El director de Rentas de la Provincia, Diego Dorigato, fue denunciado ante el INADI por violencia y discriminación laboral. ATAP solicita que se lo obligue a reparar el daño moral y material ocasionado. Acusan a Urtubey de violar derechos humanos.
La denuncia fue presentada la semana pasada en la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a cargo de la doctora Verónica Spaventa.
La acusación contra el director general de Rentas de la Provincia de Salta, el contador público nacional Diego Luis Dorigato Manero se extiende también al auditor especial de Fiscalización Externa de la repartición, Carlos Ariel Zelaya.
Los denunciantes, Miguel Hugo Rojo (secretario general) y Sergio Martín Zamboni (secretario de Finanzas), integran la directiva de la Asociación de Trabajadores de la administración Pública Provincial y Municipal de Salta (ATAP).
Los sindicalistas señalan que Dorigato y Zelaya discriminan al empleado Mario Raúl Cisnero -afiliado a la ATAP- y le impiden realizar tareas en el interior de la provincia porque realizó un «elemental, racional y legítimo reclamo laboral» y que con ello menoscaban derechos y garantías constitucionales.
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Las peticiones de Cisnero
Mario Raúl Cisnero, inspector del subprograma auditoría fiscal, es también profesor. Pidió por nota el 10 de octubre del año pasado que al programar sus tareas en puestos de control en el interior se tenga en cuenta su trabajo docente, ya que puede desempeñar ambas actividades al amparo del artículo 62 de la Constitución de la Provincia.
Cisnero pidió en otra nota presentada a Dorigato el 13 de marzo de este año, el cómputo de horas compensatorias por trabajo en exceso 
en los Puestos de Control Fiscal en rutas del Interior de la Provincia, cumplido entre enero de 2.003 y febrero de 2.009 en tareas de fiscalización y control de mercaderías y documentación, en jornadas hábiles y feriados, en turnos de día y de noche, en condiciones normales y bajo inclemencias del tiempo.
Diez días después formuló una petición similar referida a ese mes de marzo de 2.009. Consignó el detalle de las horas trabajadas y el lugar de desempeño laboral.
Aunque la Constitución Nacional garantiza el derecho a peticionar, esas notas no le cayeron bien a las autoridades de Rentas, a estar por lo que dicen los sindicalistas.
Ellos denuncian que Carlos Ariel Zelaya auditor especial «C» de Fiscalización Externa de la Dirección General de Rentas le lanzó advertencias al trabajador a raíz de sus peticiones: «Esto va a traer consecuencias», le dijo. Y le aconsejó: “Si vos querés seguir viajando a los Puestos de Control, tenés que retirar la nota”.
Desde el 21 de marzo el inspector Cisnero no volvió a cumplir tareas de Comisión de Servicios en el interior. Así se perpetró en la práctica -explican al INADI Rojo y Zamboni– un caso concreto de violencia y discriminación laboral que afecta a la integridad psicológica del damnificado y lo perjudica -no sólo a él sino también a su grupo familiar- con la reducción de sus ingresos mensuales.
El secretario general de ATAP, Miguel Hugo Rojo concurrió al despacho del director de Rentas Diego Luis Dorigato Manero para pedirle explicaciones acerca de los motivos por los que el afiliado a la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública es sistemáticamente excluído de las comisiones de servicio asignadas al grupo «C» que integra.
El funcionario le respondió: «Preguntale a él; si él hace esos reclamos, entonces que no viaje”. Hace ya cuatro meses que el inspector Cisnero no viaja al interior.
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Piden reparar el daño moral y material
El 5 de junio ochenta inspectores realizaron una petición similar a la que efectuara Cisnero por horas trabajadas al margen de lo estatuido, incluso en feriados y horarios nocturnos. A ninguno se le quitó la comisión de servicio. Para los dirigentes de ATAP esta es una prueba más de la conducta discriminatoria de Dorigato y Zelaya contra Cisnero.
Diego Dorigato no respondió a un pedido de pronto despacho realizado el 3 de julio, en el que la directiva de ATAP deja constancia de «actitudes de amedrentamiento verbal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos».
En la denuncia por violencia y discriminación laboral se consignan de modo detallado los fundamentos de derecho y las pruebas (documentales y testimoniales), al tiempo que se solicita la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación en el caso, en función de su competencia como organismo de aplicación de la Ley 23.592.
Miguel Rojo y Sergio Zamboni piden que se obligue a los demandados a dejar sin efecto el acto de violencia laboral y discriminatorio y a reparar el daño moral y material ocasionados según lo establece la normativa en vigencia.
Los sindicalistas de ATAP destacan que el formular un reclamo laboral «elemental, racional y legítimo» es algo esencial dentro de un estado de derecho y propio de una democracia republicana. 
Ello constituye -subrayan- una diferencia sustancial con los gobiernos dictatoriales, donde rige el imperio de la prepotencia, la hegemonía, la arbitrariedad, la imposición, la inequidad e insensibilidad, así como la mendacidad. Y señalan como característica distintiva del actual gobierno provincial a la discriminación y la violación de derechos humanos, civiles y constitucionales, con actitudes que ya son típicas de la gestión encabezada por Juan Manuel Urtubey.
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Nota relacionada:
Rechazo y repudio a los abusos de autoridad del director de la DGR
http://www.salta21.com/spip.php?article2168
El director de Rentas acusado ante el Inadi por violencia laboral
La nota no da cuenta del conflicto que viene teniendo el sindicato con las autoridades de Rentas, relacionados no a los derechos laborales sino a las prácticas de corrupción y sobornos en las que buena parte del sindiclaismo local se hallan implicados. Prácticas frente a las que, en gestiones anteriores, jamás hicieron reclamo alguno sino que participaron del sistema de sobornos a cambio de controles ficticios.Siempre es más sencillo ensuciar el nombre de personas honestas y trabajadoras, como me consta que es Zelaya, que actuar con la imparcialidad que el casdo amerita.
Lucha y coraje contra ataque cobarde y ocultamiento
Es verdad que en general los sindicatos soy hoy antros de corrupción. Pero me consta que Miguel Rojo es una persona digna y honesta porque como periodista llevo años cubriendo su caso. Sé cómo vive y cómo luchó no sólo contra el gobierno de Urtubey -que lo llevó a la cárcel en una acción en la que golpearon a sus compañeros de ATAP Ibarra y Vargas que lo acompañaban en una huelga de hambre- sino también contra el de Romero y de Ulloa-. Esa lucha no ha terminado puesto que a pesar de un fallo favorable de la OIT no ha logrado aún el pleno reconocimiento de sus derechos laborales conculcados por varios gobiernos. Y sigue luchando por los trabajadores de la administración pública, a los que otros sindicatos -tal vez sobornados por el gobierno- desamparan. Es fácil lanzar acusaciones y descalificaciones desde el anonimato cobarde. ¿Quién se esconde tras el pseudónimo de Angel? Esa actitud parece más luciferina que angelical. En cambio Rojo y la dirigencia de ATAP han dado la cara y no les tembló el pulso para formular denuncias penales y no sólo públicas por el cúmulo de delitos cometidos en Rentas. Lo vienen haciendo desde hace años. Ningún caso prosperó, porque tenemos una justicia cómplice y encubridora de los funcionarios y gobernantes delincuentes. Si Zelaya y Dorigato son tan honestos y transparentes como presupongo que debieran serlo no entiendo porqué no han respondido al requerimiento de salta 21 para que aclaren esta situación y den respuesta a través de la prensa a los cuestionamientos que se les formulan en forma responsable y fundamentada.