El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha hecho una profunda reforma a su marco anticorrupción para asegurar que las denuncias sobre irregularidades en las actividades financiadas por el Banco sean investigadas y sancionadas con la máxima rapidez. Asimismo brindará mayor protección a los denunciantes y fortalecerá el apoyo a los países en su lucha contra la corrupción.
Las nuevas medidas —que se basan en una revisión del marco para combatir la corrupción creado en el 2001—, han sido aprobadas por el Directorio Ejecutivo del BID. Algunas de estas medidas ya han entrado en vigor, mientras que otras disposiciones se pondrán en práctica lo largo del 2010. Además, el BID está explorando formas de coordinar con otras instituciones multilaterales de desarrollo sus sanciones contra prácticas prohibidas.
«En los últimos años, en el BID hemos venido fortaleciendo nuestros esfuerzos para impedir las prácticas prohibidas al interior de nuestros propios programas, mediante la investigación y sanción de más casos de fraude o corrupción”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. “También estamos velando porque nuestro personal siga cumpliendo las normas de ética más estrictas. Con estas nuevas medidas, estamos llevando nuestra batalla contra la corrupción a un nivel aún más alto».
«También vamos a trabajar más estrechamente con los países para ayudarles a luchar contra la corrupción con mayor eficacia», agregó Moreno. «La corrupción debilita las instituciones democráticas y desalienta la inversión y la creación de empleo. En última instancia, afecta más duramente a los pobres y a todos aquellos que no tienen acceso a recursos legales adecuados».
Recomendaciones externas
El marco anticorrupción del BID fue revisado por un grupo externo encabezado por Richard Thornburgh, ex fiscal general de los Estados Unidos y ex gobernador de Pensilvania. El informe, presentado a finales del 2008, incluía varias recomendaciones para reforzar los procesos de investigación y las sanciones, así como medidas para brindar mayor apoyo a los países miembros para combatir las prácticas corruptas.
Las recomendaciones incorporadas a las políticas del BID:
La protección de los denunciantes se amplía para incluir a terceros. El Banco podrá notificar a las autoridades nacionales cuando recibe denuncias de represalias de o contra terceros y que involucren a los programas del Banco. También se reafirmó la política de proteger de represalias al personal — incluyendo la reasignación, de ser necesario.
La Oficina de Integridad Institucional (OII), que investiga denuncias de corrupción y era una unidad dentro de la presidencia, ha sido elevada a la categoría de oficina de asesoramiento independiente, dentro del organigrama del Banco.
Para aumentar los recursos disponibles en el proceso de sanciones, el Banco ha aprobado la creación de un nuevo puesto de Oficial de Casos. Estos oficiales revisan los resultados de las investigaciones de la OII y tienen autoridad para sancionar a los involucrados en prácticas prohibidas, incluyendo la suspensión de la participación en programas financiados por el Banco.
Las recomendaciones de los oficiales de casos pueden ser apeladas ante el nuevo Comité de Sanciones, que por primera vez incluirá a cuatro miembros externos así como a tres funcionarios del Banco. Los siete integrantes del comité serán nombrados por el presidente del BID. Los casos individuales serán juzgados por un panel de tres miembros designados por el presidente del Comité de Sanciones, que también tendrá jurisdicción sobre la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la institución afiliada del BID que apoya a la pequeña y mediana empresa.
El Comité de Sanciones juzgará casos, función que antes competía al Comité Supervisor de Fraude y Corrupción, integrado por altos directivos del Banco. Dicho comité supervisor se ha convertido en un Comité de Política contra la Corrupción, que se centrará en el desarrollo de políticas y la supervisión de las iniciativas del Banco contra la corrupción.
Plan de acción para apoyar a los países
Además de las reformas al marco anticorrupción, el BID ha aprobado un nuevo marco que contiene medidas para fortalecer la capacidad del Banco para identificar las vulnerabilidades y apoyar los esfuerzos de los países para fomentar la transparencia y prevenir y controlar la corrupción. El plan provee una dirección estratégica más clara y un valor añadido a los productos del Banco, en relación a sus finanzas, su conocimiento financiero y el fortalecimiento de de capacidades en estas áreas.
El BID destinará más recursos presupuestarios para ayudar a los países a analizar mejor y hacer un diagnóstico de las prácticas contra la corrupción. Trabajando a nivel nacional, sectorial e institucional, el objetivo es detectar a tiempo las posibles deficiencias e identificar oportunidades que permitan el fortalecimiento de las instituciones.
Por ejemplo, en su diálogo con las autoridades nacionales, el BID se esforzará por elaborar una agenda conjunta de trabajo que sea sostenible en el tiempo para fomentar la transparencia y prevenir cualquier corrupción. Las acciones de fortalecimiento institucional se incorporarán a los diseños de programas del Banco, y las buenas prácticas y lecciones aprendidas se difundirán a través de los productos de conocimiento del Banco.
Antecedentes
El anterior marco de lucha contra la corrupción fue adoptado en el 2001. En el 2004 se creó la Oficina de Integridad Institucional (OII) para investigar las denuncias de fraude y corrupción en actividades financiadas por el Banco. A medida que el sistema se hizo conocido por el personal del Banco, los ejecutores de proyectos y el público general, el número de investigaciones realizadas por la OII aumentó de 92 en el 2004 a 150 en el 2008. El año pasado el Banco sancionó a 25 personas y ocho empresas por incurrir en prácticas prohibidas.
En el 2007 el BID creó el puesto de Oficial de Ética. Esta persona es responsable por investigar las denuncias de violaciones a la ética por parte del personal del Banco. También se revisó y actualizó el Código de Ética y Conducta Profesional, así como el programa de declaración de intereses del personal.
El BID además cuenta con numerosas herramientas para evaluar y detectar posibles casos de corrupción en sus programas, incluyendo el Proyecto de Gestión de Riesgos, la Matriz de Alertas del Proyecto de Adquisiciones y el Programa de Revisión de Riesgos a la Integridad.
BID impulsa medidas para fortalecer marco anticorrupción
Pedido de Protección a la Presidencia del BID por Represalias Originadas en Denuncias de Corrupción
Buenos Aires, martes 15 de diciembre de 2009
Al Sr. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sr. Luis Alberto Moreno
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
Teléfono: (202) 623 – 1000
S/D
Eduardo R. Saguier, ciudadano argentino, DNI 4.394.928, en mi condición de Investigador de Carrera (historiador) del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas (CONICET), vengo a solicitar la protección de la institución de su dirección contra las represalias originadas por mis denuncias sobre violación de las incompatibilidades que están incorporadas en la legislación argentina, las que incriminan a los funcionarios del FONCYT, dependiente de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), organismo responsable de ejecutar los Programas de financiamiento del BID. Las represalias de las que vengo siendo objeto se iniciaron en el año 2004, a raíz de una respetuosa carta abierta dirigida en 2003 al Presidente de la República Néstor Kirchner; y se precipitaron a partir del mes de agosto del 2006, en que se rechazó nuevamente mi Informe Periódico ante el CONICET.
En efecto, el que suscribe denunció infructuosamente en el mes de enero de 2006 ante los organismos fiscalizadores del país (Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de los Directorios del CONICET y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), a los Coordinadores de Área de la Agencia o ANPCYT, a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y a diferentes autoridades de las Universidades Nacionales del país (decanos, consejeros, secretarios de CyT, jefes de departamento) por haber incurrido todas ellas en graves violaciones éticas y legales.
Dichas violaciones se materializaron por funcionarios de los organismos mencionados ut supra, que ocultaron y ocultan en el portal electrónico de la Agencia la información pública atinente a los resultados de las convocatorias anteriores del FONCYT (correspondientes al período comprendido entre los años 1997 y 2005); y que solicitaron y recibieron en oportunidad de ejercer cargos de autoridad pública-académica voluminosos y reiterados subsidios de investigación, los cuales procedían de un préstamo del BID, que fue sigilosa e irregularmente repartido por la Agencia o ANPCYT, y que configuraría una violación del principio jurídico elemental de no incurrir en la incompatibilidad de ser simultáneamente juez y parte interesada; así como una ilícita triangulación de reciprocidades entre funcionarios, incluidos sus parientes (cónyuges, cuñados, yernos, nueras), mediante la utilización de recursos públicos (e.g.: una decena de docentes-investigadores fueron subsidiados cuatro veces con un monto total de un millón y medio de pesos o casi medio millón de dólares cada uno, y en un lapso de un quinquenio [Altamirano, Arregui, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, Poderoso]).
A propósito de estas denuncias se desató sobre mi persona una tenaz campaña de agravios y descalificaciones con mandatos ocultos destinados a eliminarme del CONICET, objetivo que finalmente se consumó en el mes de agosto de 2006, al rechazarse mi Informe Periódico (2004-2005), con argumentos falsos y por una Comisión Asesora integrada por científicos de inferior jerarquía, algunos involucrados en mis denuncias, y todos ajenos a mi disciplina (fueron arqueólogos, geógrafos y antropólogos). Este último rechazo, por ser consecutivo al rechazo del anterior Informe Periódico (2002-2003) equivale –una vez que se cumpla con el requisito establecido en el art.41 del Estatuto del CONICET– a la cesantía.
Si bien una vez producido el segundo rechazo de Informe Periódico inicié recursos administrativos y judiciales que al momento se hallan todavía en trámite, mi estabilidad como Investigador del CONICET se encuentra muy vulnerable, pues está a merced de la voluntad discrecional de las mismas autoridades que mi persona denunciara, y del incierto resultado del Recurso de Amparo con medida cautelar que oportunamente interpusiera ante el Fuero Contencioso-Administrativo. Más aún, dada la gravedad de las conductas incriminadas, a comienzos del corriente año 2009 realicé con patrocinio letrado una denuncia penal ante el Fuero Federal, pidiendo se me constituya en parte querellante, recayendo la misma en el Juzgado No.8 a cargo del Juez subrogante Marcelo Martínez de Georgi y del Fiscal Oscar Amirante, denuncia que desde hace meses sigue a estudio.
Finalmente, como en el mes de diciembre de 2009 tomé conocimiento por vía de un consultor externo del BID del expediente abierto por la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID (C-AR-2009-0459), a propósito de la denuncia que el suscripto formulara, así como también del Comunicado de Prensa del BID del 8 de diciembre de 2009, por el cual se informa al público de las nuevas medidas impulsadas por el BID para fortalecer el marco anti-corrupción http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710399.php, he decidido apelar a estas nuevas garantías que fueron formuladas en dicho Comunicado y que me corresponden como tercero implicado en un Programa del Banco que fue cuestionado en su ejecución. Efectivamente, en el Comunicado se expresa textualmente que “la protección de los denunciantes se amplía para incluir a terceros”, y que “El Banco podrá notificar a las autoridades nacionales cuando recibe denuncias de represalias de o contra terceros y que involucran a los programas del Banco”.
En razón de la indiferencia de los organismos fiscalizadores, de la demora judicial en evacuar las denuncias y los recursos, del asombroso silencio de los medios de comunicación, del miedo generalizado en el ambiente científico, y del amplísimo margen de impunidad vigente en mi país, cumplo en dirigirme a Vd. en defensa de mi persona y de las avasalladas instituciones de la cultura argentina, para solicitarle la protección de su organismo; y todo ello con la firme voluntad de colaborar para impedir las prácticas prohibidas al interior de los Programas financiados por el BID.
Atentamente
Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Investigador del CONICET-Argentina
e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar
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