El ministro de Seguridad y Justicia porteño Martín Ocampo se reunió con las autoridades de la Policía Metropolitana ultimando los detalles para garantizar la sesión que el lunes intentará aprobar la reforma previsional.
El ministro de Seguridad y Justicia porteño Martín Ocampo mantuvo este domingo un encuentro con las autoridades de la Policía Metropolitana para definir lo que será el operativo de seguridad en torno al Congreso de la Nación, para garantizar la sesión de Diputados en la que se tratará el proyecto de ley de reforma previsional.
Desde las 22, el tránsito está cortado en las inmediaciones al Congreso de la Nación en el marco del operativo.
El dispositivo de seguridad en torno al Congreso y sus alrededores, cuando se vuelva a debatir el lunes la reforma previsional, será responsabilidad de la Policía de la Ciudad que depende del Ministerio de Seguridad porteño, mientras que las fuerzas federales como la Gendarmería y la Prefectura, que estuvieron a cargo el jueves, sólo prestarán colaboración «de manera subsidiaria».
Ocampo dijo este domingo que se espera «una marcha tranquila» e instó a los manifestantes a «actuar con responsabilidad y en forma pacífica», luego de que el jueves pasado se registraran diversos incidentes en la zona, a raíz de la sesión por la reforma previsional que debió ser suspendida.
Mientras el gobierno nacional mantiene la expectativa de sesionar y aprobar mañana la reforma, la CGT amenazó este sábado con un paro general, y diversas organizaciones sindicales y de izquierda ya convocaron a movilizarse a la Plaza de los Dos Congresos. La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal Sindical, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie son algunos de los que mañana se manifestarán en contra del proyecto oficial.
Tras los incidentes desatados en los alrededores del Congreso el pasado jueves, que tuvieron como saldo 22 detenidos, 9 policías heridos y 15 autos destrozados, el Gobierno nacional tomó la decisión de trasladar la responsabilidad sobre la seguridad del Congreso de la Nación a las autoridades de la Ciudad.
El jueves, unos 900 gendarmes rodearon el Palacio Legislativo en un operativo que mereció críticas de la oposición e, incluso, del oficialismo. Desde temprano, diputados denunciaron dificultades para acceder al recinto y varios legisladores se vieron involucrados en incidentes de diversa gravedad, como Mayra Mendoza, Agustín Rossi y Marcos Cleri, quienes resultaron afectados por gas pimienta, y Victoria Donda, quien resultó lesionada en su tobillo.
Luego de que la sesión fuera levantada por su pedido, la diputada oficialista Elisa Carrió dijo ante la prensa que la abordó en un pasillo de la cámara que «No se necesitan tantos gendarmes» y «la ministra de Seguridad tiene que parar» porque «no hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno». Sin el visto bueno de Carrió, el gobierno nacional decidió correr a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich del operativo que mañana intentará garantizar el tratamiento en el recinto de la reforma previsional.
Sin embargo, más allá de haber sido desplazada, Bullrich recibió este domingo el respaldo del Jefe de Gabinete Marcos Peña, quien en en declaraciones radiales sostuvo que «es una gran ministra de seguridad».
Se le pidió a la Justicia garantizar la seguridad de los manifestantes
El legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el Gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes durante la jornada del lunes 18.
En la presentación solicitan que la administración de Horacio Rodríguez Larreta disponga de las medidas necesarias para «garantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas» de quienes mañana se congreguen en los alrededores del Congreso nacional.
Recalde sostuvo que «al intervenir la Policía de la ciudad en el operativo previsto para mañana, es el Gobierno porteño el que debe resguardar los derechos de los ciudadanos». Explicó que «hemos visto una brutal represión el jueves pasado, seguida de detenciones arbitrarias, y no queremos que eso se repita porque atenta contra el derecho que todos tenemos a manifestarnos y expresar nuestra opinión».
Catalano agregó por su parte que «muchos manifestantes resultaron heridos y hasta fueron reprimidos varios diputados de la oposición en un claro intento de amedrentar a trabajadores y trabajadoras, jubilados, estudiantes y a todos aquellos que sólo buscan que se escuche su voz en contra de este proyecto de reforma previsional».
Además los dirigentes solicitaron a la Justicia que los efectivos de las fuerzas de seguridad que intervengan en la vía pública estén debidamente identificados, así como los móviles en los que operen, como exige la ley.
En la presentación se solicita que la Justicia «disponga que el personal policial no lleve armas de fuego» y explica que «el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial, es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas». A su vez destaca que el mismo protocolo establece que «la posta de goma y el material químico anti tumulto solo deberá utilizada como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes». (Infobae)
