La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) patrocinó una acción de amparo del diputado nacional Ricardo Gil Lavedra. La IGJ le había negado información pública sobre sociedades vinculadas al caso Ciccone. Lea el fallo completo.
(Buenos Aires, 5 de julio de 2013) – La sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) entregar información sobre empresas y sociedades vinculadas al caso Ciccone. Lo hizo en el marco de una acción de amparo iniciada por el diputado Ricardo Gil Lavedra con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La resolución del tribunal revoca una decisión de primera instancia que negaba al diputado legitimación para invocar el derecho de acceso a la información pública por su condición de diputado. Según el fallo de primera instancia, los representantes de la Nación cuentan con herramientas específicas para acceder a información en manos de otras autoridades públicas. La ADC cuestionó esa interpretación por considerar que los representantes de la Nación no renuncian a sus derechos constitucionales al acceder a un cargo público. En efecto, y tal como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ADC c. PAMI , todos los ciudadanos y habitantes de la Nación son titulares del derecho de acceso a la información pública y él sólo puede ser negado mediante excepciones claramente establecidas por ley y que deben interpretarse restrictivamente.
La decisión de la sala V también rechaza un criterio restrictivo asumido por la IGJ sobre el acceso a la información que ella posee según el cual sólo es posible acceder a información societaria si se demuestra tener un “interés legítimo”. Este criterio es sostenido por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) y —de acuerdo a una reciente investigación de la ADC — es la principal excusa invocada por las autoridades para negar el acceso a la información. La ADC también cuestionó con éxito esta interpretación en el reclamo de la periodista Mariel Fitz Patrick para acceder a contratos de la televisión pública.
“Tanto el caso Fitz Patrick como el del diputado Gil Lavedra revelan que cada vez más se utiliza una errónea interpretación legal para negar el acceso a información pública”, señaló Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de acceso a la información de la ADC. “Desde la ADC hemos tomado estos casos porque consideramos necesario cuestionar esos criterios erróneos, que vemos de manera creciente en las respuestas que ofrecen las autoridades nacionales a los pedidos de acceso a la información pública”, señaló.
Descargue el fallo completo aquí: http://www.adc.org.ar/download.php?fileId=712
– Fuente: ADC
