Son el eslabón marginal de las grandes organizaciones criminales. Pero casi las únicas que van detenidas. Los narcos las eligen porque son más vulnerables. Unas 700 están presas en las cárceles federales. La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil.
– Por Mariana Carabajal- 29 de noviembre de 2009 – Página 12
Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de septiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.
“La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo”, advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi (ver aparte).
Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el “fallo Arriola” de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico “debe ser reorientada” al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. “Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima”, agregó.
El eslabón menor
Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando “hormiga”, como los “pasadores de frontera”, eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por “organización y financiamiento del tráfico” es decir, condenas contra “peces gordos” en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por “tenencia para consumo personal” colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente “fallo Arriola” de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad “distraen su atención” de la pesquisa de grandes cargamentos.
Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por “organización y financiamiento de tráfico”. En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: “Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización”, reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.
Rutas
La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. “A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías”, coincidieron varias fuentes consultadas.
Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.
“Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena”, coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. “En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo”, contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de “mulas”: “Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico”, señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.
La historia de Lidia
“No me alcanzaba ni el tiempo ni la plata”, dice Lidia, como justificando su decisión de arriesgarse a llevar en el estómago 28 cápsulas de cocaína y otro poco en la suela de sus botas hasta España. Tiene 30 años, el cabello oscuro, recién lavado y los ojos delineados. Anda con su beba de un año y medio en brazos.
Cuenta que para ingerir las cápsulas practicó tragando trozos de zanahorias de cinco centímetros de largo, como le propuso el muchacho dominicano que le ofreció convertirse en mula por 5000 dólares. Fue hace dos años. Pero nunca llegó a subir al avión: la apresaron al pasar por el control aduanero. Detectaron la droga en sus botas, la llevaron al Hospital de Ezeiza y allí le hicieron una placa radiográfica, que confirmó que también tenía cocaína dentro de su propio cuerpo. Los “proveedores” le prometieron que se harían cargo de sus hijos si algo salía mal. “Nunca más aparecieron”, cuenta ahora. Está detenida desde septiembre de 2007 en el Penal de Ezeiza. Su quinto hijo, la nena, lo parió estando presa. Lidia está alojada en la unidad para madres con hijos pequeños. Un juez le denegó la prisión domiciliaria –a pesar de que una ley le otorga ese derecho– porque la consideró una mala madre por haber ingerido las cápsulas estando embarazada de tres meses. El fallo está apelado. El magistrado no contempló su situación de vulnerabilidad. Lidia fue mamá por primera vez a los 15 años. Es jefa de familia. Sus otros hijos tienen hoy 13, 11, 9 y 6 años. Ahora casi no los ve: viven con los padres de Lidia en el partido de Moreno y por cuestiones de dinero no pueden ir a visitarla con frecuencia. “Mi mamá es ama de casa y mi papá trabaja en construcción. Nadie en mi familia nunca jamás estuvo detenido”, cuenta ella. Una vez que regresara al país, con el monto que le prometieron pagar por trasladar la droga a Madrid, Lidia pensaba renunciar al taller de costura de Castelar donde trabajaba 11 horas por día por 150 pesos por semana, para pasar más tiempo con sus hijos.
El tráfico serio queda impune
“Apuntar a perseguir penalmente a las mulas genera impunidad al contrabando y tráfico en serio y da la percepción social de que el castigo sólo alcanza a los eslabones más débiles de las organizaciones narco, lo que termina por hacer poco confiables las políticas criminales de los gobiernos y a las instituciones”, analizó la abogada Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico.
“Luego de los delitos contra la propiedad, la mayor tasa de presos corresponde a casos de infracción a la ley de drogas, pero los que son alcanzados son los más débiles, mujeres y hombres que no pertenecen a los estratos más altos de la organización ni son los que están a cargo de la logística, y menos del lavado o del tráfico de armas o autos, y sin embargo son castigados con penas que van hasta los 16 años de prisión. Padecen maltrato, sus vidas peligran, muchas veces mueren por órdenes de sus jefes luego del transporte, otras veces por prácticas perversas de algunos”, señaló Cuñarro.
El riesgo de ser mulas
Llevar cápsulas de cocaína en el estómago, en la vagina o el ano puede ser fatal. “No es frecuente que se abran, pero si ocurre, una sola cápsula pone seriamente en riesgo la vida de la persona. En cuestión de minutos u horas puede morir por una intoxicación aguda por cocaína. La presencia de la droga puede desencadenar infartos intestinales, cardíacos, crisis hipertensivas y la muerte”, explicó a Página/12 el médico Carlos Damin, jefe de la Unidad de Toxicología del Hospital Fernández. Cuando las fuerzas de seguridad descubren alguna “capsulera” o “vaginera” –como se las conoce en la jerga– las trasladan al Hospital de Ezeiza si fueron detectadas en el aeropuerto, o al Fernández, si la detención se produjo en la terminal de micros de Retiro, adonde suelen llegar desde provincias del norte. Allí las hacen defecarlas, si las cápsulas están en el estómago. Pueden estar hasta cuatro días para expulsarlas. Algunas veces, las mulas llegan a un hospital por su cuenta por temor a que alguna cápsula se les haya abierto.
–¿En esos casos tienen la obligación de denunciarlas? –le preguntó este diario a Demin.
–Hay dos posiciones al respecto. Como médico, tengo la obligación de denunciar la situación porque es un delito. Será el juez quien evalúe si debe o no juzgarla, por la necesidad que tuvo de concurrir al médico. Claro que genera un dilema ético, porque los médicos no estudiamos para denunciar personas que cometen delitos, y en este caso es en ocasión de una consulta en que uno se entera de ese delito. De cualquier manera, el profesional puede ampararse en el secreto profesional, si esto no perjudica a terceros directamente, y no hacer esa denuncia.
“Rever la ley”
UNA EXPERTA EN GEOPOLITICA NARCO
“Las reclutan porque son cumplidoras, fácilmente chantajeables si tienen hijos, si hay problemas no reaccionan violentamente y son consideradas descartables por una mentalidad machista que impera en las estructuras narco”, explica Adriana Rossi por qué eligen a mujeres como mulas.
Rossi es doctora en Filosofía, experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Lleva año estudiando el tema. Está convencida de la necesidad de una reforma legal, que atenúe las penas “para los perejiles” como las jóvenes que saturan las cárceles federales acusadas de contrabandear o transportar pequeñas cantidades de droga en su propio cuerpo o en valijas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, dice.
“Si se quiere luchar contra el narcotráfico hay que enfocar la política de otra forma”, enfatiza, en una entrevista con Página/12.
Rossi vive en Rosario. Es integrante del Comité Científico de Freedom, Legality and Rights in Europe (Flare), colaboradora del Transnational Institute de Amsterdam y ex secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (Relard).
–¿Cuál es el rol de la mula dentro del narcotráfico?
–Las mulas cumplen con el rol del tráfico hormiga, que se ha acentuado en los últimos tiempos y que abastece a bandas de menor envergadura. De alguna forma responde a la atomización de las redes narcotraficantes. Si bien siguen existiendo las grandes organizaciones (los carteles mexicanos son un ejemplo) el narcotráfico ha evolucionado y se ha estructurado en redes de las que participan grupos medianos y pequeños. Esto hace que al lado del gran tráfico con los grandes cargamentos de droga, se haya organizado el minitráfico, que reporta por supuesto ganancias menores, pero también riesgos menores. La pérdida ocasionada por el descubrimiento de una mula es reducida respecto del descubrimiento del gran cargamento y de alguna forma impide reconstruir la red de la que la mula es parte ya que su estructura funciona al estilo de las células clandestinas. La mula, una vez descubierta, puede ser fácilmente reemplazable y no afecta en lo absoluto a la estructura narco. Muchas veces las mulas son denunciadas por los mismos narcotraficantes. A través de la denuncia se capta la atención de las fuerzas de seguridad, que se concentran en localizar a la mula. Esto permite a los narcos hacer pasar cargamentos de mayor entidad en las áreas que las fuerzas dejan temporalmente sin control, con la ayuda por supuestos de cómplices.
–¿Cuál es su perfil?
–En su mayoría de estratos sociales bajos con grande necesidades básicas insatisfechas. Esto no significa que no haya gente de otros sectores sociales, ya que en los últimos tiempos el involucramiento en la cadena narcotraficante se da a partir no solamente de situaciones económicas deficitarias, sino por factores culturales determinados por una anomia social donde los valores se desdibujan y donde prima el “tener” sobre el “ser” o donde el “ser” depende del “tener”. Muchas son mujeres y dependiendo de la nacionalidad son analfabetas o casi analfabetas que provienen de Venezuela, Bolivia y, Ecuador, entre otros países.
–¿Cómo son reclutadas?
–En el caso de mujeres, son conocidos, vecinos, personas que se ganan su confianza y que les prospectan la posibilidad de ganar algún dinero extra, amigos, amantes. En la mayoría de los casos ponen a la candidata a mula en contacto con la persona que le organiza el viaje. En caso de mujeres analfabetas, muchas de ellas son engañadas y transportan drogas sin saberlo. Las mujeres son parte importante de la cadena narco. Desempeñan roles de secundaria importancia. Sólo se conocen dos o tres mujeres que han llegado a ocupar posiciones altas. La última es la Reina del Sur, una mexicana que se dedicó a contrabandear drogas en el Mediterráneo. Los narcos las contratan porque son cumplidoras, son fácilmente chantajeables si es que tienen hijos, si hay problemas no reaccionan violentamente y son consideradas descartables (son denunciadas por los narcos en función de acuerdos entre policías y narcos para que la policía pueda llenar las estadísticas y mostrar que lucha contra el narcotráfico), por una mentalidad machista que impera en las estructuras narco.
–¿Considera adecuada la pena que hoy les cabe de acuerdo con la ley vigente?
–La ley hay que reverla. Estos son peces pequeños, son perejiles y las cáceles están llenas justamente de ellos, mientras el negocio sigue floreciendo. Si se quiere luchar contra el narcotráfico hay que enfocar la política de otra forma. Hace años lancé la idea de una reducción de daños ampliada a los eslabones débiles del narcotráfico. En la cadena productivo-comercial hay una serie de actores que participan de forma diferenciada. Diferencia en el tipo de involucramiento, en el tipo de motivaciones (desde las necesidades hasta la ganas de lucro), en el poder decisional y en las ganancias, entre otras. Me parece que habría que desarrollar estudios para determinar estos factores y ver en realidad qué es narcotráfico y evitar que sea un término que finalmente se aplica a sectores “indeseables” en una criminalización de la pobreza.
–¿La Justicia persigue con más fuerza a las mulas que a los grandes narcotraficantes?
–Está a la vista. En las cárceles están los expendedores, los adictos, los trafi-adictos, los minoristas, las mulas, mientras los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo.
