El ex titular del organismo, Luciano Di Cesare, quedó al borde del juicio oral acusado de realizar una maniobra que terminó desviando $15 mil millones.
El fiscal federal Franco Picardi pidió que se eleve a jucio oral la causa en la que está imputado el ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Luciano Di Césare.
El ex funcionario kirchnerista está acusado de defraudación a la administración pública al desviar fondos desde el organismo hacia el Estado nacional a través de letras del Tesoro Nacional.
Según el requerimiento del fiscal, la maniobra se realizó entre los meses de diciembre de 2008 y 2012 por un monto que llegaría a los 15 mil millones de pesos.
El hecho que se investiga comenzó cuando el entonces secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, «invitó» -mediante un oficio (una nota)- a Di Césare a evaluar la posibilidad de suscribir letras del Tesoro con los fondos excedentes del PAMI.
En su escrito el fiscal Picardi indicó que esta maniobra «ha resultado perjudicial para el cumplimiento de los fines prestacionales y asistenciales del organismo», según Infoba.
Además destaca que se pudo hacer «durante el prolongado período de cinco años» por las «deficiencias en el registro de contabilidad del PAMI», la «laxitud de los controles internos» y la «imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos».
Según más de 70 elementos de prueba colectados durante la investigación, el desvío se produjo a partir de un presunto excedente de recursos del PAMI. Esos recursos se usaban para invertir en letras del Tesoro Nacional.
Este excedente se generaba a partir de «injustificadas demoras en los pagos a los proveedores, en la inversión y mantenimiento de las instalaciones, en la disminución de la calidad de los servicios prestados».
Entre las pruebas que acreditan esta operatoria, el fiscal cita informes de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.
Picardi también señala que se toleraban «situaciones de déficit prestacional, económico y financiero» para aumentar el excedente que luego se desviaba al Estado Nacional.
La Ley 19.032 por la que se creo el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados autoriza a colocar fondos en letras cuando se trata de excedentes, pero -según el razonamiento del fiscal- «no se explica el porqué del empleo de elevados montos en la inversión que hizo Di Césare a la luz del déficit situacional del instituto que en modo alguno habría permitido considerar que quedaban excedentes».
Hasta ahora las sumas de dinero que el fiscal pudo identificar que pasaron del PAMI al Estado nacional por el accionar de Di Césare son:
17/12/2008 al 23/12/2008: $ 880.000.000
23/12/2008 al 17/09/2009: $ 1.000.000.000
17/09/2009 al 26/10/2009: $ 1.630.000.000
26/10/2009 al 23/12/2009: $ 2.130.000.000
23/12/2009 al 23/04/2012: $ 2.830.000.000
23/04/2012 al 19/06/2012: $ 2.330.000.000
19/06/2012 al 10/09/2012: $ 1.630.000.000
10/09/2012 al 10/10/2012: $ 1.230.000.000
10/10/2012 al 10/11/2012: $ 820.000.000
10/11/2012 al 10/12/2012: $ 410.000.000
«Concretamente, se le imputa a Di Cesare el hecho de que abusándose de la calidad funcional que detentaba en el ejercicio del cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en tanto tenía la administración de bienes destinados a satisfacer los objetivos establecidos por la ley (n° 19.032), vinculados estos con la atención de la salud y el bienestar de las personas afiliadas a la institución, desvió fondos de sus arcas, y les dio un destino diferente al de sus fines propios», señala el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio.
Luego se agrega que «esta circunstancia ocasionó un perjuicio en las prestaciones asistenciales debidas»
Tras el requerimiento del fiscal, el juez federal Claudio Bonadio debe decidir si hace lugar y resuelve elevar la causa a juicio oral.
– iProfesional
Así fueron desviados los fondos del PAMI al Estado Nacional
¡Sinverguenzas!
He visto viejos de ochenta años llorando porque la clínica donde se hacían atender les cancelaba la fecha de la cirugía o la farmacia no les daba el medicamento que necesitaban, todo porque del PAMI no le transfería los fondos comprometidos aduciendo que carecían de recursos, mientras la plata que los jubilados aportaron por más de 30 años al sistema previsional la utilizaban para financiar la ineficiencia y la corrupción de un Estado mentiroso.
Esta es la parte más negra y dramática de la herencia que dejaron antes de irse.