Entre los verdugos que asolaron las calles argentinas durante los gobiernos peronistas del 70 y el ejército que prefirió la clandestinidad para el exterminio existen coincidencias todavía no reveladas. Represión en la Unsa y derrocamiento de Ragone
La intolerancia ideológica avanzó a los claustros universitarios hace 34 años. Durante la década del ´70 los divisionismos del peronismo se tradujeron en violentos enfrentamientos y los sectores ortodoxos aprovecharían la estructura del Estado para ejecutar la depuración en contra de quienes pugnaban por la revolución con la prédica de ideas socialistas o marxistas.
La reapertura de la investigación del asesinato de José Ignacio Rucci ha generado un interesante debate sobre el terrorismo de Estado practicado por los gobiernos peronistas de esa época.
Un pasado vergonzante impidió a los justicialistas retrotraer los cuestionamientos por crímenes de lesa humanidad a fechas anteriores al 24 de Marzo de 1.976.
El episodio ocurrido en la Universidad Nacional de Salta a dos semanas de que se produjera el derrocamiento del desaparecido Miguel Ragone, evidencia la participación de la fuerza policial federal. Muchos de los protagonistas que se mencionan en esta nota permanecen desaparecidos, o debieron exiliarse, luego de sufrir cesantías y persecuciones.
El 11 de Noviembre de 1.974 diez personas fueron detenidas y alojadas en la delegación de la Policía Federal. Luego de cinco días fueron blanqueados tras los reclamos públicos de sus familiares que contrastaban con las “versiones oficiales” a cargo del delegado local Roberto Federico Livy.
Los presos políticos eran el estudiante Marcelo Cristian Ahuerma, el ex intendente capitalino Héctor Gerardo Bavio, José Hadad, Fidel Victoriano Chauque, Carlos Oscar Aramayo, Marcelo José Ramos (JP), Humberto René Pastrana (JP), Carlos Guillermo Urrutia ( titular de la Regional 5 de la JP), Segundo Arturo Alvarez (Delegado Provincial de la UES y Director de Control Municipal), Ernesto Melitón Cortéz Tártalos (ex Secretario de Gobierno Municipal), Oscar Ignacio Gutierrez (JP), Víctor Manuel Santa Cruz Melgarejo y Luis Alberto Vuistaz (JP Embarcación).
Las detenciones carecían de orden judicial y se practicaban en la clandestinidad. La razzia se complementó con una explosión en la sede de la CGT Clasista y el FAS de Necochea y Alvear y tres bombas que fueron desactivadas en la Terminal de Ómnibus, AGAS y el Mercado Municipal. En pocos días los explosivos estallarían en la casa del ex juez Carlos Vázquez Iruzubieta.
Alrededor de las 21,30 una denuncia anónima informó sobre la existencia de explosivos en dependencias universitarias y la Policía Federal allanó y desalojó aulas. A esa hora la actividad era intensa por una convocatoria a asamblea para renovación de autoridades en uno de los centros estudiantiles y la realización de un festival de música boliviana en el anfiteatro. Se estima que en el lugar se encontraban alrededor de mil estudiantes.
Seis federales vistiendo ropa de civil y portando armas largas ordenaron la desocupación del anfiteatro invocando el peligro de explosión. Comenzaron a revisar dependencias encontrando literatura que calificaron de guerrillera. A las 22,45 se escuchó una detonación que provocó graves daños en el Aula 4 y dependencias anexas, derrumbando paredes, puertas, ventanas y mobiliario a la vez que produjo heridas a un policía. En ese lugar se reunían los dirigentes estudiantiles de izquierda y se especula que la bomba fue puesta por la “Triple A”. Es muy probable que la fuerza de seguridad conociera a los autores del hecho y que la explosión fuera un objetivo compartido por la Policía Federal, cuya cúpula integraba la banda de ultraderecha.
Alertado por uno de los alumnos se hizo presente el rector Néstor Holver Martínez Borelli, quien acompaño a los policías en su recorrido y presenció el secuestro de elementos considerados subversivos. Según informó la fuerza federal “…las paredes del edificio -sin excepción- se encontraban cubiertas de leyendas injuriosas contra las autoridades nacionales. También había una gran profusión de afiches de Lenín, Guevara, Mao Tse Tung y siglas de organizaciones subversivas. Todo ello demuestra que la Universidad estaba convertida en un foco de subversión con la complacencia y tolerancia de sus autoridades”. Esto determinó al jefe policial a detener al rector y trasladarlo a la delegación local. También retiraron tres placas de bronce colocadas en la Universidad en homenaje a los caídos en Trelew. Fue liberado el 14 al mediodía por falta de méritos, mientras las aulas y el gabinete de investigación continuaron cerrados por orden de los federales.
Esa semana unos militantes fueron arrestados en el interior de la sucursal salteña del Banco Español y Río de la Plata en momentos en que distribuían impresos de Montoneros. En contraste, Isabel Perón firmaba el Decreto 1.460 convocando a los oficiales retirados de la federal para reforzar convenientemente los servicios que a su criterio debían asegurar la tranquilidad y seguridad pública. Configuraba una de las excusas formales para el reingreso a las filas de la policía federal de represores que habían pasado a retiro cuando la gestión de Cámpora.
En pocos días el Ministro de Interior de la Nación, Alberto Rocamora, anticipaba la decisión del gobierno isabelino y declaraba que el Poder Ejecutivo no se encontraba conforme con el gobernador salteño y que hubiera sido conveniente que presentara su renuncia. El 20 “La Gaceta” tucumana daba por acreditada la infiltración ideológica en determinados niveles del Poder Ejecutivo Provincial que suscitaban preocupación en la Casa Rosada.
El sábado 23 de Noviembre mediante decreto 1.579/74 Isabel Perón resuelve intervenir la Provincia de Salta y designa en el cargo a José Alejandro Mosquera.
El decreto en su motivación expresaba: “Que ello es lógica consecuencia de la total desvinculación del gobierno provincial respecto de los básicos lineamientos nacionales, respaldados por la gran mayoría del pueblo, percibida claramente por toda la ciudadanía salteña… Que en virtud de dicha desvinculación, se observa manifiesta ineficacia represiva frente a la acción perturbadora de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley por lo cual la comunidad se siente abandonada e indefensa, padeciendo una alarmante situación de incertidumbre e inseguridad…Que en territorio provincial han existido actos gravemente conmocionantes de la vida sindical, que pudieron haber sido superados de mediar la debida intervención gubernativa ante las implicancias socioeconómicas y políticas de las mismas…Que, también, se han protagonizado enfrentamientos del PE Provincial con otros sectores populares, en absoluta discordancia con las pautas sustanciales con que se maneja el gobierno central, las cuales procuran el establecimiento perdurable de la paz, la concordancia y la justicia, elementos cardinales de esta etapa de reconstrucción y liberación nacional…Que la dimisión en pleno de los miembros de la Corte de Justicia de Salta, denota una advertible desarmonización en el Poder Judicial, por lo que los habitantes están desamparados en la garantía de ´administración de justicia´”.
Todas eran excusas considerando que no era responsabilidad del gobierno provincial reprimir a la subversión, que los actos conmocionantes obedecían a rencillas internas del peronismo y que las renuncias de los ministros de la Corte de Justicia –exigidas días antes por el interventor del PJ Oscar Valdéz a la totalidad de los funcionarios peronistas- carecían de efecto legal que permitiera sostener que no había servicio de justicia en la provincia.
En “La Nación” el senador nacional Juan Carlos Cornejo Linares –padre del ex gobernador Hernán Hipólito Cornejo– expresó que existían motivos suficientes para la intervención. Recién en mayo del año siguiente la decisión se discutiría en el Congreso Justicialista.
El mediterráneo Armando Segundo Undruet sería designado como Ministro de Gobierno, de Economía y de Bienestar Social. También lo nombrarían apoderado de la intervención partidaria. Al mediodía el Tte. Cnel. Miguel Raúl Gentil asumiría como Jefe de Policia evidenciando un acuerdo del gobierno nacional con las fuerzas armadas que ya decidían sobre las filas policiales. A fines de 2.004 Mosquera reconocería ante un magistrado federal salteño que la designación de Gentil había sido solicitada por el Ministro del Interior Alberto Rocamora y también por los militares.
Para esa fecha se sumarían a los encarcelados por hechos subversivos el ex Ministro de la Corte de Justicia Farat Sire Salim, los ex legisladores Hortensia Rodríguez de Porcel y Paulino Aramayo, Marcelo José Ramos (JP), Víctor Francisco Nadalich (JTP), Delfín Rodolfo Rocha, Carlos Adrián Nieto, el ex diputado PJ del bloque legislativo “Tercera Posición” Hugo Marcos Cejas y Miguel Abelardo Agüero -ex secretario general de la policía-, sindicados todos como activos militantes de la Tendencia Revolucionaria. La “Federal” también apresaría a Juan Javier Ovalle -empleado del FFCC Belgrano- y José Eduardo Porcel acusándolos de refugiar a Armando Jaime.
El 25 caía otro grupo al que se le adjudica planificar un atentado contra la vida del ministro de Educación Oscar Ivanissevich, el copamiento de la guarnición militar Salta y un ataque a la cárcel local para liberar a 
presos políticos. Eran detenidos Pablo Eliseo Outes en la ciudad de Salta y Carmen Berta Torres en General Güemes, los que fueron puestos a disposición del PEN.
Se informó que se les secuestró correspondencia, panfletos, revistas, armas y municiones. La policía difundió que tenían indicaciones precisas sobre los horarios y desplazamientos del ministro nacional en la Capital Federal y características del auto que usaba. Outes terminó fusilado en “Palomitas” y Carmen Berta Torres permanece desaparecida desde el 10 de Marzo de 1.976, un día antes del secuestro de Miguel Ragone.
Es evidente que entre los torpes verdugos que asolaron las calles argentinas durante los gobiernos peronistas del ´70 y el ejército que prefirió la clandestinidad para el exterminio existen coincidencias que todavía no fueron reveladas. Los estudiantes universitarios se decidieron a refrescarnos la memoria. La justicia, en cambio, sigue en deuda.
NdR: Esta nota contiene partes del libro inédito del autor, Carlos Humberto Saravia, denominado “Un pedazo del infierno”.
