El 12 de octubre de 2009 Javier Chocobar, integrante de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, fue asesinado mientras defendía pacíficamente el territorio de su comunidad, ubicado en Trancas, Tucumán, Argentina. Desde entonces, el pueblo diaguita –al que pertenece su comunidad-, se ha organizado en conjunto con organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, y medios de comunicación comprometidos para reclamar que su muerte, enmarcada dentro de la lucha por el territorio de las comunidades indígenas frente a la explotación con fines económicos de terceros, no quede impune.
Finalmente, a casi nueve años de sucedidos los hechos, se fijó la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral para el próximo 28 de agosto.
El lugar donde se produjeron los hechos es un sector del territorio comunitario donde se encuentra una cantera de piedra laja que la familia Amín comenzó a explotarla en el año 2008 por concesión del Estado provincial.
La justicia federal de Tucumán en el año 2008, en el marco de una denuncia contra la familia Chiarello (terratenientes de la zona) por amenazas y extorciones que varios/as comuneros/as habían recibido en relación con la cantera, había otorgado una medida de protección judicial a favor de la comunidad. Sin embargo, esta medida fue recurrida por el empresario Darío Amín, invocando que la medida le impedía continuar explotando la cantera, y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la dejó sin efecto, dejando indefensos a los miembros de esta comunidad frente a la violencia que ya venía siendo ejercida en contra de ellos.
Aquel 12 de octubre del 2009, Darío Amín, junto con dos ex policías, Luis Humberto “el niño” Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi, aduciendo el levantamiento de esa medida, entraron y atacaron con armas de fuego a alrededor de 20 comuneros y comuneras. Hicieron disparos de armas de fuego contra ellos/as (entre los cuales había ancianos, mujeres y niños/as) que defendían su territorio en forma pacífica. Toda la comunidad fue víctima de este trágico episodio. Como consecuencia de los hechos Javier Chocobar, de 68 años, perdió la vida, y los comuneros Andrés Mamaní -actual cacique de la Comunidad-, Emilio Mamaní y Delfín Cata resultaron heridos.
En el siguiente enlace se observa el momento de los disparos que dieron muerte a Javier Chocobar: https://www.youtube.com/watch?v=WrW-xzK6h3U
Los hechos relatados dieron origen a una causa penal que ingresó en la Fiscalía VII, a cargo del fiscal Gustavo Suasnábar y de la Jueza Emma Lidia De Nucci, a cargo del Juzgado de Instrucción de la II Nominación, por homicidio calificado, por el asesinato de Javier Chocobar, y homicidio calificado en grado de tentativa, por Andrés y Emilio Mamaní. El fiscal interviniente determinó que los imputados tuvieron una participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos. Sumado a que ninguno de los tres imputados poseía un permiso para portar armas de fuego, se los imputó también por el delito de portación ilegal de armas. En agosto de 2011 la jueza De Nucci ordenó la elevación a juicio oral. Recién en el mes de octubre de 2014 los acusados fueron citados a juicio y, desde entonces, se esperaba la fijación de fecha para el inicio del juicio oral. La fecha fue fijada para el 28 de agosto de este año y el tribunal designado es la Cámara Penal Sala IV.
Además de encontrarse los imputados en libertad, el proceso fue dilatándose en el tiempo por recursos de la defensa, vacancias de jueces e incluso, en 2016, desde el tribunal del juicio se pidió una sanción para una de las abogadas de la comunidad, integrante de la organización Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) por señalar las demoras ante medios de comunicación, intimándola a que se retracte de haber expresado su descontento, bajo apercibimiento de multa económica.
El retardo injustificado en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Javier Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Los Chuschagasta. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a situaciones que afectan la vida e integridad de los pueblos originarios.
El problema de fondo es la mora del Estado (tanto provincial como nacional) en titular los territorios que ocupan las comunidades indígenas y regular la propiedad comunitaria indígena. La ley nacional 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, sancionada en el año 2006, ordena el relevamiento jurídico técnico catastral de los territorios de ocupación de las comunidades indígenas, con el fin de iniciar un proceso de regularización de estos territorios. Esa ley ya fue prorrogada en tres oportunidades, y está vigente actualmente hasta noviembre de 2020. Mientras esta instancia no finalice, el Estado se encuentra incumpliendo sus obligaciones constitucionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, puesto que queda pendiente la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena.
En el marco de esa ley, en Tucumán se finalizó el relevamiento de la mayoría de las comunidades indígenas en 2013. Resta proceder a la titulación de las tierras comunitarias para que las comunidades indígenas dejen de ser objeto de graves violaciones de derechos humanos en sus territorios. La comunidad Los Chuschagasta cuenta con el proceso de relevamiento territorial finalizado.
En las audiencias que inician el próximo 28 de agosto no sólo se juzga a los asesinos de Javier Chocobar, también se sentará un precedente importante que marcará un antes y un después para la lucha por la identidad y el territorio de los pueblos originarios de Tucumán.
– andhes comunicación
– Informe completo del caso
https://andhes.org.ar/wp-content/uploads/2018/08/Informe-caso-Javier-Chocobar-2018.pdf?utm_campaign=180821_Comunicado+juicio+Javier+Chocobar&utm_source=Perfit&utm_medium=email
