Bergoglio presentó un documento elaborado por Dromi, Jaunarena y otros ministros de Menem, De la Rúa y Duhalde. El manifiesto opositor reclama autarquía del Banco Central, eliminar retenciones a la soja, minimizar las políticas sociales, fundir Seguridad con Defensa y reprimir el conflicto social.
Asistieron De Narváez, López Murphy y Nosiglia, pero nadie del gobierno ni de las centrales de trabajadores. Casaretto insistirá en Mar del Plata con este programa para el poskirchnerismo.
El presidente de la Iglesia Católica, cardenal Jorge Bergoglio, hizo una espectacular reaparición, rodeado por la plana mayor de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde y por el liderazgo del Peronismo opositor y la UCR.
Luego del fracaso de las movilizaciones que intentó realizar en Luján y en la Plaza de Mayo, el 8 y el 25 de mayo, y del frustrado documento sobre la pobreza elaborado por su ministro político, Alcides Jorge Pedro Casaretto, Bergoglio presentó un Contrato Social para el Desarrollo, elaborado por el ex ministro Roberto Dromi, con la colaboración de los ex ministros Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández, Horacio Jaunarena y Jorge Vanossi y la coordinación del vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, Fernando Lucero Schmidt.
Entre los asistentes a la presentación, realizada en la Universidad del Salvador (jesuita), estaban la senadora Hilda González de Duhalde, el diputado Francisco De Narváez, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, los ex ministros Ricardo López Murphy y Enrique Nosiglia, el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, y la diputada de GEN, Margarita Stolbizer.
No hubo explicaciones sobre las ausencias de Domingo Cavallo y María Julia Alsogaray. No pudo asistir Erman González, porque falleció en 2007.
Durante la presentación del trabajo de Dromi, Bergoglio reclamó la reconciliación y el diálogo. Consideró necesario aclarar que no se trataba de una plataforma electoral.
En una de sus habituales frases de efecto propuso ponerse “la patria al hombro” y postuló que la unidad es superior al conflicto, una frase inspirada en San Ignacio de Loyola que repite desde que asumió como provincial de la Compañía de Jesús, en 1973.
El programa
El documento presentado, que reclama consensuar políticas públicas en materia de Educación, Garantías, Relaciones Exteriores, Economía, Producción, Regionalización territorial y Comunicaciones, va en contra de varios pilares de la política en aplicación desde 2003 e incluso de algunos consensos básicos de la democracia recuperada en 1983.
Como si se tratara de un problema de carga de trabajo, Dromi dijo que quienes tenían más tiempo porque estaban “en el banco de suplentes” ofrecían ese aporte a quienes “están jugando el partido”.
Curiosa metáfora: ningún suplente diagrama la estrategia del partido, apenas reemplaza al titular y sólo si lo decide el director técnico.
Sin embargo, no participó ningún funcionario del Poder Ejecutivo ni legisladores del partido del gobierno. Pese a la fuerte presión ejercida sobre ellos tampoco estuvieron presentes los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El Consenso propone: eliminar las retenciones a la comercialización externa de cereales y oleaginosas y el impuesto al cheque, bajar impuestos y aumentar tarifas de modo de asegurar “la ganancia empresaria y la inversión”.
Reivindica la autarquía del Banco Central y confía a la responsabilidad empresaria el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Como eco de la asociación patronal AEA, reclama seguridad jurídica económica, reglas claras, duraderas, sin desviación de poder y finalidad, respeto a los derechos adquiridos, resguardo a las inversiones, libertad de empresa, “estabilidad de derechos, razonabilidad de poderes, calidad institucional y responsabilidad pública”.
También consagra el derecho a “la información veraz” y sostiene que los medios de comunicación deben ser “de gestión privada o mixta”.
Las retenciones al comercio exterior de granos, y en especial de soja, han sido junto con el impuesto al cheque fuente decisiva de ingresos del gobierno nacional, y motivo de intensas batallas políticas y sociales, con las cámaras patronales agropecuarias y con la oposición parlamentaria. Esos recursos han permitido aplicar políticas sociales como la incorporación al sistema previsional de 2,5 millones de personas que no tenían ningún ingreso jubilatorio o la Asignación Universal por Hijo que este año cubrirá a 5 millones de personas y que han reducido los niveles de pobreza e indigencia a niveles de varias décadas atrás.
La autarquía del Banco Central ha sido cuestión de otro de los grandes debates de este año, a partir de la resistencia de su ex presidente, Martín Redrado a aceptar una letra del Tesoro a cambio de 6800 millones de dólares que el Poder Ejecutivo dispuso aplicar a la cancelación de compromisos de la deuda pública.
Primero la recuperación y luego el mantenimiento de las fuentes de trabajo ha sido un objetivo prioritario de los dos gobiernos kirchneristas, durante los cuales la desocupación se redujo a un tercio del índice que dejó el ex senador Duhalde. Para ello ha descansado en políticas activas y no en la mera voluntad patronal. Algunas han sido de control y penalización, como la doble indemnización, y otras de estímulo, como el Repro, por el cual el Estado paga los salarios de empresas en crisis para evitar despidos.
Bergoglio y Dromi sólo contemplan ventajas tributarias o crediticias para las empresas.
La “información veraz” forma parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero contradice los principios liberales de la Constitución argentina, la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posición de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El gobierno de Hugo Chávez propuso ese principio a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que sesionó en Margarita en 1997, pero no fue aceptado.
Además, el gobierno argentino eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público, una vieja reivindicación de los periodistas.
Mientras el manifiesto opositor establece que los medios de comunicación deben ser de gestión privada o mixta, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en 2009, reserva un tercio de las frecuencias para los Estados federal y provinciales y otro tercio para las organizaciones de la sociedad civil. (Si el programa presentado por Bergoglio se aplicara, la Iglesia Católica no podría disponer de canales de televisión y estaciones de radio, según el procedimiento excepcional que le concedió esa ley.
Esa “autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de someterse a concurso en igualdad de condiciones” fue objetada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya Declaración de Principios establece que, las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen el acceso en igualdad de oportunidades para todos los individuos).
Pese a su extensión que supera las cien páginas, el Consenso no menciona la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En cambio propone “relanzar la alianza del ABC” (Argentina, Brasil, Chile) “para construir un puente bioceánico AtlánticoPacífico”.
Seguridad y Defensa
El documento presentado por Bergoglio también contempla la conformación de “un sistema integral de seguridad pública y defensa común”. Incluye en el campo de la Defensa “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, para terminar con lo que llama “el vacilar de las palabras y acciones”. Con el mismo propósito crea un Consejo Federal de Civilidad y Convivencia Social, con el que deberán colaborar las Universidades estatales y privadas, las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, las cámaras patronales, las organizaciones sindicales y los diferentes cultos.
Con un lenguaje que tergiversa el sentido de las palabras para esconder el objetivo, se refiere al “valor garantista de la seguridad”. Así se opone a uno de los mayores consensos alcanzados por el conjunto de las fuerzas políticas a partir de 1983: la nítida separación entre defensa nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, y seguridad interior, de la que se ocupan las fuerzas policiales y de seguridad.
Esto fue establecido por la Ley de Defensa Nacional, de 1988; la de Seguridad Interior, de 1992, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, promulgadas por los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa respectivamente. Las tres surgieron de un cuidadoso proceso de elaboración acordado por las principales fuerzas políticas del país.
Supramarketinero
El resto es una colección de generalidades, maquilladas con el lenguaje marketinero de Dromi, con conceptos como la idea “suprasingular”, la “inteligencia plural”, la “voluntad general suprapartidaria” y el “Contrato Social de Garantía y Pertenencia”.
Repite buena parte de las muletillas sobre la “calidad institucional” y la “plenitud republicana”, con que la oposición ha hostigado a los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK y sostiene que si la gestión de las instituciones se opone al bien común “desaparecen el orden y los límites, se desdibuja el principio de autoridad, se avasallan los derechos” y “se actúa con deshonestidad, se miente, se corrompe”. De este modo “las instituciones se convierten en botines de guerra de los administradores”.
Para financiar obras de infraestructura contempla “el peaje o contribuciones específicas”.
El documento se elaboró como parte de un acuerdo entre la Universidad del Salvador, que desde 1973 orienta Bergoglio, y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA), que conducen Dromi y su esposa Laura San Martino.
Su texto pretende, con el mismo tomo imperativo de las leyes de emergencia que Dromi redactó para favorecer el desguace del Estado y el despojo de derechos laborales, que una vez que lo firmen el gobierno y las dirigencias políticas, sociales, corporativas y religiosas, sea refrendado por el Congreso como “voluntad general soberana”, adquiera “categoría de ley suprema de orden público”, de plazo ilimitado y sólo sea modificable o derogable al cabo de diez años. Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades que genere tendrían “carácter absoluto, irretractable e irrenunciable”. Nadie más que la Corte Suprema de Justicia podría revisar ese Contrato y sólo “en caso de ilegalidad absoluta y manifiesta”, pero no por su “oportunidad, mérito y conveniencia”. La aplicación del Contrato Social se atribuye al Poder Ejecutivo, lo cual despeja cualquier duda acerca de su carácter de programa para el poskirchnerismo, ya que es inimaginable su aplicación con el actual gobierno.
Este viernes, Casaretto insistirá en buscar “consensos para el desarrollo”, durante la denominada Semana Social, que se realizará en Mar del Plata. El secretario de Culto, Guillermo Oliveri ya anunció que no estará presente en esta nueva cumbre de la oposición. Tampoco asistirá el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La convocatoria forma parte de una escalada que el Episcopado diagramó hace dos años con el documento “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad” y cuyo próximo paso será el Primer Congreso Nacional de la Doctrina Social de la Iglesia, que se realizará el año próximo en Rosario.
Semejante hiperactividad política del Episcopado Católico contradice los lineamientos planteados en el documento guía de las últimas décadas, “Iglesia y Comunidad Nacional”, de 1981, según el cual la tarea eclesiástica no debía realizarse con las élites del poder sino en las bases profundas de la sociedad.
El documento sobre la pobreza, elaborado por el principal colaborador de Casaretto, el empresario sojero Eduardo Serantes fue rechazado por las dos centrales sindicales, lo cual lo condenó al archivo.
La Santa Alianza
En cuanto Bergoglio sucedió al cardenal Antonio Quarracino como arzobispo de Buenos Aires, en 1988, Dromi editó con el sello Ciudad Argentina un tomo de “Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro”, cuyo autor es el “Grupo de reflexión ‘Centesimus annus’ dirigido y coordinado por Monseñor JMB”.
A su vez, Bergoglio designó a Dromi abogado de la curia porteña. En su primera clamorosa actuación medió entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata.
El Ejército había prestado 100 millones de dólares al Arzobispado de esa ciudad, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Francisco Trusso. En el compromiso de pago la firma del entonces arzobispo platense Quarracino no era suya, pero quien le entregó el contrato a los militares fue su asistente, monseñor Roberto Marcial Toledo, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno, por lo cual fue detenido y procesado por defraudación.
Dromi llegó a un nuevo acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el Arzobispado de una causa penal. “Renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial”, informó la curia.
En setiembre del año pasado Bergoglio ya había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas que organizó Dromi en el lujoso hotel Alvear.
Acompañaron al cardenal, De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió entonces Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprecios del adoptivo, quien se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares por el contrabando de un auto de lujo.
La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.
Claves
El documento presentado por Bergoglio es un manifiesto opositor que contradice políticas centrales del gobierno nacional y también algunos consensos básicos de la democracia restaurada en 1983.
Plantea:
– eliminar las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, entre ellas la soja.
– aumentar tarifas y rebajar impuestos.
– minimizar las políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo.
– afianzar la autarquía del Banco Central.
– establecer el principio chavista de la “información veraz”, opuesto a la Constitución y las leyes argentinas.
– limitar a empresas privadas o mixtas la titularidad de licencias de comunicación.
– volver a integrar en un sistema único la seguridad interior y la defensa nacional.
– confiar a ese sistema “la tutela de la paz social”, o sea, reprimir el conflicto social.
– sustituir la UNASUR por la Alianza ABC, para tender un puente entre el Atlántico (Argentina y Brasil) y el Pacífico (Chile).
Quién es quién
Para calibrar en su justo valor el documento presentado por Bergoglio, es conveniente un somero repaso de la actuación pública de quienes lo firman como autores, comenzando por su inspirador.
Roberto Dromi, intendente de Mendoza durante la dictadura militar.
Ministro de Obras y Servicios Públicos con Carlos Menem.
Fue autor de las leyes de emergencia que desregularon servicios, permitieron el desguace a precio vil del capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas y suspendieron derechos sociales, durante el gobierno civil más corrupto de la historia argentina.
En una sesión secreta en comisiones del Congreso fundamentó su programa de privatizaciones aceleradas con el argumento de que el país estaba de rodillas ante sus acreedores.
Junto con Juan Carlos Cassagne y Rodolfo Barra integró la trinidad de administrativistas que concibió los instrumentos maestros para el pase de la etapa de la valorización financiera y la fuga de capitales a la de las superganancias mediante la participación en las privatizaciones y la emisión de nueva deuda externa, que sería una vez más estatizada, durante el provechoso interinato de Duhalde.
En la reforma constitucional de 1994 incluyó garantías de que los negocios efectuados en esos años no serían revisados.
Retirado del ministerio, Menem lo designó asesor presidencial.
Al mismo tiempo actuó como asesor del consorcio Eriday, integrado por Impreghilo-Dumez, que reclamó más de mil millones de dólares que se le adeudaría por la construcción de Yacyretá y se ofreció a cobrarlos administrando la represa.
En 1996, quiso fusionar los superfluos ministerios/Cenicienta de Educación y de Trabajo y crear uno de Seguridad, con énfasis en las medidas de control social por las fuerzas de seguridad y, de ser necesario, militares.
Horacio Jaunarena, Ministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde.
En su primer mandato fue autor de las Leyes de Punto final y Obediencia debida.
En el segundo intentó fusionar la Armada y la Prefectura, borrando la división entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.
Ya con Duhalde elaboró un proyecto en el mismo sentido, que creaba una pirámide verdeazul, en la que policías y militares formaban parte de un único sistema.
Colaboró en su preparación el entonces Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Brinzoni. Fue presentado en la Escuela de Dromi y no prosperó por la oposición del ministro de Justicia, Juan José Alvarez, quien amenazó a Duhalde con su renuncia.
Armando Caro Figueroa fue asesor de Alfonsín, ministro de Trabajo de Menem-Cavallo y vicejefe de gabinete de De la Rúa.
Fue autor de los planes de flexibilización laboral que condujeron a un crecimiento explosivo del trabajo informal.
Durante su gestión se privatizó el sistema jubilatorio, convertido en un negocio financiero para los bancos.
En 1999 fue candidato a la vicepresidencia en fórmula con Cavallo.
Roque Fernández Presidente del Banco Central entre 1991 y 1996 y Ministro de Economía desde entonces y hasta la conclusión del gobierno de Menem. Corresponsable de la política económica de entonces.
Jorge Vanossi, jurista de la UCR, fue ministro de Justicia de Duhalde, emigró luego al macrismo y ahora volvió a recalar en el radicalismo.
Participó en la escalada represiva que culminó con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, con acusaciones de sedición a quienes cortaban calles.
Luego de los asesinatos invocó la ley de defensa de la democracia en una denuncia presentada ante la Procuración General, según la cual los piqueteros intentaban tomar el poder. El entonces secretario de la SIDE, Carlos Soria, dijo que había recolectado inteligencia sobre esas organizaciones sociales a pedido de Vanossi, quien lo negó.
Fernando Lucero Schmidt, es uno de los directivos de la Universidad del Salvador que aseguran la conducción de Bergoglio en esa institución.
También es profesor en la Escuela de Dromi.
En 2006 creó la Fundación Pescar Argentina, destinada a la capacitación de jóvenes en “la cultura del trabajo”, auspiciada, entre otros, por el banco Santander, La Caja, Celulosa, Coca Cola, Makro, Telecom, Nidera, USAL, Dow, Nokia, Fundesa, Walmart y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin consenso
Ningún miembro del gobierno nacional asistió al lanzamiento del manifiesto opositor presentado por Bergoglio.
Pero además, el Poder Ejecutivo rechazó la Operación Amnistía, impulsada desde un cuidadoso segundo plano por el Episcopado Católico, que preside el Arzobispo porteño.
La solicitud del perdón fue transmitida al gobierno nacional por un obispo de esa iglesia y lleva las firmas de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el general Santiago Omar Riveros y el vicealmirante Hugo Siffredi, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Tepedino y su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino, los miembros del grupo de tareas de la ESMA Raúl Scheller y Pablo García Velazco, los procesados por la masacre de Margarita Belén y un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad.
La jerarquía eclesiástica obvió el protocolo para entregar la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: lo hizo en forma extraoficial, sin una nota introductoria.
La Presidente ordenó devolver a la Iglesia Católica las hojas firmadas por los represores, también sin nota introductoria ni comentarios.
Sólo responderá si el Episcopado asume en forma explícita la responsabilidad de la gestión que realizó con sigilo.
Nunca antes un gobierno argentino había practicado un deslinde tan estricto de competencias: ni interviene en las cuestiones del culto ni admite ingerencias en asuntos que hacen a la soberanía popular.
– Por Horacio Verbitsky – 21 de junio de 2010 – Página 12
