La medida acortó la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen. Disminuyó la pobreza y la indigencia. Los estudios que lo demuestran y los testimonios.
Claudia tiene 35 años y dos hijos de 12 y 6 años. Sin compañero, vive con una tía en Wilde y comparte los gastos, pero hace tiempo que no encuentra trabajo. Hasta noviembre de 2009 cobraba 150 pesos por mes por el Plan Jefas y Jefes, pero en ese momento la derivaron a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ahora percibe 360. “Me sirvió para comprar en cuotas los libros del colegio y algún par de zapatillas –cuenta–, porque tengo seguridad de cobro.” La de Claudia es una de las tantas historias que dan cuerpo a una realidad social que sufrió una gran transformación: a un año de la implementación de la AUH, dos millones de chicos menores de 18 años salieron de la marginalidad y 300 mil volvieron a la escuela. Y si eso significa que van al colegio con zapatillas sanas y tienen sus propios libros, sin duda la medida causó un profunco impacto social.
Resistida y criticada por algunos opositores y organizaciones sociales (aunque por diversas razones), la cobertura está destinada a los hijos menores de 18 años de personas desocupadas, trabajadores no registrados o que ganen igual o menos que el salario mínimo, y que asistan a la escuela si corresponde por la edad. De los 220 pesos mensuales por niño, los padres reciben 180 y la diferencia se liquida una vez al año contra la presentación del certificado de escolaridad y de salud, con las vacunas correspondientes.
El subsidio, en realidad un plan de inclusión social, comenzó a regir el 1º de noviembre de 2009 por un decreto presidencial. Es el más ambicioso de los que se pusieron en marcha desde 1983 y alcanza a 3.677.409 chicos, que forman parte de 1.920.072 familias.
Entre ellas la de Ida, una vecina del barrio de La Boca. Tiene 38 años, es mamá de Carmen, de 20, quien tuvo un bebé prematuro. Carmen está sola y todavía no puede trabajar. La AUH es su único ingreso. “Por lo menos podemos comprarle la leche, que sale como 80 pesos la lata, de la especial para los prematuros. Cuando el nene crezca un poco más, yo lo voy a cuidar y ella va a salir a trabajar”, cuenta Ida mientras ayuda a servir el almuerzo en el comedor barrial Los Pibes, que recibe entre 200 y 250 personas por día. En la panadería del comedor, Marta cumple con las horas del autoempleo que le garantiza 250 pesos por mes. Su marido, obrero de la construcción, no conseguía “ninguna changa” en Buenos Aires y tuvo que irse a Mar del Plata, pero todavía no le envía dinero. Dice que con la AUH que cobra por su hija de 15 años, “puedo comprar otras cosas porque es plata en efectivo, antes tenía un plan de tickets. Y con la mercadería que me llevo de acá, vamos tirando”.
A priori, a la norma se le criticó que no llegara a los sectores más sumergidos y que el condicionante fuera la escuela pública (luego se eliminó). Un trabajo del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) demuestra que, en mayor o menor medida, la asignación impacta en la realidad social. Los investigadores Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, basados en los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) –correspondientes al primer semestre de 2009–, analizaron diversos escenarios en modelos de laboratorio. El primero considera a los beneficiarios originales del decreto; el segundo incorpora a las familias que envían sus niños a escuelas privadas y que perciben un salario mayor al mínimo; el tercero excluye de ese universo a quienes cobran más de seis mil pesos y el cuarto simula el caso en el que sólo los hijos de desempleados e informales que asisten a escuelas públicas reciben el subsidio. En todos los casos los valores de pobreza extrema y moderada disminuyen, en algunos entre tres y dos puntos, en otros entre cuatro y cinco, pero si se analiza sólo a la niñez, los valores caerían hasta nueve puntos. La conclusión del estudio es que “la incorporación de un sistema de focalización más preciso no implica ganancias muy sustanciales en términos de reducción de pobreza y desigualdad”. Los investigadores, que también aportaron al debate sobre la norma y analizaron alternativas –como la incorporación de los niños que asisten a escuelas privadas–, consideraron que “la reforma del sistema de protección social es de gran magnitud, relevancia y perdurabilidad. Para realizar este potencial, sin embargo, resulta indispensable consolidar la medida a través de los caminos legislativos normales. Es, de hecho, una oportunidad histórica para consensuar una política de Estado en el área social que establezca un escenario estable y transparente para garantizar un mínimo de bienestar para las generaciones presentes y futuras”. Remarcan, además, que tomando en cuenta que más del 40 por ciento del total de la población pobre corresponde a niños menores de 15 años, un programa de asistencia focalizado en la niñez parece acertado. Lo confirma Mónica, quien vive en la villa 21-24 sola, con sus tres hijos de 13, 9 y 7 años. “El año pasado cobraba 150 pesos por el Plan Jefas, ahora recibo 360 y cuando tenga el documento del más chico serán 540, más lo que se agrega después. Es una ayuda muy importante”, explica ilusionada. Lo primero que compró fue ropa y zapatillas, una cosa por mes en la feria donde también adquiere comida.
– Por Raquel Roberti – Veintitrés
