La fiscalía de San Martín consideró que en el juicio contra el ex subcomisario quedó acreditada su relación con el Servicio de Inteligencia del Ejército. Los fiscales también solicitaron la aplicación de la máxima pena para el resto de los acusados.
La fiscalía oral de San Martín dio por acreditado el vínculo entre Luis Abelardo Patti y el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino. Pese a no establecer aún si la relación fue orgánica o inorgánica, los fiscales incorporaron el dato a los alegatos que concluyeron ayer en el marco del juicio que se le sigue por la autoría material del homicidio calificado de Gastón Gonçalves, nueve privaciones ilegales de la libertad y seis tormentos agravados, porque las víctimas eran perseguidos políticos. Luego de dos jornadas de lecturas, pidieron para el ex subcomisario la pena de prisión perpetua.
El equipo de fiscales integrado por Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto de Luca pidió además la pena máxima para el resto de los acusados: los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone; el torturador de Campo de Mayo Martín “El Toro” Rodríguez y el ex jefe de la comisaría de Escobar Fernando Meneghini, el único con asistencia perfecta a los debates y quien hasta ahora intentó demostrar que a partir del golpe quedó casi privado de su libertad, en medio de una comisaría ocupada por el Ejército. Las audiencias entran ahora en un cuarto intermedio hasta febrero, ocasión en la que las querellas continuarán con los alegatos.
Como cada vez, Meneghini se sentó solo en las sillas destinadas a los acusados en el escenario del lavado auditorio municipal de José León Suárez. Como sucede habitualmente, Patti no estuvo.
Hacia el final de la audiencia, el Tribunal leyó una resolución de un médico del Servicio Penitenciario Federal según la cual el ex intendente no pudo presentarse por problemas de presión. Enseguida, con ese énfasis que suele darle a las cosas cuando la sobresaltan, la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó que se giraran todas las resoluciones al jefe del Servicio Penitenciario. Lucila Larrandart decidió abrir una instancia de análisis para sancionar administrativa o penalmente a Patti por las repetidas inasistencias a la sala. El público aplaudió.
En tanto, la fiscalía terminaba la segunda y última jornada de alegatos: consideró a todos culpables por homicidio agravado en grado de autor o partícipe necesario, cargo que habilitó el pedido colectivo de prisión perpetua. Por el asesinato de Gastón Gonçalves acusaron a Riveros, Patti y Meneghini; por el homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto a Riveros, Bignone y Martín Rodríguez.
La acusación mantuvo a grandes rasgos el mismo pedido de condenas con el que se inició el debate, pero con pruebas consolidadas por declaraciones clave y valientes de muchas de las víctimas y por el aporte de documentos.
Uno de los casos más sólidos fue el del propio Patti: el nombre que vincula todos los casos de la causa con la actividad desplegada por la Inteligencia de Campo de Mayo, según describieron los fiscales.
“Es la intervención de este individuo la que vincula los casos de esta causa con la actividad de Inteligencia desplegada desde de Campo de Mayo, y ello demuestra que los hechos no fueron producto de la pasión del momento, del fragor de una lucha, ni del arrebato de un descontrolado policía que quería quedar bien con quienes ostentaban el poder, sino el resultado de un estudio paciente y premeditado, del trabajo de inteligencia política”.
Inteligencia
Los fiscales relevaron pruebas para poder explicar no sólo quién era Patti en la zona, sino por qué, con el cargo que tenía, podía estar detrás de los operativos.
Uno de los datos fue un volante de enero de 1975 de la Juventud Peronista que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). “Pueblo de Escobar –decía–, denunciamos bárbaros atropellos a la dignidad humana en la persona de cuatro personas detenidas que están siendo objeto, desde que está el patrullero en la puerta (más de tres semanas), de terribles e incalificables actos de tortura, en la cámara del terror ubicada en los sótanos de la Comisaría local. Las mismas van desde la agresión física hasta la utilización de la modernizada picana eléctrica. Los siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos son el Comisario de Policía local, los oficiales ‘especializados’ Santos y Patti, el suboficial García y otros.”
El dato, incorporado por la declaración de peritos de la Dipba, precedió al momento en el que mencionaron la relación con Inteligencia: “Ha quedado plenamente acreditada la vinculación de Luis Abelardo Patti con el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, aunque no hayamos podido establecer si esa vinculación era orgánica o inorgánica”. Sería imposible, agregaron, “que un oficial subinspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hubiera tenido la actuación que tuvo dentro de la estructura represiva sin contar con una posición determinada en el área de Inteligencia”.
Las declaraciones de dos testigos lo situaron comandando efectivos del Ejército Argentino. Entre ellos, Elena Gómez, nacida en Baigorrita, el mismo lugar de donde es Patti y quien lo identificó como el hombre que en septiembre de 1976, cuando ella vivía en La Plata, comandó al grupo de tareas que entró a su casa. Dijo que el jefe del grupo tenía el pelo un poco largo y ojos azules y que ella se dijo: “A vos te conozco”. Entendió que lo conocía de Baigorrita años más tarde, cuando lo vio como candidato por la televisión.
Los fiscales apoyaron esa relación en otros antecedentes, como el caso de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. En esa causa, explicaron, Patti resulta autor material de los disparos de arma de fuego que ocasionaron la muerte de los dos militantes peronistas. “Su participación está demostrada con independencia de si en el proceso correspondiente será o no declarado culpable.” E indicaron que “ambas víctimas fueron secuestradas y torturadas en la ciudad de Rosario el 14 de mayo de 1983 por personal de Inteligencia de Ejército y que fueron entregados a Patti en la localidad de Lima, Zárate, para que los ejecutara en la misma tarde de ese día”. En esa “Operación Especial de Inteligencia” destinada a ahogar el “rebrote subversivo” en el proceso de recuperación de la democracia “tuvo un rol protagónico el Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) y dentro de él Luis Abelardo Patti”.
La base del alegato de los fiscales
Para los fiscales, Luis Patti es coautor directo de las privaciones ilegítimas de la libertad y de los tormentos, aunque “no les haya puesto las manos encima” a las víctimas. Como policía cumplía funciones “como oficial responsable de calle, conocía el terreno, las personas y todo lo que acontecía en la zona”, destacaron.
La fiscalía evaluó, además, los antecedentes de Patti con cada víctima, su relación con las brigadas que intervinieron en los procedimientos y los dichos de testigos que en forma directa lo acusan de haberlos detenido y torturado.
Para formular su acusación, los fiscales contaron varios aportes.
El de Juan José Fernández, el secretario privado de Diego Muniz Barreto, que declaró una vez que se escapó del río adonde había sido arrojado en el auto. El relato de quienes lo escucharon. El dato de un papel con el nombre de Patti que Juan José Fernández y Diego Muniz Barreto sacaron de la comisaría de Escobar los primeros días del secuestro. Y la individualización de su nombre antes del golpe y después, momentos en los que no era conocido públicamente.
“En cuanto al homicidio de Gonçalves, no se explica de otra forma”, dijeron. “Fue amenazado, detenido y torturado por Patti en la comisaría; le dijo que lo iba a matar en la comisaría; en connivencia con Meneghini, seguramente otros más que no han sido individualizados y el personal del Ejército”. La víctima lo conocía: “Gonçalves estaba perdido desde el primer momento. Ningún otro pudo haber ejecutado la muerte del modo en que se lo hizo: no se trató de una persona que estaba en libertad y venía teniendo problemas con un policía, sino de alguien que estaba detenido en la comisaría y/o en el camión celular a disposición de la Policía y del Ejército”. Esas autoridades que se llevaron a otros detenidos a otras unidades militares, no se llevaron a Gonçalves: es decir, dijeron, “deciden que no sea trasladado. Se concluye que ya no es útil vivo y se dispone que sea ejecutado”. Patti “tuvo un papel determinante ya que lo conocía y le tenía encono desde años atrás”.
En esa ocasión, eliminaron a varios habitantes de la zona que estaban en la misma situación: vinculados entre sí y perseguidos por Patti. Los cuerpos fueron calcinados y ultimados a la vera de una ruta y enterrados como NN en el cementerio de Escobar. Años después, cuando Patti se convirtió en intendente, obstaculizó además la investigación.
– Alejandra Dandan – 23 de diciembre – Página 12
