75 mil personas en Argentina financian a Greenpeace, organización que afirma mantener el máximo de transparencia en su trabajo. Francisco Sotelo, el periodista firmante del Tribuno, está conminado a rectificarse.
Greenpaece calificó de “violentas acusaciones” las emitidas por el matutino local y de “mentiras groseras” sin pruebas que fueron publicadas ayer.
El tema del artículo versa sobre los bosques nativos. Se afirma en él que dicha organización persigue “intereses pecuniarios” y usa “métodos extorsivos” en la defensa de los bosques nativos.
Por tal otivo, Greenpece exige una retractación pública a su vez que reclama por otras imputaciones vertidas en ese diario como la que acusa a la organización de fraguar experimentos científicos con objetivos económicos y de tener dirigentes involucrados en proyectos de desarrollo inmobiliarios en la Selva de Yungas.
Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, es el firmante de la carta documento, quien pidió en primer término que se rectifiquen sobre lo expresado en relación a los “intereses pecuniarios” señalando que “Greenpeace no persigue ningún interés de esa naturaleza en su trabajo por la defensa del bosque salteño”.
Prieto aclaró que Emiliano Ezcurra, mencionado en el artículo como actual director, es una falsa versión ya que renunció el 31 de mayo del año 2008.
Otra versión que fue refutada es la difundida por El Tribuno, según la cual “en el transcurso de la investigación científica (realizada en el año 2002) sobre el radio de acción vital del Yaguareté se haya colocado una collar satelital a un ternero”.
Este seguimiento fue filmado además de ser difundido periodísticamente. Pablo Corro fue quien puso un collar satelital, en el marco del proyecto, a un yaguareté macho para realizar pruebas de emisiones del equipo de transmisor para luego colocar el collar a un ejemplar de yaguareté hembra, experiencia documentada bajo rigor científico.
Prieto en la carta solicita que se rectifiquen y desmientan lo señalado por el diario cuando afirma que la organización se valió de “métodos extorsivos”, lo que es como actitud, señala el director, “contraria a sus principios fundacionales”.
“No es la primera vez que El Tribuno , un diario dirigido por el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, realiza ataques fundados en hechos falsos contra la organización. Lo curioso es que, desconociendo mínimos y elementales principios de rigurosidad periodística, nunca fuimos consultados ni se nos ha permitido replicar muchas de las temerarias afirmaciones vertidas sin sustento periodístico alguno”, expresó Prieto.
Greenpeace manifestó que todo lo denunciado por esa organización fue confirmado por estudios de la Universidad Nacional de Salta, de la Administración de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; a su vez que recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y no Greenpeace) ordenó a Salta suspender todas las actividades forestales y desmontes hasta tanto se realice un ordenamiento territorial y un estudio de impacto ambiental acumulativo.
“Evidentemente, la idea de una organización independiente que no responde a intereses de ningún tipo es incomprensible para un diario que, claramente, representa a intereses sectoriales por sobre el interés colectivo y que sólo refleja editorialmente las opiniones de los sectores que representa”, agregó Prieto.
Por otra parte, la organización recordó que las denuncias sobre la irracional política de manejo forestal de la provincia que Greenpeace realizó durante años fueron confirmadas por estudios de la Universidad Nacional de Salta, de la Administración de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Entre otras cosas, en el artículo del diario, se menciona el decreto que define el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos por el que se protegen 5 millones de hectáreas para el desmonte lo que fue rechazado por los agropecuarios y por lo que Greenpeace publicó una solicitada: “parecen olvidar que se trata de una ley de protección de bosques y no de impulso a los desmontes, y por lo tanto la misma procura el desarrollo con bosques, no sin ellos” y destacaba “el desprecio que algunos miembros de ese sector tienen con otras formas de producción, como el manejo forestal responsable, la agricultura familiar, la ganadería de monte, o la caza, recolección y pesca que realizan las comunidades indígenas”.
La organización recordó que mientras se discutía la ley nacional de bosques en el parlamento en Salta se entregaron permisos para desmontar.
