La acusación que formalizó ayer el fiscal Nisman, atribuyéndole a la Presidenta de la Nación, el ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios del Gobierno Nacional, el establecimiento de un acuerdo para obtener petróleo a cambio de impunidad para los funcionarios iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la AMIA, reviste una gravedad institucional mayúscula y en tal sentido, debe ser abordada con responsabilidad y urgencia.
Cuando hace más de dos años se suscribió el pacto con la República Islámica de Irán, los legisladores de la Unión Cívica Radical, señalaron que el acuerdo en cuestión era inconveniente desde el punto de vista político, inentendible desde la óptica de las relaciones exteriores, e inaceptable desde el punto de vista judicial.
En el proceso de aprobación del bochornoso acuerdo, el radicalismo solicitó a los bloques oficialistas en el Congreso de la Nación, que se cursara invitación al fiscal Nisman, a cargo de la investigación judicial, para que diera su opinión sobre el acuerdo a aprobar. La negativa constante y contundente de los representantes del Gobierno en el Congreso evidenciaba que el acuerdo era una decisión política del Poder Ejecutivo que, en una flagrante violación de la división de poderes, ni siquiera había consultado al Poder Judicial, que albergaba la investigación por el atentado.
Dos años después, la inaplicabilidad práctica del memorándum y el alejamiento concreto de la posibilidad de llevar a juicio a los responsables del acto de terrorismo, dejan en claro que las apreciaciones de los legisladores radicales eran correctas.
El escenario presenta hoy a la causa original sin avances evidentes, porque el pacto en cuestión afectó profundamente la independencia judicial; el prestigio de nuestro país dañado por una conducción errática de la política exterior; y una acusación que compromete a los más altos funcionarios del país.
La cronología política es contundente. Sobre el Gobierno Nacional pesa la responsabilidad de haber alejado a la Argentina de la posibilidad de hacer justicia por el atentado más grave que haya perpetrado el terrorismo internacional en Latinoamérica. Sobre la Presidenta de la Nación y su Canciller, recae la responsabilidad de una conducción política errónea y vergonzante; y sobre el fiscal Nisman, la obligación de dilucidar si estas acciones se debieron a la impericia con que el Gobierno ha conducido al país durante años, o si esconde además, pactos secretos, responsabilidades penales y complicidad para evadir la Justicia.
En cualquier caso, los bloques legislativos del radicalismo solicitarán la presencia del fiscal en el Congreso, cuantas veces sea necesaria, para interiorizar al Poder Legislativo acerca de la investigación, y custodiarán el respeto a la división de poderes que establece la Constitución como garantía fundamental para evitar la contaminación de la investigación judicial.
Además, solicitamos a la Presidenta de la Nación, que denuncie sin más demora el documento que se ha pactado con Irán, que ha sido evidentemente pernicioso para los intereses del país, agraviantes para las víctimas y familiares de víctimas del atentado y un impedimento para la investigación judicial.
Finalmente, la Unión Cívica Radical, reafirma que, aún con los atropellos que ha sufrido la investigación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y con las desprolijidades que han caracterizado el tratamiento político de la investigación, no podemos perder de vista el objetivo principal respecto a esta causa, que es conocer la verdad y hacer justicia en honor a las víctimas del terrorífico atentado a la AMIA.
– Oficina de Prensa – UCR Comité Nacional
