Pese a la existencia de leyes y normas que supuestamente garantizan en América Latina y el Caribe el libre acceso a la información pública, la cultura del clientelismo, el secretismo y la captura y re-configuración cooptada del estado la han venido socavando.
En el trabajo que sobre el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF) publicara el BID, www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1329037
se establecieron para determinadas áreas (justicia, salud, jubilaciones) ciertos pasos dirigidos a elaborar una política de acceso a la información sustentable a largo plazo. Si bien entre ellas no estaba contemplada el área científico-tecnológica, encontramos que esta última puede y debe ser tratada por analogía.
El primer paso para ello consistiría en contar con buenos diagnósticos del área. Esto significa determinar que tipo de información pública es la que deben poseer los organismos científicos públicos; de que manera debe ser divulgada esta información y con que frecuencia; que tipo de controles existen sobre la efectividad de la divulgación de la misma; y de que manera el acceso a la información puede transformarse en una herramienta útil para luchar contra la corrupción. Pero dichos diagnósticos se deberían extender entre otros factores al conocimiento de la voluntad política por parte de los gobiernos, el grado de conocimiento del público investigador sobre los diversos canales de acceso a la información; y el grado de capacidad técnica de las organizaciones de la sociedad civil que sirven de soporte en la implementación de las políticas públicas dirigidas a la investigación científica.
Por otro lado, en analogía con el trabajo de Margarita Flórez sobre transparencia de la administración de los Sistemas Judiciales en Colombia, podemos sostener que un sistema científico-tecnológico debería exigir como mínimo cuatro condiciones:
– 1.- la decisión de las autoridades del sistema científico de abrirse a la mirada ciudadana;
– 2.- el interés de la ciudadanía de escrutar las conductas y de involucrarse en el análisis de los asuntos científicos;
– 3.- la existencia de información adecuada para el conocimiento de los hechos y el diálogo entre las partes;
– y 4.- la creación de espacios públicos de encuentro entre agentes del sistema científico y la sociedad.
Y en la ponencia de Katya Salazar acerca de cómo en el Perú los regímenes de información ayudan a que el sistema judicial tenga un rol preponderante en la investigación y procesamiento de casos de corrupción, se pasó de una apatía y una tolerancia extrema hacia la corrupción estatal a una verdadera “cruzada nacional contra la corrupción, donde la ciudadanía así como las instituciones públicas y privadas empezaron a apoyar activamente la labor de los jueces y fiscales que formaban parte del sub-sistema anticorrupción”.
Más aún, en los movimientos de lucha contra la corrupción en el Perú, se ha extendido la focalización de los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al interior mismo de los sistemas de justicia del Poder Judicial. En ese sentido, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), como órgano disciplinario del Poder Judicial, en su propio Website cuenta con la posibilidad de presentar denuncias vía e-mail y telefónicamente además de poder darle seguimiento a las mismas.
Fuente
BID-Banco Interamericano de Desarrollo (2008): Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción. Informe de Actividades Preparatorias (División de Capacidad Institucional del Estado. Oficina de Integridad Institucional. División de Gerenciamiento de Fondos y Co-financiamiento)
www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1329037
– por Eduardo R. Saguier
