Hace muchos años se denunció la infiltración de Astiz entre los exiliados argentinos en Francia, para contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
En esta página se publica por primera vez una foto del especialista en secuestros de la ESMA, suministrada por el historiador argentino radicado en París Gabriel Périés.
Recostado contra la pared, Gabriel Périés (padre) observa hacia su derecha, donde en el margen de la foto aparece Alfredo Astiz.
La foto principal de esta nota es la primera prueba documental de la infiltración del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada entre los círculos de exiliados argentinos en París. Fue tomada en 1978 durante una reunión preparatoria del Contracongreso internacional del Cáncer y quien aparece en el margen izquierdo es el ex oficial Alfredo Ignacio Astiz, quien fue identificado en la foto por dos sobrevivientes de aquel campo de concentración. La foto fue suministrada por el historiador Gabriel Périés, especializado en la influencia de la escuela de guerra contrarrevolucionaria francesa sobre los militares argentinos. Su padre, el biólogo homónimo, fue uno de los organizadores del Contracongreso con el que los exiliados argentinos intentaron contrarrestar la ofensiva publicitaria de la dictadura militar. Périés es el hombre de bigotes y anteojos, recostado contra la pared, que observa suspicaz en dirección al marino. Al mismo tiempo se realizaba en Buenos Aires un Congreso Internacional del Cáncer. Igual que el campeonato mundial de fútbol que se jugó en junio de ese año, era utilizado en un intento de blanqueo de la Junta Militar, para minimizar las denuncias que se realizaban fuera de la Argentina sobre las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Otro de los animadores de las tareas de denuncia en París era el joven jurista Rodolfo Matarollo.
El boicot al mundial
En su investigación “El exilio”, Marina Franco cuenta que el boicot al mundial de fútbol fue propuesto en octubre de 1977 por organizaciones de la izquierda francesa, que antes habían denunciado el colonialismo de su país en Africa. Crearon para ello un comité que preparó afiches, folletos, películas y discos que preguntaban si el campeonato se disputaría en los campos de concentración y comparaban el torneo con los juegos olímpicos de 1936 en la Alemania de Hitler. El equipo francés participó del campeonato, pero la cuestión de los detenidos-desaparecidos quedó instalada en la primera plana de todos los medios franceses, que hasta ese momento sólo se ocupaban de la represión en Chile. Los veintidós franceses detenidos-desaparecidos en la Argentina eran mencionados como “el otro equipo francés”. La tapa del diario Libération tuvo espacio para el caso de dos empleados del exclusivo hotel Meurice de París, que fueron despedidos por negarse a cargar las valijas de militares argentinos y la presión generalizada obligó al hotel a retomarlos.
La Iglesia Católica defendía la realización del campeonato y denunciaba a quienes lo impugnaban. El arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, objetó ante la Santa Sede y gobernantes y obispos de Italia, Francia y España “la campaña que los grupos subversivos marxistas llevan a cabo contra el país”, porque las organizaciones subversivas controlan todos los medios. “El único diario que respeta a la Argentina es L’Osservatore Romano”. El cardenal Raúl Primatesta acompañó a las autoridades militares a la inauguración de las obras en el estadio de Córdoba. El cardenal Juan Carlos Aramburu oró en la catedral para impetrar por el éxito del mundial de fútbol. El obispo José Miguel Medina dijo que el uso de los colores de la bandera en camisetas, gorros e insignias hacía “brillar por su ausencia los símbolos extraños de cierto rojo y de ciertas estrellas”. La Iglesia también puso a sus asociaciones de laicos a defender a la Junta Militar en el exterior. La Asociación de Escritoras y Publicistas Católicas escribió que la Argentina era víctima de una cruenta agresión y que la resistía con un esfuerzo heroico, con la menor distorsión posible de sus normas constitucionales y con “un sentimiento profundamente cristiano”. Era Europa, que sufría “el latigazo siniestro de la violencia”, la que debía implorar a Dios por la salvación del espíritu de Occidente, “antes de que sea demasiado tarde”.
El Congreso del Cáncer
Los principales impulsores extranjeros del boicot al Congreso científico organizado por la Unión internacional del Cáncer y el gobierno militar fueron el cancerólogo Leon Schwartzenberg, quien exhortó a sus colegas a no asistir si no eran liberados los médicos detenidos, y el premio Nobel de Medicina André Lwoff. Sostenían que la dictadura utilizaría esa tribuna “para su justificación y su publicidad”. El Congreso argentino duró diez días y el francés dos y su carácter fue ante todo simbólico. El 4 de octubre el dictador Jorge Videla lo inauguró en el Luna Park de Buenos Aires. Asistieron 8000 científicos, una mitad argentinos, la otra de 77 países. Su discurso se refirió a “la preservación de la vida humana” y la lucha “contra uno de los más crueles males que nos acecha”, términos muy similares a los usuales para justificar la represión.
El diario La Opinión, intervenido por los militares que secuestraron a su propietario, Jacobo Timerman, celebró “el rotundo fracaso que ha tenido la campaña de boicot contra este Congreso”, promovida “por grupos subversivos en el exterior” y publicó una declaración del almirante a cargo del ministerio de Bienestar Social contra “las mutilaciones y aberraciones que hacen con nuestro país, mostrándolo como una nación en la que no se puede vivir”. Dirigido por el general del Ejército José Teófilo Goyret, a quien asesoraba el dirigente radical Leopoldo Moreau, juzgó que el Congreso demostró “al exterior cuál es la realidad que se vive dentro de nuestras fronteras”. La revista Gente publicó una “Carta a un argentino que vive afuera” , instando a luchar para que se sepa la verdad sobre la Argentina. “La guerra sucia comienza a agonizar y revive en el exterior, con los slogans y mentiras con que la subversión pretende sabotear el proceso”. Para Clarín, tanto el campeonato de fútbol como el congreso de Cáncer fueron “objeto de una intensa campaña de desprestigio por grupos extremistas que actúan en Estados Unidos y Europa”.
A los asistentes se les sirvió un asado en la Sociedad Rural. Ocho médicos que asistían al Congreso acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en su ronda en torno de la pirámide de Mayo. Eran parte de un grupo de 35, integrantes de asociaciones científicas de los Estados Unidos que antes de viajar habían visitado la Embajada argentina en Washington para expresar sus preocupaciones por los detenidos desaparecidos. “Somos científicos comprometidos con la salud humana pero también con los derechos humanos. En la Argentina nos enteramos de la triste situación de personas que desaparecieron, de los que están en la cárcel sin juicio ni derecho de defensa”, dijeron en una declaración dirigida a Videla, que también incluía una lista de 100 científicos desaparecidos y 89 detenidos. Otros científicos enviaron un telegrama de felicitación de Videla, difundido con amplitud por la prensa adicta. La Nación fustigó en un editorial “la insensatez de una campaña tenaz sostenida por el sectarismo y financiada con el producto de la delincuencia más aleve y despreciable”. La campaña fue organizada “con artería” pero “ésta es una tierra de paz, donde la seguridad ha sido ganada y el nihilismo aventado”. También recriminó al gobierno francés que un ministro hubiera asistido al contracongreso. La revista Somos se jactó del “fracaso del boicot” y publicó entrevistas con varios científicos extranjeros. Un japonés dijo que “esperaba no poder moverme del hotel. Había leído y oído hablar sobre muertes en la calle a la luz del día. Fue bueno haber venido, porque ahora que conozco la Argentina no me habría gustado quedarme con una imagen tan distorsionada y falsa”.
El Centro Piloto
Un par de meses después de la muerte de Perón, el gobierno argentino pidió al francés autorización para que un agente de la SIDE se instalara en su embajada dado que París era “el centro nervioso de la guerrilla que afecta al país”. Después del golpe, la Armada tomó el relevo. Desde la Cancillería, que sucesivamente ocuparon los almirantes César Guzzetti y Antonio Montes inspiró el decreto 1871, de julio de 1977, que creó una dirección de prensa y difusión, de la que dependería un denominado “Centro Piloto” en París. En teoría su función era “disminuir la virulencia de la campaña contra nuestro país”, en particular en Europa Occidental, y aprovechar para ello los eventos deportivos y culturales destinados teóricamente a mejorar la difusión favorable al gobierno. Pero allí fueron destinados varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, que además de la tarea de propaganda coordinada con el embajador Tomás Anchorena se interesaron por la colonia de argentinos en el exilio. Además manejaban un generoso presupuesto al margen de la contabilidad oficial, lo que les permitía llevar a sus amantes a las tiendas caras de la rive gauche. Eso motivó un conflicto entre los marinos y la empleada de la embajada Elena Holmberg, quien viajó a Buenos Aires a denunciar lo que había visto y por ello fue secuestrada y asesinada, en diciembre de 1978.
En una declaración judicial poco antes de su muerte, el capitán de navío Jorge Perren sostuvo que fue enviado a París para colaborar con Anchorena y Holmberg con “un equipo no oficial para tareas de propaganda”. Usaba el nombre falso de Juan Martín Aranda y la personificación de un funcionario menor de la Cancillería y periodista. Holmberg tenía una amiga que colaboraba con ella, Silvia Agulla, cuyo hermano Horacio también fue asesinado en Buenos Aires, en agosto de 1978. Ambas mujeres simpatizaban con la línea del Ejército que conducía Videla. Perren agregó en su declaración judicial que lo secundaron también con identidad falsa los marinos Astiz, Antonio Pernías, Enrique Yon y el periodista Ariel Bufano. Pero además la tarea que emprendieron fue la detección de militantes y dirigentes populares, la infiltración entre los exiliados, con propósitos de eventual eliminación y el establecimiento de contactos para la carrera política que se proponía iniciar el almirante Massera luego de su pase a retiro. Con ellos colaboraban algunos prisioneros de la ESMA, persuadidos bajo tortura.
Astiz se había infiltrado entre los primeros organismos defensores de los derechos humanos en la Argentina y en diciembre de 1977 eso le permitió entregar a las monjas francesas y al núcleo fundacional de las Madres de Plaza de Mayo, que fueron torturadas en la ESMA y arrojadas al agua desde aviones navales. Sus cuerpos fueron devueltos por las aguas en la costa e identificados 28 años después. De allí marchó a París, donde intentó repetir la maniobra con los exiliados. Con el nombre de Alberto Escudero se presentó ante el CAIS, Comité Argentino de Información y Solidaridad,y participó en varias de sus reuniones. La noticia de que había militares argentinos infiltrados fue publicada por varios periódicos franceses en abril de 1978. Pero la fotografía tomada en octubre muestra que cuatro meses después Astiz seguía allí. Hay diversas versiones contradictorias sobre cómo fue identificado: por una ex prisionera a la que torturó, por una monja que estuvo en la Iglesia de la Santa Cruz el día de aquel secuestro, por una militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Los exiliados decidieron apresarlo. Unos querían arrojarlo al Sena, pero prevaleció la idea de entregarlo a las autoridades francesas. Tampoco hay certeza del motivo por el cual Astiz lo advirtió y pudo huir, si fue por su propio olfato o debido a una recomendación del gobierno francés. Consultada para esta nota una prisionera de entonces en la ESMA dijo que Astiz regresó al país y contó que había huido en tren hacia Alemania. La publicación de la foto podrá servir para recoger otros testimonios de quienes hace tres décadas fueron víctimas del grupo de tareas de la Armada. Périés sospecha que los dos hombres más próximos a Astiz también serían miembros del grupo de tareas.
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¿Al Servicio de quién?Ricardo Echegaray presentó su renuncia a la presidente CFK, quien no la aceptó. Ninguna posible lectura del operativo intimidatorio sobre la sede del Grupo Clarín lo deja bien parado: si lo ordenó cometió una torpeza, si sucedió sin su conocimiento, como dijo en su carta de excusas al editor Ricardo Kirschbaum, no controla el organismo.
El rechazo de su dimisión sugiere que el episodio no ha generado dudas sobre la lealtad del funcionario, que acompaña al matrimonio presidencial desde los tiempos de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, aunque sí acerca de su eficacia. Lo sucedido requiere una explicación que hasta ahora nadie tiene. La preocupación gubernativa es negar que la aparatosa inspección haya obedecido a una orden oficial, pero sin admitir que cualquier control impositivo pueda considerarse una agresión, como pretende el sector agropecuario, cuya dirigencia admitió que dos de cada diez contribuyentes evaden o eluden sus obligaciones tributarias.
Esta superposición de objetivos acusa una cierta dificultad para establecer prioridades.
En este caso lo fundamental es deslindar la responsabilidad por el desembarco en el multimedio de la calle Tacuarí.
Al gobierno también le interesa determinar el grado y las formas de penetración de intereses económicos y de inteligencia en el aparato del Estado. Si algo está fuera de discusión es que a nadie perjudica más lo sucedido que al gobierno.
El enrarecimiento del clima en torno del Grupo Clarín dificulta la sanción de la ley, porque todas las posiciones se tornan más rígidas.
Concluida la ronda de audiencias, el gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en los puntos del proyecto que concitaron más cuestionamientos, como la autoridad de aplicación o el acceso de las telefónicas al mercado de la televisión. Pero ahora teme que aun así la oposición se abroquele en forma irreductible.
En torno de Echegaray se afirma que el 3 de setiembre se elaboró el plan de inspecciones de grandes contribuyentes para el resto del año y que las empresas de medios recién figuraban para diciembre, una vez sancionada la nueva ley de servicios audiovisuales. El responsable del operativo fue el jefe de la regional sur metropolitana Andrés Vázquez, un personaje sobre el que ahora se fija la atención. Fue uno de los funcionarios que Echegaray apartó al asumir en la Aduana, junto con Carlos García Lorea, según recordó Martín Granovsky en 2005, cuando se descubrieron las valijas con cocaína que Southern Winds transportó hasta Madrid.
García Lorea hizo la carrera en el organismo fiscalizador vinculado con la SIDE. Fue subdirector de la Aduana cuando el director era el actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien hoy es el más estridente objetor del procedimiento en Clarín, luego de declarar que los diputados de su provincia no apoyarían la ley audiovisual.
Antes aún, García Lorea fue el investigador de la entonces DGI en el caso Konex-Salgado y asistió a una comida en la que se intentó extorsionar al empresario investigado para que arreglara su situación con el investigador. Con su presencia allí el extorsionador intentaba probar que no era un falso influyente. Desde su época de universitario, García Lorea estuvo muy próximo a Guillermo Yacobucci, un colaborador de la revista nacionalista católica Cabildo, en los años en que la publicación reclamaba a la dictadura extender la represión a cada vez más sectores de la sociedad.
Los operadores judiciales de la SIDE incidieron en la designación de Yacobucci como subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal. Desde hace meses está firmando la puesta en libertad de militares arrestados por crímenes de lesa humanidad. Echegaray separó a Vázquez de la Aduana pero no está claro cómo reapareció en la AFIP, convertido en un talibán que no espera órdenes porque cree que sabe interpretar deseos.
Si hay un lugar en el que el legado de la dictadura no se extingue es en la SIDE, cuyo hombre fuerte, Antonio Stiuso ya había querellado a los directivos de Clarín y La Nación, en otro flaco favor al gobierno de CFK, que igual que ahora, se enteró por los diarios.
El proyecto de ley de despenalización de calumnias e injurias que la presidente anunció en el homenaje a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos anulará esas querellas.
Pero la comunicación audiovisual no es lo único que reclama cambios que la hagan más democrática. El camino al desastre está pavimentado de las buenas intenciones de Servicios fuera de control.
– Por Horacio Verbitsky
Página 12 (13-09-09)
