Barañao como ministro de Macri pone en terapia intensiva a la ciencia argentina

La impugnación del químico Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Técnica -designado por el Presidente Macri- se funda en que había sido acusado de delitos de acción pública en perjuicio de la comunidad científica argentina durante su gestión al frente de la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (o ANPCYT), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECyT), en el período 2003-2007, denuncia injustamente archivada en 2010 por el Juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La indiferencia presidencial, que ignoró la denuncia de peculado, fue acompañada con elogios hacia Barañao como “gran científico”, sin haberse tomado recaudos acerca de su verdadera idoneidad intelectual (ver su polémica con el crítico cultural Eduardo Grüner acerca de las humanidades, que Barañao en su suerte de “cultura probeta” asociaba a los saberes teológicos). Sin embargo, la designación de otro intelectual como Alberto Manguel en la Biblioteca Nacional contradice esa indiferencia. Las secuelas de estos contradictorios nombramientos no tardarán en aflorar cuando aparezcan investigadores arrepentidos en el campo científico o cuando la comunidad tome plena conciencia del inmenso déficit intelectual y educativo que padece el país (mucho mayor y más grave que el déficit fiscal) y del daño irreparable que significó haber asignado cientos de millones de dólares (contraídos como préstamo externo) para satisfacer apetencias personales de investigadores voraces e insaciables, en lugar de volcarlos a la infraestructura científica (laboratorios, bibliotecas, editoriales, archivos, centros de documentación, observatorios, plataformas digitales, etc.).

Esta infraestructura cultural desde hace medio siglo (desde que con la Noche de los Bastones Largos en 1966 se intervino la UBA acabando con la década de oro de la cultura argentina del siglo XX) está en prolongada y creciente agonía, culminando hoy en terapia intensiva y esperando una cirugía mayor que diseñe un nuevo organigrama a la luz de los modernos estudios de ciencia y tecnología (Patrick E. Carroll, 2006). El organigrama actual se viene preservando inerte y congelado en el tiempo, no respondiendo a los objetivos de producir nuevos conocimientos, pues los organismos claves que custodian, producen y difunden el patrimonio cultural del país se encuentran fragmentados y abandonados en una telaraña burocrática tornada en una máquina de impedir. Mientras por ejemplo la Biblioteca Nacional se halla en la órbita del Ministerio de Educación; el Archivo General de la Nación, que custodia el patrimonio documental histórico, se ubica en la esfera del Ministerio del Interior; la editorial EUDEBA en la jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires; y el CONICET, que alberga la intelligentzia científica del país, se arrincona en el Ministerio de CyT, atosigado por la preeminencia material de la Agencia o ANPCYT.

Todo este caótico aquelarre institucional sobrevive en medio de una penuria instrumental y presupuestaria inenarrable, pues la Agencia no privilegió con sus subsidios las editoriales, las bibliotecas, los archivos, los museos, los observatorios astronómicos ni los yacimientos arqueológicos. Seguramente es el propio Manguel quien ha de dar testimonio de la profunda crisis en materia bibliotecaria y digital que padece el país. En realidad, bien valdría que fuere Manguel quien estuviese al frente del Ministro de CyT, y bajo su órbita recayeran la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el CONICET, EUDEBA, la Agencia y la CONEAU, cuyo renovado organigrama cultural sería algo ejemplar para toda la América Latina y el Mundo.

En el sentido de la malversación presupuestaria antes mencionada, Barañao fue acusado en 2005 ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) con convincentes pruebas y declaraciones de testigos (ver Listado I). Cuatro años después, en 2009, en absoluta soledad y sin la solidaridad de ningún partido político, a cuyos representantes en los bloques parlamentarios se les requirió infructuosamente apoyo. En virtud del fiasco producido por el dictamen del nuevo Fiscal General Guillermo Noailles, que forzadamente reemplazó a Manuel Garrido, el entonces Secretario Barañao fue denunciado penalmente ante el Juzgado Federal Penal No.8, a cargo del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría No.15 de la Dra. Verónica Lara, y Fiscalía No.12 a cargo del Dr. Oscar Amirante, bajo la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y tráfico de influencias.

Durante su gestión como Presidente del ANPCyT, el químico Barañao administró la suma de U$S 1.000 millones de dólares, repartidos en dos tramos sucesivos en el tiempo de U$S 500 millones cada uno (2002-2010), procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), supuestamente destinados a la infraestructura científica del país pero que se malversaron en proyectos personales de investigación científica, que fueron justificados por el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología o CECTE, dependiente de la SECyT, cuyos integrantes fueron a su vez subsidiados por la Agencia (ver Listado II). Para un mismo Proyecto, estos subsidios de seis dígitos multiplicaban los ingresos del investigador beneficiado pues se sumaban a los salarios del CONICET o de la Universidad. En este tratamiento privilegiado, al compararse los Informes Periódicos de los Investigadores subsidiados con los que no habían contado con esa prebenda, se descubre que en su remuneración se violó la regla de igual salario por igual trabajo, principio fundacional que inaugura derechos fundamentales como son las garantías de igualdad de trato y no discriminación.

Más grave aún, cuando dicha Agencia o ANPCYT estuvo presidida por Barañao (2003-2007), y dirigida por un Directorio y una docena de Mesas Coordinadoras (que a su vez cada una estaba integrada por tres Coordinadores y otros tantos Co-coordinadores) destinó gran parte de esos fondos a medio centenar de esos mismos Coordinadores que integraban su propio organigrama de poder (ver Listado III). Estos funcionarios de la Agencia cubrían su responsabilidad aduciendo que cada vez que en una Mesa Coordinadora se analizaban los méritos de un Proyecto de Investigación perteneciente a uno de sus miembros, este último se excusaba y pasaba a ser evaluado por un Co-coordinador (testimonio judicial del Director del FONCYT Carlos E. A. Cassanello). Pero una vez que ya había sido evaluado, el Coordinador volvía a la Mesa, y pasaba a evaluar los Proyectos de Investigación de los otros dos Coordinadores, en una suerte de Calesita de la Felicidad, simulacro fraudulento cuya ilicitud se confirma por cuanto ninguno de los Informes de los subsidiados fue objetado ni rechazado.

Pero la Agencia presidida por Barañao no solo dilapidó millones de dólares en subsidios a sus propios funcionarios cumpliendo con el adagio popular que “la caridad comienza por casa”, sino que también los despilfarró en una suerte de asociación ilícita a beneficio de funcionarios de la misma Secretaría de Ciencia y Técnica de la que dependía la Agencia, como ser tres miembros del Directorio del CONICET y casi un centenar de integrantes de las Comisiones Asesoras del mismo CONICET (ver Listado IV). El Directorio del CONICET es elegido mediante el Decreto 1661/96 -el cual simula una grotesca democracia interna- que fue redactado por el Secretario Juan Carlos del Bello, el que después desintegró la Universidad del Comahue en su propio beneficio.

También Barañao y sus acólitos malgastaron los subsidios destinándolos a funcionarios de otros ministerios ajenos a dicha Secretaría pero estrechamente ligados al área científica, tales como los Secretaríos de CyT de las Universidades Nacionales (ver Listado V). Asimismo los dilapidaron destinándolos a los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o CONEAU, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación. Esta última es la misma que distribuye incentivos o sobresueldos trimestrales en negro al millar y medio de docentes-investigadores de las Universidades Nacionales, categorizados en un escalafón de cinco niveles, estructura que se presta para que sean promovidos violando la autonomía universitaria y que vienen suscitando innumerables litigios administrativos y judiciales.

A todo ello, en el anacrónico organigrama de la ciencia, la cultura y la educación superior argentina debemos añadir que el Ministro Barañao y sus acólitos tienen entre los organismos respectivos habilitada como moneda de canje (que deforma el mérito y el reconocimiento académicos) no solo los subsidios del BID sino también la mecanismos de promoción o ascenso de los incentivados por la SPU y de los becarios e investigadores del CONICET, dictaminados por su Junta de Calificaciones. Esta Junta es un organismo carente de autonomía y cautiva del Directorio, la que habría tolerado que ingresen a Carrera de Investigador numerosos aspirantes mediante subterfugios temáticos y geográficos que premian radicaciones fraudulentas en regiones postergadas en materia tecnológica, como lo son las provincias de Misiones y Santiago del Estero. También se intercambian y manipulan otras sinecuras, tales como acreditaciones de maestrías, doctorados y planes de estudio otorgados por la CONEAU (dependiente de la SPU); y también avales, dirección de becarios, registro de patentes de invención, cambios de lugar de trabajo, y autorizaciones de asesorías y consultorías emitidos por el Directorio del CONICET. Como los beneficiarios de asesorías y consultorías son en el CONICET exceptuados de cumplir con la dedicación exclusiva, se ha sembrado en ese organismo un pesado ambiente de favoritismo y desigualdad (ver Listado VI).

Como muestra gráfica de estas perversas prácticas y sus negativos efectos colaterales se debe consignar que en materia de patentes de invención, el Directorio del CONICET, con asesoramiento de Barañao, omitió denunciar el fraude cometido con la semilla transgénica descubierta por su Investigador Néstor José Carrillo, del Instituto de Biología Molecular de Rosario (IBR), quien en 2001 patentó su descubrimiento en USA, lo malvendió en Londres por una suma irrisoria a una empresa de biotecnología de nacionalidad británica de nombre Plant Biosciences Limited o PBL TECHNOLOGY (Reg. No. 02896390), conocida como intermediaria para financiar proyectos, y más luego fue adquirido en una millonada de euros por la empresa alemana BASF, todo lo cual fue denunciado en 2010 ante el Juzgado Federal de la Dra. Servini de Cubría, con resultados desconocidos.

La denuncia penal de estas maniobras fraudulentas, diseñadas, armadas y disfrazadas por Barañao y sus acólitos, en desmedro de la infraestructura, el patrimonio y la comunidad científica del país, y que el Presidente Macri debe ignorar, pues lo ha confirmado y legitimado como Ministro de su propio gabinete, fue archivada por orden del Juez Martínez de Giorgi en 2010, y su apelación ante la Sala II de la Cámara Federal Penal (Irurzun, Cattani, Farah) fue desestimada a fines de 2011 (meses después que Cristina Kirchner se consagrara como Presidenta de la República) con elogios a Martínez de Giorgi -cuya esposa Ana María Juan es secretaria de la Sala I a la que pertenece el camarista sospechado de enriquecimiento ilícito Eduardo Freiler (Pagni, La Nación, 25/IV/2016). Cabe aclarar que el archivo de la denuncia por parte del Juez Martínez de Giorgi estuvo fundado en un único testimonio aportado bajo juramento y sin conocimiento del querellante por el Lic. Carlos E. A. Cassanello, Director del FONCYT (se desconoce su parentesco con el Juez Casanello), y por tanto miembro del mismo organismo penalmente imputado, hecho nuevo del que se tomó conciencia con posterioridad (ya vencidos los plazos para apelar ante la Corte Suprema) y que debería desatar una automática declaración de nulidad insanable, motivo por el cual se impone el inmediato desarchivo de esta causa.

Debe señalarse que desde que se inició la denuncia ante la Fiscalía hace más de una década, en 2005, la gran prensa omitió a sabiendas la difusión de la información judicial correspondiente, incurriendo al decir de la Senadora Norma Morandini en actos de censura de información pública susceptibles de ser procesados en sede judicial. Asimismo, los colaboradores de la gran prensa (cuando ésta se afanaba con el oficialismo por acaparar negocios mediáticos) se beneficiaron con los subsidios de la Agencia, entre ellos varios integrantes del Club Político Argentino (incluido su presidente) y un Premio Konex que integraba el citado CECTE (ver Listado VII). Para mayor escándalo, últimamente la gran prensa ha venido alimentando una ostensible apología en beneficio del Ministro Barañao, mecanismo conocido en la jerga periodística como “chivo”, aparentemente financiado por los laboratorios o la industria oleaginosa a los que está ligado ese Ministro. Pareciera ser entonces que la estrategia de los grandes medios para distraer la atención pública consiste en privilegiar las causas policiales y delictivas de la ex familia presidencial -mucho más sensacionalistas- en menoscabo de causas penales que impliquen a otros funcionarios públicos, aunque del punto de vista institucional cuenten con derivaciones económicas, históricas o culturales mucho más relevantes y graves para las futuras generaciones del país.

Debe apuntarse también que en el seno de los organismos de ciencia y de educación superior continúa prevaleciendo un clima de miedo, silencio y cansancio moral, y que ese aplastante clima, que atenta contra la irrenunciable creatividad y originalidad científicas, ha venido siendo alimentado por un mandarinato académico aceitado con los dineros que Barañao malversó del BID. Como muestra alcanza con el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, dirigido por el médico Martín Istúriz, un Investigador beneficiado con los subsidios de la Agencia y que pese a su edad fue raudamente ascendido a la máxima categoría del CONICET, y la persona del físico-historiador Diego Hurtado, de la UNSAM, que con apoyo de la Agencia publicó un libro en elogio de la ciencia vigente durante el Peronismo y el Kirchnerismo.

Asimismo, ese clima nocivo viene siendo perpetuado merced a una creciente endogamia docente, institucionalizada en las universidades nacionales (contratación de egresados en sus mismas universidades, listas de espera para medrar con los subsidios, votaciones del claustro de graduados reclutados en las internas mediante flotas de taxis y libradas al interesado accionar de los corporativos colegios profesionales), que insólitamente -en la última elección nacional- llamaron en todo el país a votar por uno de los candidatos presidenciales.

Finalmente, con este malsano clima de obscena impunidad y contubernio hasta el mismo Presidente Macri ha sido amedrentado por pseudo-movilizaciones de activistas científicos embelesados con paradigmas amortizados y obsoletos. El resultado de ese clima amenaza no cesar, y está derivando en un corrosivo derrame en todo el aparato del Estado y de la sociedad civil.

Listado I.- Testigos que colaboraron con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (2005)

Gargarella, Apólito, Boselli, Mendoza, Alexander, Virdis, Castro.

Listado II.- Comité de Ética en Ciencia y Tecnología o CECTE, dependiente de la SECyT

Kornblihtt, Parodi, Vainstok, González Cappa

Listado III.- Coordinadores de la Agencia subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Antón. Añón, Arzt, Astini, Balseiro, Batlle, Beaugé, Beccaria, Bucala,Cabada, Cánepa, Carelli, Cazzulo, Ceccatto, Cerda, Coira, Corach, Corti, Escande, Garcés, Gigolo, Gugliotta, Helbling, Jorrat, Lanusse, M. Frías, Mroginski, Parma, Paz, Poderoso, Politis, Quattrochio, R Sánchez, R. Rossi, Ravetta, Rubiolo, Salvarezza, Schalamuk, Vargas, Zanetti.

Listado IV.- Miembros de Comisiones Asesoras del CONICET subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Artabe, Bandoni, Belgorosky, Bellelli, Bischoff, Bocco, Boente, Bottasso, Burton, Capurro, Caputto, Castro Vázquez, Chulze, Cingolani, Colombo, Cuenya, Dante Martínez, Durantini, Elizalde, Farías, Fernández Niello, Franchi, G. Kaufman, Garda, Geffner, Girbal, Goldbaum, Hoyos de Rossi, Lazzari, Lecuona, Levstein, López Teijelo, Luján, Matheos, Mattiazzi, Mauas, Mottino, Mudry, Murer, Pedregosa, Perillo, Piegaia, Pirola, Podhajcer, Portianski, Previtali, R. Campos, Rapela, Ronco, Rossetti, Santa Cruz, Santos, Siñeriz,Sosa Escudero, Targovink, Tosselli, Uchitel, Ugalde, Walsoe de Reca.

Listado V.- Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Manzini.

Listado VI.- Asesorías Aprobadas por el Directorio del CONICET (1997/1999)

Aceñolaza, Aronson, R.Barañao, Campi, Cerda, Cuenya, Charreau, Garcés, Kornblihtt, Mallimaci, Neffa, Ronco, Rubiolo, Siñeriz, etc..

Listado VII.- Colaboradores de la gran prensa subsidiados por la Agencia (2002-2009)

Altamirano, Burucúa, Caimari, Di Stefano, Gerchunoff, Grimson, Hora, Naishtat, Novaro, Oszlak, Palacio, Palermo, Plotkin, Puiggrós, Rofman, L. A. Romero, Svampa, Torrado, etc.

– Por Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET-Museo Roca

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