El día de hoy, viernes 4 de diciembre, la legisladora y defensora de los Derechos Humanos Norma Morandini publicó en el matutino La Nación una extraordinaria nota titulada “Una conciencia sin cláusulas”, donde puso de relieve el derecho de toda sociedad a estar convenientemente informada.
En ese sentido, la comunidad científica a través de sus miembros, tiene también el derecho de traer a colación el caso que se denunció administrativa y penalmente hace la friolera de una década (2005-2010), y que ningún órgano de la gran prensa quiso oportunamente publicar, pese a que desde entonces estuvo en las redes, y contaba con la verosimilitud de los testimonios aportados en el expediente abierto previamente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
En efecto, la denuncia penal de 2010, contra las autoridades de la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT), por el reparto de 1240 millones de dólares otorgados en calidad de préstamo (entre los años 2003 y 2010), por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que benefició a funcionarios del mismo organismo y a asiduos y notorios colaboradores de importantes medios de prensa, y que fue archivada por el Juez Federal Penal Marcelo Martínez de Giorgi.
Como resultado de ese engranaje de incentivos y ninguneos, la gran prensa consiguió a lo largo de diez años censurar la denuncia y a su denunciante, ocultar el pasado del Ministro incurriendo en encubrimiento del delito (cuyos detalles e intersticios están desde hace tiempo en internet y son muy fáciles de googlear), y han logrado mediante la pauta publicitaria de la industria transgénica y oleaginosa, que este Ministro gozara de muy buena prensa, al extremo de ser últimamente confirmado en sus funciones ministeriales aprovechando la presunta ingenuidad del nuevo gobierno de CAMBIEMOS. Con estos mecanismos, conocidos en las ciencias de la comunicación como “operaciones de prensa” y en el argot periodístico como chivos, la gran prensa habría estado incursa en delitos de acción pública que los fiscales deberían ahora denunciar de oficio (soborno, cohecho).
Como lo asevera Morandini en su apreciada nota, la información de orden público no es patrimonio exclusivo de los editores de la gran prensa, sino que debe extenderse a todos, incluidos los lectores y espectadores, quienes deben estar convenientemente informados y protegidos contra toda discriminación y deben contar con el consabido derecho a réplica.
En nuestro caso, la comunidad científica ha visto –entre perpleja y absorta– como un pequeño círculo de periodistas, vitaliciamente encaramados en los grandes medios de prensa, han elogiado hasta el hartazgo a un Ministro Kirchnerista perteneciente al ramo científico, alegando falsamente representar a la comunidad científica, sin que esta última haya sido jamás consultada al respecto.
Como el Ministro penalmente acusado es propietario de un conocido laboratorio, la comunidad científica tiene derecho a sospechar que tal Ministro es además vocero de los otros laboratorios que integran la industria transgénica y oleaginosa. Le cabe también a la comunidad científica sospechar que la pauta publicitaria de la industria transgénica está íntimamente vinculada con el apostolado apologético en beneficio del Ministro mencionado, y con la consiguiente confirmación del mismo en el nuevo gabinete nacional.
Sin lugar a dudas, por la gravedad del caso, estimo que esta causa amerita que los fiscales del estado tomen esta denuncia de oficio y procedan en consonancia, recabando el desarchivo de la denuncia, en razón de tratarse de un caso de cosa juzgada írrita.
– Por Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Museo Roca-CONICET
– Nota relacionada:
Carta al Presidente Electo a propósito de la selección de Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Técnica
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