como se conoce a los países del cono sur). Esta restricción exportadora se produjo a raíz de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988). Según Ricardo Soberón Garrido, jurista peruano fundador y ex-director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH),la vinculación entre precursores químicos y la elaboración de cocaína es tan estrecha que los productores y traficantes respondieron a la prohibición de importar mudando la elaboración a países más próximos al origen geográfico de la producción química. En consecuencia, los laboratorios de cocaína (conocidos como “cocinas”) proliferaron en Argentina entre 1992 y 2003 cuando las autoridades allanaron una docena de pequeños laboratorios, pero sólo el año siguiente de 2004 encontraron una veintena de narco-cocinas, incluyendo uno capaz de manufacturar 660 libras anuales, de acuerdo a datos del TransnationalInstitute (Guy Taylor, 2008).
Amén del deterioro ecológico y demográfico, el narcotráfico también ha degradado la sociedad, la política, la justicia y la seguridad, pues lo que se observa en dichas esferas es un acelerado ritmo de corrupción. En el entramado social rural ha generado prostitución, explotación infantil y una desarticulación de los procesos sociales y familiares de las comunidades (Plan de Manejo Ambiental del Perú). En materia política, mientras el sociólogo paraguayo José Carlos Rodríguez, Investigador del Centro de Documentación y Estudios (CDE), sostiene que la complicidad de políticos con el narcotráfico genera una fractura de estado porque las estructuras delictivas se estarían convirtiendo en un doble poder o un poder paralelo al oficial. Por otro lado, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez revela la íntima relación que retroalimenta la narco-política con el populismo y descubre secuelas en la indiferencia para con la independencia de la justicia y para con la libertad de pensamiento crítico. Y el escritor e investigador policial mexicano Julio Ceballos Alonso concluye que esta íntima relación lleva inexorablemente a una suerte de narco-populismo en el que están comprometidos tanto México como Colombia.
Estas incriminaciones se pueden corroborar analizando como financian sus campañas los partidos políticos populistas. Pero no solo corrompen las campañas electorales sino también las instituciones republicanas. En México, los nexos con los narcotraficantes han alcanzado a alcaldes (Chávez, Karrum Cervantes, Oseguera Solorio), gobernadores (Villanueva Madrid, Rodríguez Reyna), generales (Gutiérrez Rebollo), procuradores (Salvatti), y diputados (Martínez Pasalagua). En Brasil, las intercepciones de las conversaciones entre miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), que se encuentran detenidos en presidios paulistas y sus socios de afuera, revelan que los líderes de la organización delictiva contemplaron “entrar en la vida política” con candidatos a diputados no fichados como aliados de esa organización. Por otro lado, en Perú, el presidente Alán García antes de dejar el poder firmó narco-indultos beneficiando a numerosos condenados por “Tráfico Ilícito de Drogas” (TID), y luego en 2014 el Ministro del Interior Daniel Urresti denunció una lista de un centenar de candidatos políticos vinculados con el tráfico (identificados por la División de Operaciones Antidrogas o Dirandro). Como réplica, Alan García le ha contestado al presidente Ollanta Humala que “…no debe escabullirse de sus cobros a los ‘narco-aviones’” (Monzón K.).
En Bolivia, el general René Sanabria Oropeza era el jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) del Ministerio de Gobierno, pero al ser aprehendido en Panamá por agentes de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense) tuvo que acogerse al silencio ante la evidencia de las investigaciones y fue conducido a Miami. Y al narco-amauta Valentín Mejillones, el que entregó el bastón de mando a Evo Morales y que participó en los actos de ceremonia de Ollanta en el Perú, se le descubrió que en su domicilio funcionaba una fábrica de cristalización. En Paraguay, las intercepciones al celular del narco Carlos Antonio “Capilo” Caballero, a las que accedió el diario ABC Color, revelan mensajes de texto intercambiados con el abogado y hoy día diputado colorado Bernardo Villalba. “Capilo” Caballero es considerado el principal importador de cocaína de Bolivia (clan de los Rosales Suárez) y proveedor de droga a Jarvis Chimenes Pavão, célebre narcotraficante brasileño ligado al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, ambos del Brasil. A este diputado Villalba hay que agregar sus correligionarios los legisladores del Departamento San Pedro de Ycuamandiyú Freddy D’Ecclesiis Giménez (hermano del narco Raúl y con un tío y un primo condenados por narcotráfico) y Marcial Lezcano Paredes, defensor del narco Carlos Rubén Sánchez Garcete (detenido por la Secretaría Antidroga o Senad), extraditable al Brasil, diputado suplente por el Partido Colorado representando al Departamento de Amambay (frontera con Brasil), y estrechamente vinculados el ex edil de Capitán Bado Celso Vásquez (propietarios de campos donde aterrizan narco-avionetas procedentes de Bolivia), y a Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca” (Cabeza Blanca), principal narcotraficante Brasilero. Amambay es una localidad paraguaya que se asemeja cada vez más a Juárez o Tijuana pues mueve más de cien millones de dólares por mes en el narco.
En Colombia, cuando la campaña del presidente Ernesto Samper, en agosto de 1994, el candidato conservador Andrés Pastrana acusó al entonces presidente César Gaviria de ocultar la existencia de narco-casetes y finalmente los dio a conocer probando los contactos entre el cartel de Cali (Rodríguez Orejuela) y la campaña presidencial de Samper, en un célebre caso que se denominó “Proceso 8000”. La investigación del Congreso para determinar si el Presidente estaba enterado de las contribuciones concluyó en 1995 decidiendo que no había mérito para llamarlo a juicio.
En enero de 1996 el ministro de defensa Fernando Botero fue arrestado y pronto declaró que Samper “estaba enterado de las contribuciones financieras, pero una segunda investigación en el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que se practicó ese mismo año, llegó a la misma conclusión”. No obstante, la integridad del gobierno de Samper quedó irremediablemente manchada (J. O. Melo). Más recientemente, con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y superada la etapa de la narco-política, el proceso entró a conocerse como el de la «para-política» pues reveló la existencia “…de alianzas entre grupos de narcotraficantes, paramilitares y dirigentes políticos de diverso nivel: alcaldes locales, gobernadores regionales y congresistas” (Vargas Velásquez). Entre ellos, el primo del presidente y senador nacional Mario Uribe Escolar. En Honduras, para el ex ministro del Interior Víctor Meza, la mezcla entre narcotraficantes, funcionarios corruptos y políticos inescrupulosos está en el meollo de la llamada “narco-política”. De la misma forma que el tráfico de drogas produce y reproduce narcotraficantes, según Meza también genera narco-políticos (los llamados narco-diputados, narco-alcaldes), narco-empresarios, narco-pilotos, narco-banqueros, narco-policías y narco-jueces. Es lo que ya algunos llaman la “narcotización” del sistema político e institucional de un país, y de todo el espacio latinoamericano (Meza), el cual requiere para su eliminación una unidad de mando a escala continental.
Y en Argentina (la llamada ruta blanca de la cocaína), la complicidad del poder político con el narcotráfico ha crecido en la década kirchnerista en forma exponencial, a tal extremo que el ex titular de la Sedronar José Ramón Granero fue judicialmente procesado por tráfico de efedrina en conexión con funcionarios de la Presidencia, los hermanos Zacarías, y el caso del Tesorero del Partido Justicialista Héctor Capaccioli, encabezando la campaña política del Frente para la Victoria y recaudando contribuciones de manos de los laboratorios y de los importadores de efedrina, lo que hace pensar que nos hallamos frente a una nueva variante de narco-populismo, que se diferencia del de Colombia y México por estar más centralizado (ver Lucas Schaerer).
Los principales beneficiarios del narcotráfico en Argentina son según Adriana Rossi: en primer lugar, los agentes económicos, ya que “…en Argentina hay lavado de dinero, y ese dinero dinamiza algunos sectores, por ejemplo, el de la construcción, como sucede en el caso de la ciudad de Rosario donde hay mecanismos que facilitan el lavado debido a la introducción subrepticia de capitales”, que, evidentemente, movilizan el comercio y el sector de la construcción. Y en segundo lugar, son los agentes de las fuerzas del orden como la Policía, que “…están atravesados por el narcotráfico y amparan el negocio, y eventualmente participa del mismo, recibiendo las coimas del narcotráfico, además de las coimas de la trata de personas. Eso hace que haya hechos de violencia que la policía no frena, creando una situación de desestabilización muy grave» (Rossi).
En materia de procesamiento y elaboración de narcóticos, un estudio del Transnational Institute, del 2008, que investiga la insólita expansión del “paco” en Buenos Aires y Montevideo, advertía que: “…mientras antes el clorhidrato de cocaína, procedente principalmente de Bolivia, entraba en Argentina por la frontera noroeste para llegar a los puertos del Atlántico, donde era embarcado para su exportación, actualmente lo que ingresa por la frontera es la pasta básica que luego es procesada en laboratorios clandestinos ubicados en el país y convertida en cocaína” (Guy Taylor, 2008).Al producirse entonces el clorhidrato de cocaína en el Gran Buenos Aires se generan residuos que pasan a ser parte de la pasta base, el famoso “paco”. Según el informe “Centros de Procesamiento Ilícito de Estupefacientes en Argentina” de la Sedronar, las múltiples narco-cocinas detectadas en el país son utilizadas para el estiramiento o cristalización de estupefacientes y no para la producción de metanfetaminas o drogas sintéticas.
En la ciudad de Córdoba, en Argentina, las denuncias que recaen en la Justicia Federal indican que operan al menos “siete grandes cocinas de pasta base y clorhidrato de cocaína”, donde según Juan Federico, el periodista de La Voz del Interior (Córdoba), ya estaría operando el cartel mexicano de Sinaloa, una mafia con conexiones en el exterior y en Buenos Aires, donde la guerra se ha iniciado entre los grupos étnico-nacionales, peruanos y paraguayos. Los carteles en Argentina no tienen laboratorios propios, por lo que tercerizan la producción a laboratorios clandestinos o narco-cocinas que se quedan con el 20% de la producción, más el residuo conocido como “paco” (pasta base de cocaína). La producción de cocaína en estos laboratorios no podría hacerse si estuviera disponible en venta minorista determinados precursores como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, la efedrina y el éter o acetona que son necesarios para separar la cocaína de la pasta base.
En efecto, en Argentina, si bien no hay producción de narco-cultivos existe refinación de cocaína a partir de pasta base, y este procedimiento de fraccionamiento o estiramiento puede repetirse varias veces, según la calidad que se busque para el producto final. Por eso se están multiplicando las “cocinas” de droga, laboratorios artesanales para la producción local y el consumo interno. En esas cocinas la cocaína se produce a partir de pasta base, y también se “estira”, es decir, se prepara para el consumo aquella cocaína que llega en estado puro, mediante el agregado de anestésicos sintéticos (novocaína, xilocaína, manitol, cafeína, etc.). Sin embargo, en Rosario no hay grandes laboratorios: “Las cocinas artesanales se encuentran más en el Gran Buenos Aires o cerca de las fronteras”. Entrevistado por Deutsche Welle, Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia (Nueva York), y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, explicó que la estructura de las redes criminales que operan en Argentina se ha diversificado. «No es solo el narcotráfico. Se trata de franquicias de grupos criminales que se han asentado en Argentina, tanto grupos asiáticos, con base en Guandong, China, como grupos latinoamericanos con base patrimonial en México, así como otros de El Líbano, que operan con impunidad en Argentina y se dedican al narcotráfico y a la trata de personas, al tráfico de armas, al tráfico ilegal de explotación minera, al contrabando de flora y fauna y al establecimientos de bases patrimoniales comprando tierras, que son algunos de los 17 delitos económicos detectados.» (Buscaglia).
En el caso argentino, los nuevos fenómenos predatorios de guerra de bandas “suelen involucrar a barras bravas de los equipos locales de fútbol, personajes altamente visibles que actúan en los niveles gerenciales del crimen organizado, con fuertes apoyos institucionales a nivel nacional y oficial” (Emmerich-Rubio). Por tratarse del cruce de diversas conexiones internacionales y tener acceso a una amplia hidrovía fluvial, Rosario resulta un punto geográfico estratégico. La provincia de Santa Fe tiene una veintena de puertos privados y media docena públicos. “Aquí confluyen carreteras con conexiones internacionales a Bolivia y Paraguay; porque cuenta con varios puertos privados en la orilla del río Paraná, indispensables para exportar la droga al exterior”. La narco-guerra que se desarrolla en Rosario consiste en el enfrentamiento entre la banda de Los Monos contra la banda de Los Garompas, conflicto vinculado a la interna de las barras bravas de los clubes de fútbol locales, Newells y Rosario Central. (Emmerich, Rubio).
Por último, como corolario póstumo de esta saga criminal, una muestra de la lógica de horror y locura crecientemente imperante en gran parte de Latinoamérica, devenida en la práctica en una confederación de estados fallidos, de narco-estados y de una necro-política (Mbembe), con el descalabro de la solidaridad internacional en la tragedia telúrica haitiana (2010), con la reciente desaparición de medio centenar de estudiantes normalistas en Ayotzinapa (México, 2014), que reproduce en escala macabra el holocausto de Tlatelolco (1968), y con el crimen de estado del Fiscal Nisman en Argentina (2015), lo que viene a hipertrofiar la desnaturalización del estado moderno como monopolizador de la violencia legítima y su creciente sustitución por extraterritoriales máquinas de guerra, dolosamente enhebradas en red, que amenazan desatar una tercera guerra mundial (Guedillo Cruz).
– Por Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET
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