En este terruño, comentar nuevos casos de apremios ilegales ya casi resulta lamentablemente baladí para la Opinión Pública en general.
Dicho esto, al tenor de lo manifestado por una familia de apellido Cardozo (E.T. –Pág.40 – 13-8-11), la cual debiera constituir Para cualquier Fiscal Penal de la Provincia, en “NOTITIA CRIMINIS” e impulsar de oficio la promoción de Acción Penal, en contra de los responsables materiales del hecho, que presuntamente tipificaría entre otros como privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, daño a la propiedad, abuso de armas, abuso de autoridad y otros etc…
Si estas gravísimas irregularidades o delitos siguen ocurriendo, ¿qué duda cabría que los PPNI representan una Policía Paralela dentro de la propia Policía, y sin control judicial alguno? Es más, si como afirma Verónica Cardozo (49) fue obligada a desnudarse y le examinaron sus partes pudendas…sin orden judicial alguna, sin causa penal abierta, ni pedido de captura en el fuero provincial y federal: ¿qué pasa entonces…? ¿Acaso todos los CIUDADANOS LIBRES estamos en riesgo, sin derechos ni tutela de Juez Jurisdiccional? De fuentes informales se conoció que la promoción de acción por la Fiscal LOYOLA contra policías por apremios y torturas, en el caso del doble crimen de la Quebrada de San Lorenzo, todavía el Juez DUBOIS no habría impartido directivas, a fin de establecer la identidad y responsabilidad penal y civil de los involucrados. ¿Retardo de Justicia o Inacción?
En otro orden, esta misma FISCAL tiene desde hace más de un mes en su despacho y sin resolver, un urgente y delicado tema de interés público. Se trata de un pedido de una medida Cautelar en defensa de sus matriculados, por parte del recientemente (31-5-11) constituido Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Salta Ley 7629/10 y nada menos que en contra de otro COLEGIO DE MARTILLEROS fantasma creado en abierta ilegalidad y clandestinidad, el cual “funciona” en calle España 955 de esta Ciudad, vaya a saber al amparo de qué padrinazgo político como si tal cosa.
No vaya a ser que la Fiscal Loyola promocione dicha acción y también vaya a manos del Juez DUBOIS…(¡!??) ¿Nada pasará tampoco..?
Necesariamente, ¿la Ciudadanía deberá contar en lugares públicos, con la identidad, teléfono, dirección particular de los jueces y fiscales de la provincia, cuando se sospecha de futuros operativos abiertos o encubiertos de PPNI, en defensa de sus bienes e integridad física?
Dura lex… Sed lex… Apliquemos las leyes señores de la Justicia de Salta.