El proyecto del oficialismo de sancionar una ley para regular los piquetes despertó conflicto incluso dentro de las filas kirchneristas. Luego de las declaraciones del piquetero Luis D’Elia y del periodista Horacio Verbitsky, que se despegaron de la iniciativa K, los intelectuales de Carta Abierta dieron a conocer su disconformidad.
«No se debe criminalizar la protesta social», advirtió Ricardo Forster, filósofo integrante del grupo de pensamiento afín al gobierno, en una entrevista al diario El Tribuno. En esa línea, señaló: «Hay que tener mucho cuidado con la restricción de derechos, con quien es el que habilita o no una protesta pública. No estoy de acuerdo con pedir permiso para protestar».
Es que la norma presentada en Diputados, con el impulso de la Casa Rosada, establece que «toda manifestación pública deberá ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas». También plantea que el Estado garantizará que las «manifestaciones legítimas», cuyo objeto sea «dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales».
A la vez, da permiso a las fuerzas de seguridad para «dispersar» las «manifestaciones ilegítimas», aunque les prohíbe utilizar armas de fuego.
Para Forster, «es importante encontrar algún tipo de legislación que ayude a la convivencia interior del espacio público», aunque expresó sus dudas acerca de «si el modo como ha sido redactado es la forma más adecuada». Así, se suma a la tropa de críticos que cuestionaron la norma desde distintos espacios: la izquierda, organizaciones sociales y el propio oficialismo.
Impulsado por el diputado nacional Carlos Kunkel, el proyecto consta de 34 artículos y propone establecer «reglas precisas de convivencia» para la ciudadanía ante manifestaciones públicas.
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