El gobierno argentino presentó una denuncia penal y otra civil contra ambientalistas que bloquean desde hace tres años y medio un puente hacia Uruguay, quienes reaccionaron con indignación.
El gobierno argentino presentó una denuncia penal y otra civil contra ambientalistas que bloquean desde hace tres años y medio un puente hacia Uruguay, quienes reaccionaron con indignación.
«Hemos presentado una denuncia penal con nombre y apellido» contra quienes cometieron diferentes delitos como impedir el normal funcionamiento de los transportes, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, apología del delito y resistencia a la autoridad, entre otros, enumeró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El gobierno argentino tomó esta decisión luego que un juez federal confirmara el martes que se debe garantizar la circulación en el puente General San Martín, que une la ciudad argentina de Gualeguaychú (230 km al norte de la capital) con la localidad uruguaya de Fray Bentos (310 km al noroeste de Montevideo).
«Estamos indignados. No somos violentos y aquí jamás hubo un acto de violencia», dijo a la AFP María Marta Sal (54 años), luego de escuchar la conferencia de prensa de Fernández.
Los ambientalistas se reunieron en Arroyo Verde (noreste), epicentro del corte de ruta hacia el principal puente hacia Uruguay, temiendo el eventual arribo de gendarmes para liberar la carretera.
«El gobierno declaró (nuestra lucha) como una causa nacional en 2007 y ahora nos van a presentar una querella, pero vamos a seguir el corte hasta el final», advirtió Teresa Barros (53).
Los vecinos decidían en una asamblea la noche del miércoles cuál será su estrategia y para ello esperaban la llegada de sus abogados, al tiempo que, en esta ocasión, no permitían la participación de los periodistas en el debate.
Consultados individualmente, los ambientalistas parecían dispuestos a mantener el bloqueo y resistir pacíficamente un posible intento de desalojo, pero insistían en que la decisión se tomaría por mayoría.
«Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la justicia», argumentó Fernández y precisó que la denuncia había sido presentada en Gualeguaychú (230 km al noreste de Buenos Aires) por el procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha.
El gobierno argentino -primero del ex presidente Néstor Kirchner (2003/2007) y luego de su esposa Cristina Kirchner- calificó al principio como una causa nacional la lucha de Gualeguaychú contra una fábrica de celulosa construida en Uruguay sobre un río limítrofe.
Luego las autoridades tomaron distancia del corte aunque insistiendo en que no iban a reprimir para liberar la ruta y, finalmente, optaron por aumentar la apuesta en los estrados judiciales.
Sobre la denuncia civil, Fernández explicó que existen responsabilidades por el cierre de centenares de negocios en ambas márgenes del río y las dificultades surgidas en el comercio bilateral y el turismo.
El funcionario insistió en que el gobierno está empeñado en reencauzar las relaciones con Uruguay, dañadas por el conflicto, y comenzar una nueva etapa que permita cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya (CIJ) y garantizar el monitoreo de las aguas del río.
La CIJ rechazó a fines de abril una demanda de Argentina para relocalizar la planta y sostuvo que no hay indicios de contaminación en el río.
«No podemos permitir que alguien se arrogue el derecho de no reconocer un fallo internacional» dijo el jefe de Gabinete en la rueda de prensa y aseguró que es «imperioso» recuperar la relación plena con Uruguay.
Los pobladores de Gualeguaychú mantienen bloqueada desde 2006 la ruta al puente en protesta por la instalación de la planta de celulosa UPM (ex Botnia), en el margen uruguayo del río Uruguay, a la que consideran contaminante.
– Agence France-Presse, 10/06/2010
