La trascendencia de uno o varios crímenes está dentro de la lógica del enfrentamiento de facciones políticas (como Clarín con el Estado Nacional o Tribuno con el gobierno salteño).
La denuncia de esta puesta en escena no contribuye a la clarificación de este crimen ni de ningún otro. Sino que entra dentro de la lógica del enfrentamiento de facciones políticas, detrás de la cual subyacen ideologías que conducen el pensamiento. En este sentido la acción no resulta ya emancipadora, ni el pensamiento ‘no oficialista’, sino que queda atrapado dentro de la lógica pensada por el dominante.
Me parece que no es el interés la intencionalidad subyacente de los funcionarios, sino la posibilidad de resolución de un crimen, pero más profundamente, el compromiso de mirar la seguridad por parte del gobierno.
A este compromiso, prescindiendo del debate sobre la movilidad primera del compromiso – si es interés de construcción de legitimidad política por lo tanto de construcción de poder, o devolución de la función social del ejecutivo, o ambas- es a lo que desde la ciudadanía y todas las instituciones intermedias debemos aportar. Y además, exigir. Me refiero a que no es compromiso de uno y pasividad del otro, sino una acción conjunta. En ese sentido, es preciso trabajar sobre la sociedad y las instituciones intermedias para que demanden la resolución de casos irresueltos.
La discusión no debe ser entonces la movilidad primera del poder de gobierno, sino la posibilidad de acciones conjuntas con la ciudadanía y pensar en un nuevo y cada vez más participativo rol de ésta en la resolución de conflictos pensados hasta ahora privativos del poder de policía o del poder judicial.
También en relación a la trata de personas, la sociedad, el gobierno y las instituciones intermedias podrían reforzar el trabajo en son de la desnaturalización de cuestiones toleradas y tomadas como comunes por la gente. Por ejemplo, en el norte la vida próxima a los centros de diversión nocturna en manos de capitales que ligan la actividad política -mancillándola- con la empresarial, son centros de vulneración de derechos para muchas mujeres.
En relación a la circulación de la información sobre el desbaratamiento de bandas del crimen, me parece que el rol de la ciudadanía y algunos poderes del estado, debiera exigir a los circuitos de administración de justicia la rendición de cuentas y la actitud de hacer circular información que es pública, pero que se trata como privada, tras una práctica consuetudinaria sobre lo que imaginamos que es el poder de un juez. Las oficinas de prensa de los poderes judiciales tienen que poner en circulación todo el tiempo, el trabajo que realizan. Sin embargo resulta admisible tratarla como una cuestión de privilegio – a la información sobre su propio trabajo – cuando no hay demanda social sobre esa información.
Es como retroceder a los años del Proceso la ciudadanía y las instituciones intermedias deben demandar la información a que me refiero más arriba.
El trabajo desde las instituciones intermedias debiera correr en este sentido, lo cual involucra a los medios y los periodistas. Pero no a cuenta personal, sino con el respaldo de instituciones unidas.
En relación a la AMENAZA LATENTE del conservadurismo salteño, la policía es parte de la sociedad y hay que mirarla en ese contexto. Si bien la estructura de poder de la anquilosada sociedad salteña se modificó lentamente a lo largo del siglo xx y con ella la policía, en el sentido de extender los derechos de ciudadanía, queda mucho por hacer en relación al vínculo entre la representatividad en el poder que cierto sector social tiene, el gobierno y la policía. Es necesario disminuir la cuota de poder circulante entre altas esferas del ejecutivo, legislativo y judicial; y la cúpula policial. Una policía democrática tiene necesariamente que estar al servicio de la ciudadanía y no de la estrecha cúpula de poder entre los tres poderes fundamentales del estado. Pero es absolutamente necesario que la policía se vea a sí misma en ese sentido. A tal empresa, es necesario devolverle a la institución policial su propia memoria histórica y su propia condición de clase.
Todo lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la separación entre la conducción civil de las estrategias de seguridad -que superan ampliamente a la policía- y la conducción policial de la institución de policía que ha sabido almacenar a lo largo de su historia un conocimiento específico sobre su función en la seguridad, que escapa la mirada más coyuntural de la conducción política.
Es necesario avanzar sobre la reconsideración y modernización de la ley orgánica de policía. En ese sentido sería muy sano que la sociedad pudiera participar, porque debe ser considerado una competencia de todos y no solo de la policía, y los tres poderes del estado. Tenemos una tradición que liga las facultades sobre la policía casi absolutamente al poder del ejecutivo, es necesario trabajar sobre eso. ¿Cómo empezar? Instalando la posibilidad en la sociedad y en la discusión seria e informada sobre seguridad entre los funcionarios.
En relación a la distorsión de los mecanismos internos de la institución policial en su propia administración de justicia, considero que ni la policía propiamente ni el ejecutivo están en condiciones de revisar solos el tema. El debate debe venir de fuera. De la sociedad y las instituciones intermedias. Del legislativo.
En cuanto a la responsabilidad institucional y de sus decisores jerárquicos y políticos, la discusión sobre el abuso de poder, debe ampliarse a todos los ámbitos de poder. La violencia institucional de cada una de las instituciones sobre sus miembros es subterránea, tolerada y silenciada sistemáticamente. Ahí más que nunca la policía debe ser considerada como parte de la sociedad, y los apremios y abusos internos tratados como problemas sociales. No como privativos de los actores arriba enunciados. Es un terreno donde se fusiona la tradición militarizada de las instituciones en nuestro país, no solo de la policía, los propios gobiernos incorporan mucho de lo militar. Hay que estudiar qué magia social hace posible que desaparezca la decisión y la mirada sobre esa existencia subterránea de lo militar todas partes, pero se enfoque en la institución policial y militar. Actualmente, los propios policías tienen dificultad en asumir el aspecto militar positivo de su organización. Hay que recuperar los sentidos positivos de lo militar para recortar la discusión sobre los negativos.
Mientras las discusiones sobre la relación entre lo que dice la ley -como escrito en un papel muerto, en el sentido positivo del derecho- y la forma en que la gente se apropia de ese pacto de convivencia que es el derecho, no discurra fuera del ámbito de discusión del derecho penal a una sociología de los tribunales para poner en perspectiva de problema social lo que se trata como un problema de especialistas; las malas praxis tribunalicias serán decididas y sostenidas por una corporación de funcionarios especialistas en usar la justicia para fines propios. Una vez más, la promesa viene de las instituciones intermedias y los movimientos sociales a comprometerse en contra del dogmatismo jurídico y filosófico del derecho. HAY QUE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA Y EL ACCESO A ELLA. Lo cual incluye el acceso a la justicia para los propios funcionarios policiales.
– Fernando Pequeño Ragone
Comentario enviado a la nota ¿Hay política criminal seria en el gobierno del reelecto Urtubey?
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