El juez Bonadío citó a ex secretarios de Transporte y a los hermanos Cirigliano. Las pericias determinaron la falla de un freno.
A dos meses de la tragedia que terminó con la vida de 51 personas, el juez de la causa, Claudio Bonadío, llamó a declarar esta semana a treinta personas como imputadas. De esta manera, los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; los principales referentes de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Roque y Sergio Claudio Cirigliano, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), Antonio Sícaro, serán algunos de los indagados que, en los próximos meses, deberán caminar por los pasillos de Comodoro Py.
El magistrado tomó la decisión luego de recibir el informe de la pericia mecánica que reveló que los frenos del tren –que el 22 de febrero chocó contra los amortiguadores de la estación de Once– funcionaban, salvo un “freno de guarda”. El informe también recalca que había falencias en el mantenimiento preventivo de las formaciones que implicaban “un riesgo en la seguridad de la operación”.
Por esto, el fiscal federal Federico Delgado solicitó que todos los citados en relación al accidente deben ser interrogados “por estrago culposo”, con pena de hasta un año de prisión. En cambio, los ex funcionarios y empresarios a cargo de la concesión de TBA deberán responder por supuesto peculado (malversación de fondos públicos).
En la pericia preliminar se advierte que “el estado del servicio era malo y el conductor de la formación no se desempeñó de acuerdo con los requerimientos de un servicio en mal estado”. Además, el informe destaca que “el alto grado de informalidad con que se entregan los vehículos al servicio de pasajeros, además del riesgo potencial que tal procedimiento implica, no es compatible con mínimos conceptos de seguridad que se deben garantizar en este tipo de actividad, ya que implica una carencia de control y seguimiento de procedimientos operativos básicos”.
“Lo de los frenos no es novedad. Se veía venir. Espero que la lista de treinta imputados se haga más grande con el tiempo y que todos paguen de acuerdo a lo que les corresponde –dijo Javier Hernández, uno de los 750 heridos, quien al momento del choque viajaba en el tercer vagón–. Lo único que quiero es que alguien pague por esto, desde el que está más abajo hasta el de arriba de todo. Es hora de que dejen de desviar la atención. No queremos ser unos olvidados más. Se murieron 51 personas y somos muchos los que quedamos con problemas. No sólo físicos. Hay gente que todavía tiene problemas para dormir o para subirse a un colectivo”. Producto de la colisión, Javier –quien se desempeñaba en el turno noche de una empresa en Ramos Mejía– terminó con una fractura en el brazo que aún lo tiene a mal traer: “Pensé que el frío me iba a ayudar, pero la humedad estos días me está matando”.
Además, Bonadío puso en marcha otra serie de indagatorias a agentes de policía y Defensa Civil vinculadas a la demora en la búsqueda de Lucas Menghini Rey. En charla con Veintitrés, su madre, María Luján, se manifestó cautelosa: “La pericia es parcial, por ende, no creo que sea el momento para hacer declaraciones”.
– Veintitrés
