El Presidente debe definir si avanza con la medida sugerida por el economista. Representaría un ingreso «piso» de $250.000 millones en 2019.
Fueron 40 minutos de diálogo franco, intenso. Una charla entre dos amigos. En definitiva, eso son Mauricio Macri y Carlos Melconian. Ocurrió el último jueves al mediodía, cuando el precio del dólar escalaba a $40 en los bancos. Era la respuesta del «mercado» al anuncio presidencial sobre un inminente adelantamiento de los desembolsos del FMI. El Presidente quiso tener la opinión del «amigo» sobre lo que sucedía, y que él no terminaba de comprender.
La charla Macri-Melconian no fue una más de las tantas que compartieron desde que el economista dejó la presidencia del Banco Nación. Se produjo en la peor semana económica desde que Macri es Presidente. Y que dejó en estado de shock a todo el Gobierno.
En medio de la incertidumbre cambiaria y la escalada del tipo de cambio, Melconian insistió en el planteo que en otras oportunidades ya le había insinuado y que el propio economista planteó públicamente días atrás.
Concretamente, en el de una suba de 10 puntos en las retenciones. Y no solamente al campo sino a todas las exportaciones de la Argentina (agricultura, minería, industria).
En esos 40 minutos de dialogo, Melconian hizo algunas cuentas para que Macri comprendiera la relevancia de tomar esa iniciativa a la que el jefe de Estado siempre se opuso, pero que esta vez -tras la maxi devaluación- debía considerar.
Esa medida serviría para atemperar el ajuste fiscal sobre el resto de la economía, en momentos en que se exacerbó la ola devaluatoria. No sólo Melconian tiene esa idea, sino que es compartida por economistas que, como el ex presidente del Banco Nación, son insospechados de adherir a los postulados de la heterodoxia, como Juan Pablo Gerchunoff y Eduardo Levy Yeyati.
La propuesta de aplicar retenciones a las exportaciones reaparece, también, justo cuando el Gobierno está a punto de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, con el objetivo de adelantar los desembolsos que, originalmente, habían sido pautados entre 2019 y 2021.Esa necesidad apareció ante las serias dudas de Wall Street sobre las posibilidades reales de Argentina de poder honrar sus compromisos del próximo año. Según distintos cálculos de consultores de la City, nunca confirmados por el Palacio de Hacienda, todavía harían falta unos u$s15.000 millones para cubrir esos vencimientos.
Justamente, es el dinero que -como piso- Nicolás Dujovne se asegurará la próxima semana, cuando se encuentre con Christine Lagarde en Washington. Según estimaron en Hacienda, existen chances de que los desembolsos para 2019 ronden los u$s29.000 millones.
El ministro también negociará la posibilidad de que el Banco Central intervenga con un mayor poderío en el mercado financiero, en caso de que lo necesite. De los u$s7.500 millones enviados por el FMI a mediados de junio sólo quedan u$s1.500 millones para tal fin. Está claro que no alcanza para convencer al mercado de que se cuenta con un poder de fuego disuasorio ante la corrida cambiaria.
En principio, la idea consiste en disponer entre u$s5.000 y u$s7.000 millones adicionales para eventuales intervenciones.
El hecho no es menor: que el acuerdo con el FMI atara de pies y manos al Banco Central para poder vender divisas en el mercado le restó margen de maniobra. A sabiendas de esto, el «mercado» empujó la devaluación con volúmenes muy pequeños.
Está claro que la contraprestación de la Argentina ante ese adelantamiento y disposición de dinero extra será una aceleración en la baja del déficit fiscal primario ya comprometido para el año que viene. En lugar del rojo de 1,3% del PIB previsto en el acuerdo original, ahora se postularía un «déficit cero». O cuanto menos del 0,5% del PBI.
Por el salto del dólar y el mayor apretón fiscal, el Ejecutivo está obligado a realizar un ajuste de las cuentas públicas superior al previsto. La devaluación, sin ir más lejos, obligaría a un aumento de las tarifas de los servicios públicos muy superior al ya calculado. Y no habría espacio a incrementar los subsidios.
Es en este contexto que Melconian y Macri hablaron sobre los pro y los contra de elevar las retenciones a los sectores exportadores.Entre su círculo íntimo, el Presidente comenta que la imposición de derechos a las exportaciones choca contra su intención de que la Argentina ingrese cuanto antes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).La entrada a ese selecto club de 36 países desarrollados es una obsesión de Macri desde su asunción.
De hecho, tras el escándalo de los «cuadernos», planteó la necesidad de medidas anticorrupción, que forman parte de estándares obligatorios de esa entidad. La invitación de la OCDE a la Argentina se viene demorando por cuestiones burocráticas, y Macri no quiere que ese camino asfaltado se quiebre por una medida, como las retenciones, desaconsejada por los Estados miembro.
Menos diplomática que ésta, Macri también se resiste a las retenciones y afirma: «Si las subo, los gobernadores peronistas no van a querer ajustar. Se van a relajar y me van a dejar solo en el ajuste». Así le hace saber a sus colaboradores en las charlas mantenidas en la quinta presidencial.
Del otro lado de la moneda, el principal activo de esta medida redistributiva refiere a la cantidad de dinero que el Estado podría recaudar.Macri fue, históricamente, un enemigo de esa iniciativa que identificó al kirchnerismo. Pero ahora, cuando el recorte de las cuentas públicas apremia, podría flexibilizar su posición. Al menos eso es lo que suponen algunos miembros del Gabinete que avalan esa iniciativa.
Hoy por hoy, Dujovne es quien más defiende esa posición.
De acuerdo a los cálculos de distintas consultoras, si se aplicaran 10 puntos de retenciones sobre las exportaciones podría recaudarse el equivalente a u$s6.500 millones anuales.
A valores de hoy, unos $250.000 millones. Es decir, una buena parte del ajuste que se viene.Hasta antes de la devaluación, el «tijeretazo» previsto para llegar a un déficit primario de 1,3% debía rondar los $300.000 millones. Ahora, con un dólar a $38, tarifas dolarizadas y reducción del déficit a «cero», el esfuerzo debería ser sustancialmente mayor. Son las cuentas que están sacando en Olivos.
La negociación que se completará en los próximos días será con los gobernadores. Como ya se mencionó, el Presidente quiere que «hagan los deberes».
Los distritos del interior vienen cumpliendo con la necesidad de emprolijar el gasto público. Justamente, un reciente informe de Hacienda da cuenta del ordenamiento fiscal de las provincias.
«Pero ahora viene otra etapa y deben colaborar. Si no, nos incendiamos todos juntos. No nos conviene a ninguno, está claro«, señaló un vocero ministerial, el viernes por la noche.
La negociación con los gobernadores girará en torno del Presupuesto 2019 pero, en concreto, sobre los flujos de fondos que la Nación debería recortarles.
La última medida en ese sentido fue la eliminación del «fondo solidario de la soja», que se nutría de las retenciones (a la soja). El apremio por el dólar a $40 y la nueva negociación con el FMI obligará a nuevos recortes.
A última hora del viernes había otro sector apuntado por el Gobierno: el gasífero.
En Olivos se examinaba la posibilidad de bajarles el precio que se abona por el gas a las compañías productoras. Se efectuaría en los meses de verano cuando, por una cuestión estacional, suele haber una sobreoferta de producción.
Las variantes sobre la mesa eran múltiples.
Acaso la definición sobre las retenciones sea la más esperada, por su impacto económico y también por su efecto político.Lo que está claro es que el reloj avanza y, antes del lunes, a la hora que reabran los mercados, el Gobierno mostrará su nueva propuesta. Para el FMI y, sobre todo, para la sociedad.
– Por Claudio Zlotnik
– iProfesional
