Existen en la Universidad Argentina dirigentes que no están a la altura de las críticas circunstancias que azotan a nuestro país. Se supone que quien alcanza un cargo electivo en el cogobierno universitario debe defender los intereses de quienes representa. ¿Cuáles son dichos intereses y como deben defenderse?
Pues bien, surge a simple vista que la administración de los subsidios destinados a la ciencia y a la investigación repartidos por la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) deberían haber ocupado una de las máximas prioridades de los claustros universitarios y de los Consejos Directivos de las respectivas Facultades.
Sin embargo, nos encontramos ante la amarga realidad que dicha administración ha sido ignorada, y que los subsidios de la Agencia han sido objeto de una suerte de asalto a medianoche, con nocturnidad y alevosía. En efecto, de los 650 millones de pesos procedentes del BID, que son Deuda Externa, distribuidos entre 1997 y 2007, el portal electrónico de la Agencia indica que fueron asignados a unos seis millares (6.000) de Proyectos, insinuando que los subsidiados habrían sido otros tantos Investigadores. No obstante estos generosos cómputos oficiales, hemos podido estimar que aproximadamente un 20% de los mismos o 133 millones de pesos fueron a parar a las arcas individuales de un centenar y medio de funcionarios de la nomenclatura científica y universitaria (Coordinadores de la Agencia, integrantes de Comisiones Asesoras del CONICET, Directoriales de la CONEAU y del CONICET, Decanos, Consejeros, Jefes de Departamento, Secretarios de CyT de las Universidades, miembros del CECTE, etc.). Asimismo, entre esos 133 millones repartidos entre un centenar y medio de funcionarios, una doceava parte (11 millones) se habría alojado en los bolsillos de una treintena de los mismos, que tuvieron la oportunidad de repetir en dos y hasta tres oportunidades su participación en el botín.
Por otro lado, si nos atenemos a una proyección de las pautas seguidas para con los funcionarios subsidiados, de los 520 millones de pesos restantes, repetidos en dos y hasta tres oportunidades. Y los 477 millones, que en esta estimación quedarían remanentes, se habrían distribuido por una sola vez en apenas un par de miles de Investigadores subsidiados. Por lo tanto, de los seis mil (6.000) supuestos subsidiados que anima la estadística oficial exhibida en el Portal de la Agencia, la cifra real de los mismos por nosotros estimada habría disminuido a casi una tercera parte (2.330 Investigadores subsidiados), y por cierto su índice de concentración habría sido altísimo.
Cabe entonces preguntarse ¿Qué investigación y qué protesta de esta oligopolización de los subsidios de la Agencia han hecho los Consejeros representativos de los diferentes claustros en los distintos Consejos Directivos correspondientes a las Facultades de las Universidades Nacionales? ¿Qué control han ejercido los Consejos Directivos sobre las respectivas Secretarías de CyT de cada Facultad, y en especial en la emblemática Facultad de Exactas de la UBA?
Ignoramos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que unos cuantos de dichos Consejeros –cuyo verdadero número e identidad no ha sido posible aún establecer– también participaron del botín, no en una sino en varias oportunidades, sin haber existido escrúpulos por incompatibilidad alguna. Y la presunción que asalta en esta hermenéutica de la sospecha es que los Consejeros han buscado y buscan los cargos electivos para poder compartir este obsceno pillaje, a sabiendas que contaban y cuentan con absoluta impunidad, pues los Secretarios de CyT de las Facultades nada podrían o querrían hacer para controlar sus respectivas rendiciones de cuentas.
En conclusión, los cargos electivos en el cogobierno universitario han sido así objeto de un ostensible desfalco practicado en banda destinado a alimentar una suerte de Cadena de la Felicidad extendida a escala nacional.
– Eduardo R. Saguier
Notas relacionadas:
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