Colegio Fantasma de martilleros avalado por la Corte de Justicia contra la Ley

Cualquier lego sabe y conoce que en una jurisdicción provincial no pueden coexistir dos colegios profesionales que agrupen a una sola actividad. ¿Quién o quiénes como funcionarios públicos permiten esto? ¿Favores políticos acaso?

Como se conoce públicamente, desde el 31 de mayo de 2011 fue constituido por primera vez en 53 años y por imperio de la ley provincial 7629/10, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Salta Ley 7629/10, después de una larga tramitación del proceso de matriculación a los profesionales del sector, siendo informado sobre cada actuación mediante Expte. Administrativo, la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta. Tanto así, que en ninguna etapa del Expte. administrativo de constitución fuera objetado dicho procedimiento por el órgano público de contralor.

Dicho esto, en el sentido de todo trámite iniciado y concluido en la Administración Pública Provincial se rige por los principios y enunciados previstos en la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos 5348/78, habiéndose la institución profesional señalada, ajustado su actuación a la normativa vigente, siendo todos sus actos de plena validez jurídica y sin observaciones ni impugnación.

También la Corte de Justicia fue informada debidamente y se le presentó oportunamente la Nómina de Matriculados como Colegio de Ley y de acuerdo a lo que dispone la ley 7629/10, sin que la misma formulara objeciones al respecto.

Casi al mes de empezar su funcionamiento de esta institución profesional, aparece en escena de modo fantasmal y transgrediendo toda disposición legal en la materia, y de ser por años una Asociación de Martilleros ubicada en España 955, abruptamente, cartel mediante en la fachada se da a conocer como Colegio de Martilleros de Salta Ley 7629/10, realizando ladinamente a posteriori el mismo trámite vía Expte. en el Ministerio de Gobierno de la pcia., el cual fuera aceptado en dicho organismo público, con una liviandad y ligereza que mueve a sospecha.

¿Qué está pasando entonces? Cualquier lego sabe y conoce que en una jurisdicción provincial no pueden coexistir dos colegios profesionales que agrupen a una sola actividad. ¿Quién o quiénes como funcionarios públicos permiten esto? ¿Favores políticos acaso? La cuestión es que cuando llegan a la Corte de Justicia el listado y presentación de este Colegio de Martilleros Fantasma, tampoco el máximo órgano judicial de la provincia objeta nada y los recibe como si fuera legal.

Eso sí, a la Denuncia administrativa en contra los representantes legales del Colegio de Ley aludido, la Corte de Justicia les da cabida y direcciona la misma hacia la órbita de Jueces Correccionales según Expte. 22607, obrante en el Juzgado de Instrucción Formal 6ta… ¿INSÓLITO O MALA INTENCIÓN…? Los ilegales denuncian a los Legales y se los manda a un juzgado de instrucción, autos que todavía no se resolvieron y hay una fiscal en el medio con un pedido de una medida cautelar del colegio de ley que no se respondió.

¿Y ahora qué hace la Corte? Al parecer le habría solicitado al Poder Ejecutivo mediante nota que se expida o intervenga para que le digan cuál es el verdadero Colegio de Ley.

¿Le parece a Ud. lector, que la última instancia judicial de la provincia, no puede per se, y a través de cualquier Juez de 1ra. Instancia, dictar de oficio una sentencia declarativa y dilucidar la cuestión, y si hace falta hacer procesar a los responsables del mencionado Colegio Fantasma que sigue “funcionando” con normalidad como si nada ocurriera?

ESTO OCURRE, CUANDO UN PODER DEL ESTADO QUE TIENE EL DEBER DE ADMINISTRAR JUSTICIA NO HACE NI QUIERE HACER CUMPLIR LAS LEYES…

Los ilegales están equiparados a los legales en orden y competencia. Dios y el Señor del Milagro nos salve!!!