Nuevo Encuentro Salta manifiesta con enérgico repudio la resolución tomada por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Salta que impidió darle curso al Jury de Enjuiciamiento iniciado por organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres contra el Juez de Familia Nº 2 de la Provincia de Salta, Víctor Soria, que impidió con su fallo la realización de un aborto no punible a una niña de 13 años, embarazada producto de la violación de su padrastro.
La actitud corporativa del voto de mayoría del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Salta no sólo contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su carácter de último intérprete de las leyes de la Nación estableció el derecho a la realización de abortos no punibles en casos similares y exigió la no judicialización de estos casos, sino que además significa la legitimación de la violencia institucional ejercida contra mujeres víctimas de abusos en la Provincia de Salta.
¿Cómo reaccionará la próxima mujer o niña salteña que quedara embarazada producto de una violación? ¿Tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, conforme al Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en concordancia con la jurisprudencia internacional de los Derechos de las Mujeres? ¿O será nuevamente re-victimizada por jueces como Soria y todos aquellos que vean ahora legitimada institucionalmente la posibilidad de anteponer sus concepciones ideológicas y religiosas por encima del imperio de la ley?
La absolución de Soria no es más que la otra cara de las enormes fallas del Protocolo de Actuación implementado por la provincia para los casos de aborto no punible, exigida a las Provincias en el Fallo de la Corte.
Con el protocolo vigente en Salta se impone como requisito la presentación de la denuncia penal de la violación o la declaración jurada de la víctima, realizada con asistencia del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces. De esta manera, se habilita la judicialización que el fallo de la Corte buscaba expresamente impedir y abre el juego para la injerencia de terceros que impidan la concreción del aborto y que agravan la situación al dilatar la resolución en el tiempo. La impunidad para los miembros de la Justicia que son funcionales a la judicialización de estos casos cierra un círculo perverso en el que las mujeres, niñas y adolescentes de la Provincia de Salta son las verdaderas víctimas, privadas de ejercer sus derechos fundamentales.
La Provincia de Salta tiene cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, que no sucede sólo en el ámbito familiar o laboral, sino que también es ejercida desde las instituciones provinciales que deben defender sus derechos. No es la primera vez que desde los centros de salud públicos de la provincia se promueve la judicialización de casos de abortos no punibles solicitados por mujeres víctimas de toda clase de violencia. La impunidad garantizada para el Juez Soria habilitará nuevos casos que impidan el ejercicio del derecho y la protección de las víctimas de abusos.
Nuestra fuerza política es una de las impulsoras de proyectos de ley que permitan el libre acceso al aborto seguro, legal, gratuito e informado. Situaciones como esta y como las que atraviesan miles de mujeres en todo el país, expuestas a la violencia institucional y empujadas a interrumpir embarazos en la clandestinidad, no hace más que poner en evidencia la necesidad y la urgencia de abordar este debate.
– Frente Nuevo Encuentro- Salta
