La receta neoliberal para “rescatar” a los países víctimas de las políticas especulativas globales son las mismas aplicadas durante la vigencia del Consenso de Washington. No en vano las hemos calificado en su momento como “salvavidas de plomo”.
Los sucesos de Grecia y otros países de la Eurozona traen ecos conocidos para la Argentina y Latinoamérica.
En nuestro país vivimos desde 2003 un ciclo de recuperación de la economía local favorecido por el dólar alto y el crecimiento de las exportaciones, que permitió esbozar políticas encaminadas a la recuperación del aparato productivo y la reindustrialización con sustitución de importaciones, con el Estado como actor no subordinado a los poderes corporativos.
En este período, si bien de modo dispar, las micro, pequeñas y medianas empresas pudieron crecer y en muchos casos reconvertirse y exportar. El apoyo a este segmento se hizo más efectivo con la creación del Ministerio de Industria y la elevación del organismo Pyme al rango de Secretaría, desde donde se reconoce explícitamente el papel dinamizador de este segmento de la economía.
La crisis internacional puso a prueba la solidez del rumbo iniciado. Desoyendo los malos augurios de los defensores del libre mercado, el Gobierno implementó medidas basadas sobre la protección del trabajo y la producción nacional, con lo que se evitaron miles de despidos y un perjuicio mayor sobre el conjunto de la economía. En poco tiempo se verificó la reanudación positiva de los índices de crecimiento, producción y actividad industrial.
Haciendo hincapié en estos logros es necesario precisamente poner el foco sobre los desafíos que afronta la necesaria consolidación del crecimiento con democratización económica y social ante renovadas amenazas globales.
Factores condicionantes
Desde distintos ámbitos se señala que subsiste una estructura productiva que hace al país dependiente en exceso de factores externos, mientras que se sostiene la necesidad de importar insumos para continuar produciendo.
El iniciado proceso de reconstitución industrial no conllevó una evolución acorde con alta especialización y promoción por sectores estratégicos, lo que restó posibilidad de mayor empleo de mano de obra y difusión tecnológica.
Paralelamente el crecimiento industrial se dio junto con una transferencia de recursos de los actores Mipymes y del trabajo hacia las grandes corporaciones transnacionalizadas, con lo que se agudizó la concentración y la extranjerización de la economía.
Desde APYME se ha venido subrayando este fuerte factor condicionante para el crecimiento, en la medida en que los poderes económicos logran poder de veto sobre las políticas regulatorias al tiempo que imponen condiciones de precios en los mercados, afectando la rentabilidad de las Mipymes y disminuyendo la capacidad de consumo de la población.
Será difícil fortalecer el entramado productivo nacional mientras subsista una cúpula de 500 empresas, en su mayor parte extranjeras, que fugan divisas y condicionan inversiones a la vigencia de un “clima de negocios” que favorezca sus superganancias.
Por eso señalamos que los cambios realizados podrán consolidarse si se toman como base para transformaciones más profundas, que apunten a diversificar la matriz productiva y generar condiciones para una distribución más equitativa del ingreso.
Cambios de fondo
En tal sentido es auspicioso el plan productivo 2020, cuyas etapas permitirían reconstruir las cadenas productivas con la directa participación de sus actores. Es preciso además incorporar a la discusión de mediano plazo las cuestiones vinculadas con la matriz energética y la preservación de los recursos naturales.
A fin de dar cauce a mayores inversiones genuinas, se impone reemplazar la nefasta Ley de Entidades Financieras pergeñada por Martínez de Hoz por una normativa que democratice el crédito, así como encarar la reforma de la Carta Orgánica de esa entidad a fin de que pueda acompañar las políticas del gobierno.
Una nueva ley de fomento a las Mipymes es una herramienta necesaria para que el Estado pueda generar y aplicar políticas integrales y segmentadas para este vasto sector que proporciona la mayor cantidad de empleos en el país y abarca más del 90% de las empresas.
Otra materia pendiente es la reforma integral del sistema tributario, altamente regresivo.
En el contexto electoral que culminará con los comicios nacionales, en APYME nos hemos trazado el objetivo de firmar actas de compromiso con las fuerzas políticas dispuestas a llevar adelante estas propuestas.
En el cierre de las recientes Jornadas Monetarias del BCRA, la presidenta de la Nación afirmó: “Lo más importante sucedido en estos tiempos es que debemos saber que la desigualdad es una tragedia social, pero que, sin lugar a dudas, es hoy un concepto profunda y estructuralmente económico”.
Esto significa, desde nuestra óptica, bregar junto con entidades afines y las amplias mayorías de trabajadores, estudiantes y profesionales por la concreción de un proyecto de país más próspero e inclusivo, sobre la base de políticas activas del Estado en complementación con las de otros países de Latinoamérica y las economías emergentes.
La realidad viene demostrando que este objetivo, además de necesario, es posible.
– Buenos Aires, 20 de julio de 2011
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
