En Tucumán el Genocidio tuvo su primera implementación con El Operativo Independencia que inició en febrero de 1975, en pleno Gobierno Constitucional de Estela Martínez de Perón. El Ejército Argentino ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego se iría extendiendo a diferentes provincias, hasta alcanzar todo el país una vez consumado el del Golpe Militar. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país denominado “La Escuelita”.
Mientras el pasado no sea saldado, lo que pasó sigue pasando, día tras día, sigue pasando. Pasa todo el tiempo, es tiempo presente. Si no hay Justicia vuelve a pasar.
A 32 años del golpe genocida en que el Poder Económico y su brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas, instauraron a sangre y fuego el Estado Genocida, los hechos nos dan la razón.
Hace 32 años en nuestro país comenzó el proceso de recomposición de un sistema que se encontraba en crisis mediante un siniestro plan de apropiación de la riqueza del pueblo argentino a manos del monopólico capital financiero nacional e internacional. Para garantizar su efectiva realización se implementó el plan represivo más sangriento en la historia de la nación, que significó la generalización de la práctica del terrorismo de estado, a partir de la metodología de la desaparición forzada de personas cuyas víctimas fueron obreros, estudiantes, políticos, dirigentes, militantes populares y todos aquellos que planteaban de manera critica y activa la transformación del país. Se reemplazó la Constitución Nacional por el Estatuto de Reorganización Nacional de la dictadura oligárquica militar pro-imperialista; se violentaron todos los derechos constitucionales; se intervinieron militarmente las organizaciones sociales como sindicatos, agremiaciones de pequeños y medianos empresarios, universidades; se prohibió el accionar de los partidos políticos; desapareció la libertad de pensamiento, de expresión y de libre circulación.
Los militares y los grupos económicos nacionales y extranjeros, que financiaron y dirigieron económicamente el terrorismo de Estado y la dictadura, contaron con la complicidad de algunos dirigentes políticos, la cúpula de la Iglesia y la burocracia sindical.
En Tucumán el Genocidio tuvo su primera implementación con El Operativo Independencia que inició en febrero de 1975, en pleno Gobierno Constitucional de Estela Martínez de Perón. El Ejército Argentino ocupó el territorio de la provincia, y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos, que luego se iría extendiendo a diferentes provincias, hasta alcanzar todo el país una vez consumado el del Golpe Militar. Así es como Tucumán tuvo el primer Centro Clandestino de Detención del país denominado “La Escuelita” que funcionó en la ciudad de Famaillá. Sin embargo la violencia, amparada por el Estado, ya había tenido sus primeras armas con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización ilegal y paramilitar, comandada por Lopez Rega, Ministro de Bienestar Social de Isabel, que atentó contra cientos de dirigentes políticos y organizaciones populares.-
Una vez mas estamos en esta plaza para denunciar cómo la impunidad de ayer ve su continuidad en la impunidad de hoy. Porque JULIO LÓPEZ, continúa desaparecido.
Hoy 24 de marzo, son 18 meses y 6 días de su ausencia. Contamos los días, porque un día sin Julio López es un día más de IMPUNIDAD.
La impunidad de ayer, la impunidad de hoy, que entorpece la Justicia que exigimos. Julio López desapareció por segunda vez un día de democracia, que quedó grabado como un día de terror, del mismo terror que se desató con la dictadura que calló las voces de 30.000 argentinos que pensaban y accionaban por un país con trabajo, justicia social, equitativa distribución de la riqueza, salud, educación, para todos y todas.
Quedó demostrado que con declamaciones no basta, pues el APARATO REPRESIVO SE MANTIENE INTACTO, manifestándose en los casos de gatillo fácil, en los crímenes impunes amparados por el silencio ensordecedor del Gobierno, en las detenciones arbitrarias por contravenciones, en la represión a las luchas populares, en los servicios de seguridad privada al mando de represores. Hace un año y medio que exigimos su aparición con vida, y no recibimos una sola respuesta cierta por parte del Gobierno y de todas las instituciones del Estado.
Su desaparición, su segunda desaparición forzada nos grita, nos reclama, como espantoso ejemplo de la NATURALIZACIÓN DE LA IMPUNIDAD que trajeron aparejados tantos años de injusticia, de pretender meter la mugre bajo la alfombra. La sociedad no se apropió de esa desaparición escandalosa. Nuevamente la figura del desaparecido pretende la idea de que desapareció solo.
Pero la mugre aflora en todas partes, como el asesinato del prefecto Febres, pocos dias antes del momento en que se iba a leer la sentencia en el juicio oral en su contra. Su muerte borró la posibilidad, aunque más no sea pequeña, de que tal vez revelare donde están los hijos de los Compañeros, apropiados y ocultados bajo otros nombres.
Estos dos hechos vinculados a los juicios, que se están llevando a cabo treinta años después, nos permite decir que hoy, en nombre del terrorismo de Estado de los ’70, hay quienes siguen matando. La muerte del genocida Febres significa esto, que siguen haciendo lo que hicieron siempre. Lo único que saben hacer. Su atroz arte de matar por la espalda, que actúan buscando la impunidad de los culpables del GENOCIDIO, generando temor, confusión y pretendiendo amedrentar a los que luchamos por Justicia.
Pero los Organismos de Derechos Humanos y demás organizaciones sociales y políticas no transitaron en vano este largo y doloroso período caracterizado por la negación de Justicia.
La impunidad de ayer, la impunidad de hoy. A la violencia no sólo represiva, sino Económica ejercida por el Estado Genocida la vemos instaurada y enquistada aún hoy, a través de la reproducción de la pobreza y la desigual distribución de la riqueza, las cuales día a día se siguen incrementando.
El gobierno de CFK y Alperovich, en defensa de su alianza con los sectores económicos dominantes, reprime a los que no claudican en la lucha. Así sucedió con los trabajadores del Casino Flotante de BSAS, los docentes en Salta, Santa Cruz y Neuquén, con los jubilados, con los desocupados y a los que se movilizan en defensa de los intereses populares, como en la lucha contra el aumento del boleto en Tucumán.
La represión se manifiesta no solo a través de los aparatos del estado como en el asesinato de Carlos Fuentealba por la policía neuquina, sino también mediante organizaciones y patotas paraestatales como en el de Lázaro Duarte. Quien fuera un militante del MST de Neuquen que murió en febrero de este año, a causa de un ataque perpetrado por una patota que ingresó a la madrugada al local del MST.
En Tucumán la Impunidad se manifiesta también, en la ausencia de justicia para los más de 150 casos que desde hace 100 martes continúan denunciando que en esta provincia la justicia ejerce derecho de admisión con los pobres. Y que hoy en plena democracia siguen desapareciendo personas, víctimas de la trata de personas u otros delitos.
La impunidad ayer y hoy continúa cobrándose sus víctimas entre los adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, acosados por la represión o las víctimas de la desnutrición visible y oculta.
¡Basta de represión a los adolescentes y jóvenes y de la judicialización de la pobreza!. El Hambre es un Crimen. Ni un pibe menos.
A pesar de la coyuntura internacional favorable a la valorización de las materias primas, que reportan grandes dividendos a las arcas del estado nacional, a través de las retenciones, los grandes problemas de los trabajadores y del pueblo no han sido resueltos.
El estado sella nuevos aumentos en las tarifas públicas, mantiene las privatizaciones y las leyes laborales del menemismo y los salarios deprimidos, a través de pactos con el empresariado y la burocracia sindical.
El gobierno de Alperovich a través de los principales medios de comunicación financiados por él, pretende que el pueblo crea que se genera trabajo digno, que se combate el trabajo en negro, cuando en realidad, solo se aumenta la precarizacion, y el estado es el principal empleador en negro, instaurando así el envilecimiento laboral. Los jubilados son dejados morir literalmente, sin ver resuelta su demanda por el 82% móvil a pesar de existir disposiciones judiciales que así lo disponen. La destrucción del medio ambiente también es consentida por el gobierno, debido a su complicidad con las empresas, podemos mencionar el caso de las contaminación por la explotación minera en Aguas Ricas y La alumbrera, donde además se cuenta con complicidad de la UNT; o la aceptación de la existencia de industrias contaminantes, tales como los ingenios, las citrícolas, etc.
La impunidad de ayer, la impunidad de hoy. El Plan Cóndor elaborado por los EE.UU. para sostener a las dictaduras latinoamericanas encuentra su correlato contemporáneo en el Plan Colombia y su sucedáneo el Plan Patrióta. Repudiamos la intromisión de Colombia en territorio Ecuatoriano respaldada por el imperialismo yanqui, así como cualquier intromisión del imperialismo genocida.
El Estado Genocida que no respetó la vida se ve perpetuado y continuado en democracia con la participación en las instituciones de funcionarios de la dictadura con la totalidad complicidad del actual gobierno; tal el caso de Pablo Baillo, Mauricio Guzman y los reconocidos ex bussistas, hoy acoplados a la lista oficial.
El Estado provincial al parecer no tan sólo aloja entre sus filas a represores y ex funcionarios de la dictadura sino que ahora los asciende, poniéndolos en sitios estratégicos, pretendiendo que la Justicia que perseguimos se vea postergada aún más. Repudiamos enérgicamente la vergonzosa decisión de Alperovich de proponer al abogado Sassi Colombres, como Vocal de la Corte Suprema de Justicia, aunque 24 horas después, presionado, diese marcha atrás. Como también denunciamos a la Legislatura, obsecuente y cómplice, que aprobó el pliego.
Aunque porqué nos extrañaría esto de un gobernador con prácticas tan autoritarias como dictatoriales, ya que es el mismo que maneja el presupuesto, la justicia y los negocios a su antojo, para favorecer a empresas propias y las del selecto círculo de privilegiados amigos.
Mientras nosotros esperamos más de 30 años para comenzar a ver a los asesinos en la cárcel y vemos cómo la falta de presupuesto y personal ven bostezar las causas por delitos de lessa humanidad en los Tribunales de todo el país, paradójicamente los represores cuentan con abogados y grupos de contención bien pagados por Estado.
El Poder Judicial ha dado muestras acabadas de cuál es su criterio para administrar justicia, de los cientos de casos por delitos de lesa humanidad en la provincia, el primer caso a elevar a juicio oral es el de Vargas Aignasse, un caso sin querella. Existen causas como la de Arsenales, paradigma del Genocidio en Tucumán que cuenta con un increíble caudal probatorio, que duerme el sueño de los justos, mientras espera algún día ser elevada a juicio oral.
Por esto Exigimos la inmediata elevación a juicio oral de las causas por delitos de lesa humanidad, el Juzgamiento por Centro Clandestino de detención, evitando así la revictimización de los testigos y sobrevivientes en los juicios.
Porque una Justicia lenta no es Justicia.
Por esto Exigimos:
– Aparición con Vida Ya de Julio López! El esclarecimiento de su desaparición, y certezas sobre la investigación. Que el gobierno asuma la responsabilidad por su desaparición y la DECISIÓN POLÍTICA de investigar su secuestro.
– Celeridad en la investigación y la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos y su unificación por Centro Clandestino de Detención. Juicios orales ya!!!!
– Basta de IMPUNIDAD. Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo YA!!.
– Por la restitución de la identidad de los más de 400 niños apropiados durante la Dictadura Militar.
– La apertura de los archivos secretos de la SIDE, el Ejército y la Policía.
– Por una Justicia independiente y una política de estado eficaz para la protección de los ciudadanos, que garantice la plena vigencia de derechos humanos para todos.
– Desprocesamiento y libertad a los luchadores populares. No a la criminalización de la protesta social.
– El esclarecimiento del asesinato de Paulina Lebbos y de los más de 150 casos de víctimas de la impunidad en Tucumán.
– No a la ley Antiterrorista.
– A 20 años de su asesinato continuamos exijiendo justicia por el compañero Fredy Rojas, asesinado por la custodia de Bussi.
– Repudiamos la represión y las persecuciones y amenazas a los militantes políticos y sociales.
– Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Carlos Fuentealba y el compañero Lázaro Duarte.
– Exijimos la nulidad de los Indultos a los Genocidas.
– Protección a los testigos y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
– CÁRCEL COMÚN, PERPETUA, EFECTIVA E INMEDIATA para todos los GENOCIDAS y sus cómplices civiles y eclesiásticos.
– LA IMPUNIDAD solo genera MÁS IMPUNIDAD
NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!
AHORA Y SIEMPRE!!!
(DOCUMENTO ÚNICO CONSENSUADO CON LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES A LA MOVILIZACÓN-TUCUMÁN)
Todos a la plaza
– Concentramos a las 18hs en Junín y Santa Fe (Tucumán)
– Organización EL ANDAMIO-avalanchaNORTE
– NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS
– 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!
– AHORA Y SIEMPRE!!!
