Días pasados, el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y con su Ministro –candidato y demás autoridades públicas incluido el Juez Martín Pérez, distinguieron a policías por su actuación procedimental e investigativa, en el caso del doble crimen de la Quebrada de San Lorenzo.
Si hay que premiar o felicitar a funcionarios policiales que sólo cumplieron con su deber, está bien que el gobernador Urtubey lo haga a modo de estímulo y reconocimiento. Pero si se hace una lectura crítica de la cuestión, la génesis de todo esto tendría otros ribetes y propósitos de un color meramente político – electoral de muy bajo nivel y dudosa credibilidad en la opinión pública local. La idea, era mostrar criterios y stándares de seguridad y eficiencia oficial en investigaciones criminales, para que se proyecten fuera de la provincia, máxime cuando se conoce que la Justicia francesa tiene caratulada en su país, al asesinato de las dos turistas extranjeras como Secuestro y Violación seguida de Muerte.
De esta forma y no de otra, se interpreta esta puesta en escena que el oficialismo provincial, lleno de ínfulas y petulancia por el 60% del resultado electoral del 14 de agosto de 2.011, sólo producto de la acción rasante del Huracán Cristina en Salta, supone erróneamente que puede subestimar e ignorar la inteligencia del imaginario colectivo de este terruño, cuando de los tantos crímenes irresueltos en la provincia, fuera el primero que tuviera trascendencia nacional e internacional y que todavía no concluyera.
Si a esto le sumamos, el temible flagelo que opera en el noroeste del país de varias redes celulares del Crimen Organizado, conocido como Trata de Personas desde que visibilizaron su modus operandi por lo menos desde unos 10 a 12 años atrás. Los casos resonantes de desapariciones de gran notoriedad pública la gente los conoce, no así el desbaratamiento e identificación de bandas completas del crimen, tanto de fuera como dentro de la Argentina.
Es como retroceder a los años del Proceso, donde casi siempre, los familiares de las víctimas sabían de donde venía el secuestro y la tortura. Sin embargo hoy, el Estado nacional o provincial carece de respuestas claras y contundentes en resguardo de la libertad y seguridad de los ciudadanos. Todo sigue siendo una nebulosa inentendible e inalcanzable para el común en la serie de las más diversas índoles de acciones delictivas de todo peso y calibre.
Todos estamos expuestos, y a cualquiera le puede pasar y en cualquier momento, dicen muchos. Ya en la década del 60”un Premio Nobel de la Paz sostenía que “la injusticia en cualquier lugar, es una amenaza en todos lados”. Y al parecer, de eso se trata, de una AMENAZA LATENTE para jóvenes, adultos y niños de Salta y el resto de la Argentina. Ahora bien, si nos trasladamos a este Valle de Salta, refugio de una sociedad conservadora decadente y pergaminos decoloridos y en desuso, una buena parte de sus representantes de “clase”, todavía manejan e influyen en los resortes del poder real y político. Así, llegamos a una vieja y más que centenaria organización civil denominada Policía de Salta.
Esta fuerza pretoriana y sujeta a los vaivenes políticos de todas las épocas, se quedó en el tiempo desde la gobernación de Roberto Romero, primer mandatario constitucional luego del nefasto Proceso de Reorganización Nacional de Videla y compañía. ¿Por qué razón? Su propia Ley Orgánica Policial que se sancionó y nunca se reglamentó desde hace unos 28 años por mezquinas conveniencias políticas. Eso, como en los años de plomo, la siguió haciendo autónoma y legisferante de su propia reglamentación interna, arbitraria e inconstitucional que aún hasta hoy aplica.
Uno de los consabidos institutos que impone es el conocido como ARRESTO a su propio Personal, que no es otra cosa que una extensión horaria de trabajo sin compensación económica, el que traducido no es más que una reducción a servidumbre, figura tipificada en el Código Penal, donde es responsable material el propio Estado provincial.
Pero hay una práctica policial más grave y que no se erradica para siempre, es aquella con el abierto consentimiento omisivo y sancionable de jueces, ministro y secretario de Seguridad, lo constituyen hechos de Apremios Ilegales cometidos en intramuros de sede policial, una repartición pública provincial sobre personas privadas de su libertad ambulatoria. El artículo 144 bis en su inciso 2do. dice “Al funcionario que desempeñando un acto de servicio, cometiera VEJACIÓN contra esas personas o les aplicare apremios ilegales»… Vejación quiere decir maltrato, persecución, hacer padecer dolor físico o psicológico.
La etimología de APREMIAR significa someter, apretar u obligar a una persona a realizar una determinada acción en contra de su voluntad (confesiones bajo coacción agravada), siendo ello siempre ilegal e inconstitucional. El propio artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que NADIE puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
En esto hay que destacar, que el combate con el delito por el Estado no se lo hace a costa de generar otra figura penal punible, aunque en las malas praxis tribunalicias, casi siempre recurren a tomar en cuenta legislaciones procesales que dicen SOSPECHA RAZONABLE, INDICIOS VEHEMENTES, etc. que lo hacen parecer como motivos fundados para avalar el uso y costumbre de detenciones con apremios ilegales, reñidos con la legislación penal positiva en nuestro país.
Hay que recordar que el Estado cuenta siempre con los medios necesarios para esclarecer DELITOS sin necesidad de incurrir en ninguna ILICITUD de índole alguna, muchos menos los Apremios Ilegales sobre ciudadanos, el que repugna la conciencia humana por el abuso de poder y autoridad, y sobre todo como un canallesco acto de cobardía.
Luther King dijo alguna vez: «NUESTRA GENERACIÓN NO SE HABRÁ LAMENTADO TANTO DE LOS CRÍMENES DE LAS PERSONAS, COMO EL ESTREMECEDOR SILENCIO DE LOS BONDADOSOS”. El que escribe agregaría: Y DE LOS CÓMPLICES POR OMISIÓN.
Así estamos hoy en el Valle de Lerma.
– El autor es Periodista (De la Asoc.de Periodistas de Salta) – Columnista Político
¿Hay política criminal seria en el gobierno del reelecto Urtubey?
La trascendencia de uno o varios crímenes está dentro de la lógica del enfrentamiento de facciones políticas (como Clarín con el Estado Nacional o Tribuno con el gobierno salteño)
La denuncia de esta puesta en escena no contribuye a la clarificación de este crimen ni de ningún otro. Sino que entra dentro de la lógica del enfrentamiento de facciones políticas, detrás de la cual subyacen ideologías que conducen el pensamiento. En este sentido la acción no resulta ya emancipadora, ni el pensamiento ‘no oficialista’, sino que queda atrapado dentro de la lógica pensada por el dominante.
Me parece que no es el interés la intencionalidad subyacente de los funcionarios, sino la posibilidad de resolución de un crimen, pero más profundamente, el compromiso de mirar la seguridad por parte del gobierno.
A este compromiso, prescindiendo del debate sobre la movilidad primera del compromiso – si es interés de construcción de legitimidad política por lo tanto de construcción de poder, o devolución de la función social del ejecutivo, o ambas- es a lo que desde la ciudadanía y todas las instituciones intermedias debemos aportar. Y además, exigir. Me refiero a que no es compromiso de uno y pasividad del otro, sino una acción conjunta. En ese sentido, es preciso trabajar sobre la sociedad y las instituciones intermedias para que demanden la resolución de casos irresueltos.
La discusión no debe ser entonces la movilidad primera del poder de gobierno, sino la posibilidad de acciones conjuntas con la ciudadanía y pensar en un nuevo y cada vez más participativo rol de ésta en la resolución de conflictos pensados hasta ahora privativos del poder de policía o del poder judicial.
También en relación a la trata de personas, la sociedad, el gobierno y las instituciones intermedias podrían reforzar el trabajo en son de la desnaturalización de cuestiones toleradas y tomadas como comunes por la gente. Por ejemplo, en el norte la vida próxima a los centros de diversión nocturna en manos de capitales que ligan la actividad política -mancillándola- con la empresarial, son centros de vulneración de derechos para muchas mujeres.
En relación a la circulación de la información sobre el desbaratamiento de bandas del crimen, me parece que el rol de la ciudadanía y algunos poderes del estado, debiera exigir a los circuitos de administración de justicia la rendición de cuentas y la actitud de hacer circular información que es pública, pero que se trata como privada, tras una práctica consuetudinaria sobre lo que imaginamos que es el poder de un juez. Las oficinas de prensa de los poderes judiciales tienen que poner en circulación todo el tiempo, el trabajo que realizan. Sin embargo resulta admisible tratarla como una cuestión de privilegio – a la información sobre su propio trabajo – cuando no hay demanda social sobre esa información.
Es como retroceder a los años del Proceso la ciudadanía y las instituciones intermedias deben demandar la información a que me refiero más arriba.
El trabajo desde las instituciones intermedia debiera correr en este sentido, lo cual involucra a los medios y los periodistas. Pero no a cuenta personal, sino con el respaldo de instituciones unidas.
En relación a la AMENAZA LATENTE del conservadurismo salteño, la policía es parte de la sociedad y hay que mirarla en ese contexto. Si bien la estructura de poder de la anquilosada sociedad salteña se modificó lentamente a lo largo del siglo xx y con ella la policía, en el sentido de extender los derechos de ciudadanía, queda mucho por hacer en relación al vínculo entre la representatividad en el poder que cierto sector social tiene, el gobierno y la policía. Es necesario disminuir la cuota de poder circulante entre altas esferas del ejecutivo, legislativo y judicial; y la cúpula policial. Una policía democrática tiene necesariamente que estar al servicio de la ciudadanía y no de la estrecha cúpula de poder entre los tres poderes fundamentales del estado. Pero es absolutamente necesario que la policía se vea a sí misma en ese sentido. A tal empresa, es necesario devolverle a la institución policial su propia memoria histórica y su propia condición de clase.
Todo lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la separación entre la conducción civil de las estrategias de seguridad -que superan ampliamente a la policía- y la conducción policial de la institución de policía que ha sabido almacenar a lo largo de su historia un conocimiento específico sobre su función en la seguridad, que escapa la mirada más coyuntural de la conducción política.
Es necesario avanzar sobre la reconsideración y modernización de la ley orgánica de policía. En ese sentido sería muy sano que la sociedad pudiera participar, porque debe ser considerado una competencia de todos y no solo de la policía, y los tres poderes del estado. Tenemos una tradición que liga las facultades sobre la policía casi absolutamente al poder del ejecutivo, es necesario trabajar sobre eso. ¿Cómo empezar? Instalando la posibilidad en la sociedad y en la discusión seria e informada sobre seguridad entre los funcionarios.
En relación a la distorsión de los mecanismos internos de la institución policial en su propia administración de justicia, considero que ni la policía propiamente ni el ejecutivo están en condiciones de revisar solos el tema. El debate debe venir de fuera. De la sociedad y las instituciones intermedias. Del legislativo.
En cuanto a la responsabilidad institucional y de sus decisores jerárquicos y políticos, la discusión sobre el abuso de poder, debe ampliarse a todos los ámbitos de poder. La violencia institucional de cada una de las instituciones sobre sus miembros es subterránea, tolerada y silenciada sistemáticamente. Ahí más que nunca la policía debe ser considerada como parte de la sociedad, y los apremios y abusos internos tratados como problemas sociales. No como privativos de los actores arriba enunciados. Es un terreno donde se fusiona la tradición militarizada de las instituciones en nuestro país, no solo de la policía, los propios gobiernos incorporan mucho de lo militar. Hay que estudiar qué magia social hace posible que desaparezca la decisión y la mirada sobre esa existencia subterránea de lo militar todas partes, pero se enfoque en la institución policial y militar. Actualmente, los propios policías tienen dificultad en asumir el aspecto militar positivo de su organización. Hay que recuperar los sentidos positivos de lo militar para recortar la discusión sobre los negativos.
Mientras las discusiones sobre la relación entre lo que dice la ley -como escrito en un papel muerto, en el sentido positivo del derecho- y la forma en que la gente se apropia de ese pacto de convivencia que es el derecho, no discurra fuera del ámbito de discusión del derecho penal a una sociología de los tribunales para poner en perspectiva de problema social lo que se trata como un problema de especialistas; las malas praxis tribunalicias serán decididas y sostenidas por una corporación de funcionarios especialistas en usar la justicia para fines propios. Una vez más, la promesa viene de las instituciones intermedias y los movimientos sociales a comprometerse en contra del dogmatismo jurídico y filosófico del derecho. HAY QUE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA Y EL ACCESO A ELLA. Lo cual incluye el acceso a la justicia para los propios funcionarios policiales.