La aprobación del proyecto opositor dejó en evidencia los errores de gestión del macrismo, que se dejó arrebatar la agenda pública y perdió sintonía con los gobernadores. El Presidente va a intentar convertir debilidad en fortaleza, reforzar su línea de gestión y planteará un posible veto a la ley.
El debate por el Impuesto a las Ganancias dejó algunas postales extrañas.
Una oposición que ahora critica el mismo impuesto al que, hasta hace un año, consideraba imprescindible para financiar los programas de asistencia social.
Un Gobierno que acusa de irresponsabilidad fiscal a quienes pretenden reformar un gravamen pese a que, en épocas de campaña, había prometido derogar.
En definitiva, una situación como para confirmar la vigencia cada vez más fuerte del Teorema de Baglini (a esta altura uno de los mayores aportes argentinos a la ciencia política).
El famoso «teorema» no es un trabajo teórico, sino una observación que en los años ’80 popularizara Raúl Baglini, entonces diputado por la Unión Cívica Radical. Eran tiempos difíciles para una democracia recién recuperada y que no podía ocultar su inestabilidad política y económica.
Ante la proliferación de propuestas sobre cómo arreglar los problemas del país, Baglini planteó que había una relación inversa entre la responsabilidad de un político y la distancia a la que se encontraba del poder.
Observó también que a medida que un partido o candidato empieza a tener más chances de ganar, su discurso empieza a suavizarse y las iniciativas «alocadas» van dando paso a iniciativas más «realistas».
Su teoría concluye que cuando alguien finalmente llega a ocupar el sillón de Rivadavia, son muy altas las posibilidades de que haga algo muy diferente a lo que había prometido.
La imagen de Axel Kicillof argumentando sobre la «injusticia» del Impuesto a las Ganancias (ese mismo tributo que representó en su gestión nada menos que el 24% del total de la recaudación), ha sido por demás elocuente.
Tanto como la del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien calificó al proyecto de ley como «oscuro» e impulsado por la «demagogia fiscal», lejos de los discursos proselitistas de 2015.
Victorias y derrotas sin correlato electoral
Por estas horas, los títulos periodísticos hacen unánime alusión a una derrota política del gobierno de Macri.
La paradoja es que -de transformarse en ley- beneficiará sobre todo a la clase media asalariada, que es donde el PRO tiene su gran base electoral. Al mismo tiempo, es un segmento en el que el peronismo -sobre todo en su versión kirchnerista- tiene escasa llegada.
Así las cosas, en vistas a las elecciones legislativas de 2017, podría darse la insólita situación de que Macri se viera beneficiado por una mejora en el humor de esos votantes del segmento medio que recibirían el alivio impositivo.
Una situación tan paradójica como la observada con las concesiones del Gobierno hacia los sindicatos y las organizaciones sociales, a un costo fiscal de $60.000 millones.
La crítica que el macrismo recibió desde sus propias filas fue, justamente, que el pacto con la CGT y la aprobación de la ley de Emergencia Social suponen un esfuerzo sin rédito político, ya que los beneficiarios de clase media-baja y los que se desempeñan en la economía informal tienden mayoritariamente a votar al peronismo.
Así las cosas, en términos electorales no está tan claro si esta derrota parlamentaria del macrismo en Ganancias tendrá un correlato directo en las urnas.
A primera vista, quien pareciera quedar en mejor situación es Sergio Massa. Mientras que el macrismo y el kirchnerismo se muestran con discursos exactamente opuestos al que mantenían hace un año, el tigrense puede argumentar que él sí se ha mantenido coherente en su rechazo a este gravamen.
Es de prever que el hecho de haber instalado el tema -e impulsado un proyecto alternativo al oficial- será un pilar en su campaña de cara a las legislativas del año próximo.
Hay, de todas formas, un eventual costo político en su estrategia, que es el de haber pactado con el kirchnerismo. Ese mismo sector del cual no sólo intentó despegarse sino al que acusó por corrupción.
El propio Massa es consciente de ese riesgo, por eso prefirió no estar en la foto de los diputados peronistas que anunciaron el proyecto de ley.
Más aun, se apresuró a aclarar que no hubo acuerdo alguno con el kirchnerismo, aunque esto no le evitó ser el blanco de las «chicanas» macristas.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, lo calificó como «la persona menos confiable del sistema político argentino». En tanto, el diputado Eduardo Amadeo aseguró: «Nunca imaginé que Kicillof iba a ser vocero de Massa».
De momento, quedan claras las estrategias de cara a lo que viene.
El Gobierno buscará «facturarle» a Massa su acercamiento al kirchnerismo, partiendo de la base de que el votante massista es, esencialmente, anti-K.
Mientras, el tigrense se erigirá como el artífice del alivio en Ganancias y mostrará un perfil «presidenciable», sustentado en su búsqueda de consensos políticos «para mejorar la vida de la gente».
El desafío de recuperarse
En lo que respecta a Macri, su desafío inmediato es el de asimilar el golpe y demostrar capacidad de recuperación.
O, como se dice en el ámbito corporativo al que son afines los dirigentes macristas, mostrar «resiliencia». Se trata un conjunto de atributos y habilidades innatas que le permiten a una persona afrontar situaciones adversas y, en muchos casos, hasta salir fortalecido.
Es esa habilidad que todo el sistema político le ha reconocido siempre a Cristina Kirchner quien, ante cada revés, siempre elegía la estrategia de redoblar la apuesta, generar eventos de alto impacto y reforzar su perfil.
Prueba de ello se observó en 2012, cuando transformó la inocultable crisis energética en una epopeya nacionalista, basada en la re-estatización de YPF.
A Macri no le resultará tan fácil emular a Cristina. Para empezar, porque no cuenta con mayoría parlamentaria propia, a diferencia de la ex mandataria. Sin embargo, ya ha dado una demostración de que pretende transformar esa debilidad en fortaleza política.
En su discurso del «día después» se mostró duro con la oposición y dejó en claro que, lejos de buscar un consenso en el gravamen, su apuesta es a reforzar más su perfil. Incluso, no ahorró críticas y dio nombres y apellidos.
«El jefe de Gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable de la ANSES, Diego Bossio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el Impuesto a las Ganancias, del que no se ocuparon por más de una década», señaló.
«Como si los argentinos no tuviésemos memoria. Como si no recordásemos que hemos batallado durante todo un año porque nos dejaron un país quebrado, con deudas por todos lados», sentenció.
Si bien no fue explícito, dio a entender que está dispuesto a vetar la ley si eventualmente el proyecto fuera aprobado en el Senado. Ya tiene un antecedente en este sentido.
Cuando a comienzos de año se votó la ley «antidespidos» -que imponía una doble indemnización por las cesantías laborales-, no sólo la vetó sino que transformó ese hecho en un acto de declaración de principios.
Rodeado por los trabajadores de la reconvertida avícola Cresta Roja, explicó que era una forma de cuidar el empleo, ya que el texto aprobado en el Congreso era un claro desincentivo a la contratación de personal por parte de los empresarios.
Más aun, trató de transmitir la imagen de un mandatario que no se dejaría amilanar por estar en minoría parlamentaria.
Con el tema Ganancias al «rojo vivo» se muestra con la misma tónica aunque, claro está, no es la misma situación. Resulta menos simpático mostrarse como custodio del equilibrio fiscal que del empleo.
Además, le implica un riesgo: una defensa del «impuesto al salario» lo acercaría más al discurso kirchnerista, que justificaba la existencia de este gravamen porque le permitía financiar los programas de asistencia social.
Ahora, las consecuencias de un veto son bastante más inciertas. En aquella instancia, apenas se generaron algunas declaraciones críticas de dirigentes sindicales pero sin que se llegara a una situación de conflicto.
En cambio, hoy en día -en medio del clima enrarecido de diciembre y tras un largo año recesivo-, puede aumentar la irritación e incrementar la probabilidad de paros y manifestaciones masivas en contra del Gobierno.
Una lección de management
Por este motivo, la postura mayoritaria en Cambiemos es la de procurar un acuerdo en el Senado para que de allí salga una iniciativa de ley sin la inconsistencias fiscales que el macrismo denuncia en el texto emanado de Diputados.
El diagnóstico oficial es que el proyecto opositor tendría un costo de $32.000 millones, que se suman a los $27.000 millones contemplados en un presupuesto que ya fue aprobado.
Un eventual acuerdo atenuaría ese costo sin tener que llegar al extremo conflictivo propio de un veto. Además, diluiría la sensación de «derrota política» que se instaló tras el pacto del arco opositor en Diputados.
Por lo pronto, intentar ese acuerdo en Senadores lleva a un cambio en la estrategia del Ejecutivo, ya que le implica rehacer la relación con los gobernadores provinciales, ahora dañada.
De hecho, si algo dejó en evidencia el fallido intento de reforma fue el diagnóstico de problemas en la gestión política. Hubo un mal manejo que no se condice con las visiones optimistas comunicadas desde el «retiro espiritual» de Chapadmalal.
Para comenzar, el oficialismo cometió el error de dilatar la propuesta sobre Ganancias en contra de sus propios socios de la coalición, que le aconsejaban presentarla junto con el tratamiento del Presupuesto.
Eso le dio el suficiente espacio a Massa como para «colar» su iniciativa y tomar el protagonismo.
Pero, sobre todo, el Ejecutivo mostró que había perdido aquella habilidad demostrada durante la ley para el acuerdo con los «fondos buitre».
En aquel entonces, obtuvo su mayor victoria. Gracias a un pacto con los gobernadores logró una holgada aprobación, incluyendo no sólo los votos de Massa sino también los de muchos adherentes al kirchnerismo.
La consigna, por ese entonces, era usar la «billetera» fiscal como gran argumento.
Esta vez, los cálculos esta vez le salieron mal. En el caso de Ganancias descansó en que, al ser coparticipable en un 50%, el apoyo de los mandatarios provinciales iba a estar asegurado.
Dio además por descontado que los $90.000 millones de costo fiscal que tuvo el acuerdo por la devolución de fondos a las provincias implicaría un sentimiento de fidelidad.
Pero subestimó otros problemas irresueltos:
– La demora en la ejecución de una obra pública (vital para la suerte electoral de los gobernadores).
– El enojo que causó en las provincias petroleras la intención oficial de rebajar el precio del barril para el mercado doméstico.
– La bronca del chubutense Mario Das Neves, hasta hace poco un aliado, a raíz de un decreto que quita los reembolsos a los puertos patagónicos (desde ahí se exportan u$s8.500 millones anuales por pesca, lana y productos agropecuarios).
Para el macrismo, estos son momentos de autocrítica y también de definiciones. En este sentido, una disyuntiva que tiene por delante es la de:
– Negociar con el peronismo, tal como sugieren Emilio Monzó y un grupo de dirigentes que cree que el macrismo no termina de consolidar su base de apoyo político
– Reforzar la apuesta por el estilo propio y confiar en que la opinión pública verá con buenos ojos un proyecto económico aperturista
En los próximos días aparecerán señales que irán mostrando qué alternativa elegirá y cómo asimilará cada funcionario el traspié.
Además, si el llamado «Gobierno de los CEOs» recuerda -ahora más que nunca- las virtudes de la «resiliencia».
– iProfesional
