La situación laboral de la Sra. Mirta Torres, quien recientemente declaró en el Juicio por Miguel Ragone, es complicada. Por un lado, la dejaron sin trabajo en el año 1995 (época de Romero) y posteriormente ingresó en el Scalabrini Ortiz como Bibliotecaria, con sueldo pagado por Cooperadora Escolar.
Torres perdió su cargo como empleada de planta permanente en la Cámara de la Legislatura y hasta la fecha, no se ha dado por resuelta su situación por la que existe causa, expediente y juicio. La Sra. Torres es militante, integra la Comisión de Familiares, Detenidos y Desaparecidos por razones políticas y gremiales de Salta, se trata de una figura esencial en los Derechos Humanos de la provincia. Fue detenida en 1975, posteriormente torturada, tuvo a uno de sus hijos en cautiverio – estado que duró hasta 1981- y es testigo de numerosos atropellos cometidos por represores. Podría considerarse que su caso conlleva un tinte político bajo título de persecución política que no exime al gobierno romerista de las patéticas consecuencias del decretazo y despido de 5 mil trabajadores.
Por aquel entonces, el Colegio Scalabrini Ortiz albergó a Mirta en la Biblioteca del Colegio para cumplir el rol de Bibliotecaria, por el que sumó 12 años en ese puesto, con un sueldo proveniente de fondos de Cooperadora Escolar.
En palabras de los directivos de la Institución, se han agotado las instancias para regularizar su situación laboral, con sendos pedidos en primer término al Ministerio de Educación para que pasase a integrar la planta del establecimiento. Sumado a ello, se han agotado también los recursos económicos para efectivizar el pago de su salario: “no podemos pagar más”– señaló el vice director a esta cronista, en virtud del cierre de la puerta de Biblioteca, con tres candados y una vara de hierro. El vice director expresó que “su trabajo es brillante” y sostuvo que no está en sus manos el nombramiento de Torres, pero que sería bueno que la designaran en el Colegio para continuar con sus funciones porque el modo en que se ha desempeñado en la Biblioteca. “No tenemos fondos, no tenemos dinero, no podemos pagarle más, los ingresos son inferiores al sueldo que ella nos pide”– dijo. El director por su parte, señaló que hicieron lo imposible para resolver su situación y que ella debe agotar los reclamos para recuperar su fuente de trabajo. Y la Coordinadora manifestó que el problema es por un vaciamiento legal que escapa a los directivos del Colegio.
Ayer por la mañana, cuando la Sra. Torres ingresó al colegio, encontró la puerta clausurada y permaneció en el lugar hasta que personal policial labrara un acta y a la espera de los pagos de los meses de mayo y junio por una suma de 3 mil pesos. La acompañaron desde media mañana, dos de sus hijos y entre otras personas, la Sra. Delegada de la CTA por la Red de Derechos Humanos, Blanca Nenina Lescano. Ambas, esperaban ya por el Acto Recordatorio de los 35 años de la Masacre en Palomitas, fecha que se cumplía el día de ayer, y por lo que Nenina señaló “no se puede hacer desaparecer a un trabajador, sacárselo de encima como si fuese el problema, y mucho menos en un día como hoy”. E indicó que denunciará maltrato hacia su persona y hacia Mirta, además de llevar el caso a DD.HH. y elevar notas a los Ministerios correspondientes junto al Acta policial. Calificó el hecho como incorrecto por entorpecer la libre circulación, el ejercicio laboral y los derechos humanos de una persona.
Lescano explicó a nuestro medio que el gobernador Urtubey ya tendría que haber recibido el pedido de audiencia por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, para el tratamiento del tema de la Sra. Torres. Indicó que el presidente de la Cámara, Manuel Godoy, fue requerido en dos oportunidades para responder por la causa sobre la restitución de Mirta a planta permanente, situación que fue pasada por alto ante el funcionario.
La difícil situación que enfrenta Mirta Torres depende de la buena voluntad del actual gobierno, quien podría dar por terminado un hecho que tiene larga data y puntos oscuros. El único que podría resolver por vía legal el conflicto, es el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Mientas tanto, hay una mujer que supo aferrarse a su único sustento, además de la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, su trabajo la mantuvo de pie ante la vida.
Sólo el gobernador Urtubey podría interceder en beneficio de Mirta Torres
este gobernador y cualquier otro tiene la obligacion de solucionar los problemas de la gente,son empleados como cualquier hijo de dios,el se debe a la gente y no nosotros a el,solucion urgente para esta señora