Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Salta, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual rige y en los próximos días será reglamentada.
Un nuevo tiempo en la comunicación y en el país se avecina. “La eclosión de creatividad y verdad que está por surgir asombrará a propios y extraños”.
La situación de las empresas que orientan los diarios Clarín y La Nación, así como la de sus directivos, es lo suficientemente grave como para merecer algunas consideraciones que sitúen el problema.
El presente de esas compañías es más complejo que el que viviera Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, reconocido órgano golpista, y que el de cualquier espacio comunicacional en el mundo.
Ya no se trata sólo, aunque sea muy trascendente, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que comenzó a regir esta semana.
Esa normativa legal, debatida públicamente por la comunidad y aprobada en el Congreso, ha sido trabada irregularmente por jueces cooptados por los monopolios del sector.
Pero si eso configura un asunto polémico, que deberá derivar en un re balance del sistema judicial argentino, los otros puntos que se sustancian ante la Justicia no son menores. Por varios motivos que vale tomar en cuenta.
En principio, al revelarse el modo explícitamente delincuencial a través del cual La Nación y Clarín se apoderaron de las acciones de Papel Prensa, la posibilidad de politizar los sucesos se ha limitado notablemente. Los días grises y las lloviznas no alcanzan para opacar la luz emitida por el Testimonio Papaleo acerca del camino seguido por esas empresas para convertirse en líderes.
En La Señal consultamos varios abogados y especialistas en la cuestión y nos indicaron que de corroborarse aunque más no sea parcialmente las declaraciones acusatorias, hay razones de suma potencia para disponer el procesamiento y la condena de los protagonistas que operaron en beneficio de esos dos medios.
Los potenciales imputados han de pensar parecido porque los pedidos de asilo a los Estados Unidos, Chile y Uruguay que circularon soterradamente con insistencia la semana anterior, permiten inferir que tienen dudas sobre las proyecciones de sus defensas.
A usted le consta, lector, que más allá de la propaganda -precisamente- en la Argentina sigue rigiendo el respeto a la propiedad privada y a la inversión de los particulares. Hasta podríamos decir, entre nosotros, que continúa rigiendo en exceso.
Carece de sentido, entonces, hablar de una persecución o censura del Estado contra los medios. No tiene validación argumental estimar que se trata de una objeción a la libertad de prensa.
Lejos de eso, a todos nos consta el continuo ataque, en muchos casos sin más pruebas que una opinión ideológica, de esos medios contra el Gobierno y contra referentes políticos, sociales, e incluso culturales y deportivos. Ditirambos lanzados libremente.
Y en ese marco, se debe incluir otro delito gravísimo: el de apropiación de menores, pero también el de interferir con el esclarecimiento de la situación, por parte de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y sus secuaces.
Acá no hay, cabe insistir, un “populismo” que daña la libertad de informar.
Existe un razonable requerimiento de la Justicia, que canaliza una inquietud de la sociedad, para conocer la identidad de dos menores secuestrados durante la dictadura y la responsabilidad de los apropiadores.
En conjunto, el panorama brinda un cuadro de difícil reversión: Ley de Medios en vigor, Papel Prensa en discusión, Clarín en problemas. Aunque no lo veamos tan claro hoy, porque persiste la hegemonía comunicacional de esas empresas, es evidente que estamos atravesando un período que derivará en un esquema cultural mucho más genuino, abierto, democrático y creativo.
No puede una Nación como la Argentina, un gran país sacudido pero alzado, seguir dominado informativamente por empresarios que cooperaron con un régimen de facto, que se hicieron grandes a través de delitos ostensibles y que participaron directa o indirectamente en secuestros.
Aun cuando la impunidad venciera, la credibilidad de estos medios saldría seriamente dañada.
Y si las condenas son dignas, ni hablar.
¿Con qué autoridad Clarín o La Nación llevarán adelante denuncias de corrupción?
¿Con qué autoridad hablarán del bien público, la seguridad y la honradez?
Desde hace tiempo que la presencia popular en Internet ha debilitado la necesidad de pedir de rodillas la publicación de una gacetilla de diez líneas en un gran diario.
Hace unos años ya que esa labor ha permitido que las talentosas voces silenciadas emitan textos, músicas, imágenes sin hacer esperas humillantes en las antesalas de las poderosas redacciones. Es natural que ese potencial emerja de una vez y obtenga carta de ciudadanía en el papel diario, las pantallas y los diales.
La eclosión de creatividad y verdad que está por surgir asombrará a propios y extraños.
Por estos días la Justicia tiene en sus manos decisiones que pueden apurar ese nuevo big bang inteligente y emocional. Pero aunque esa borrosa instancia decline su decencia, el Bien está hecho. Y el césped verdeará llegada la estación adecuada.
– Revista Zoom – Por Gabriel Fernández – El autor es Director La Señal Medios (TV, Radio y textos en la web) lasenialmedios.blogspot.com – 1.07.10
