En Tucumán los Derechos Humanos no son prioridad oficial. Un represor del Ejército es asesor en el Gobierno de Alperovich. El militar retirado Luis Edgardo Ocaranza fue Supervisor Militar del D2 y estuvo a cargo del Centro Clandestino de Detención ubicado en la Jefatura Central de Policía entre mayo y diciembre de 1977. Desde enero del 2004, forma parte del Personal de Gabinete en el Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán, como asesor de Jorge Jiménez.
Una investigación llevada a cabo por la organización de Derechos Humanos H.I.J.O.S y la organización El Andamio, a la cuál accedió en forma exclusiva Contrapunto, develó que el ex represor, Ocaranza, es funcionario político dentro del gobierno de José Alperovich.
(Exclusivo. Contrapunto) Nota: Desde que subimos nuestra página web fue atacada 2 veces y la misma fue bajada por el servidor. Ante la posibilidad que esto se repita «casualmente» ante las notas que se envían en este boletín, la agencia de noticias Redacción – www.anred.org , incluirá en su página web las principales notas de este boletín.
Entre los años 1975 y principios de 1978, funcionó en la Jefatura Central de Policía, en avenida Sarmiento al 800 de la capital tucumana, un Centro Clandestino de Detención (CCD). Un verdadero campo de concentración en plena ciudad.
«Si la metodología empleada por los militares de la Dictadura Genocida, fue la desaparición forzada de personas como herramienta de destrucción de toda oposición al régimen y de amedrentamiento del resto de la población, no es un dato menor que dicha metodología incluya concentrarlos, torturarlos y asesinarlos ilegalmente en medio del centro urbano. Esta es una de las singularidades de este nefasto CCD conocido como `La Jefatura´», indicaron desde las organizaciones encargadas de la investigación.
Terminada la dictadura, en 1985 se estableció por Ley Nº 5595 la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos en Tucumán para posibilitar la investigación del terrorismo de Estado.
Consta en dicho informe realizado por la Comisión Bicameral al hacer referencia al CCD «La Jefatura» que:
«(…)Sus dependencias constaban de un salón grande, el que se utilizaba para concentrar a los detenidos que serían interrogados de inmediato (…)
Todos los detenidos permanecían en ese salón con los ojos vendados y las manos atadas, acostados sobre el piso.
Al lado del salón, y comunicadas con él, había dos oficinas, utilizadas ambas como salas de torturas. En una de ellas, denominada «la sala del teléfono», se aplicaba la picana eléctrica. En la otra se practicaban otros tormentos: desde palizas con palos hasta la práctica del submarino».
Además, según testimonios de testigos que constan en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) «el personal responsable de este campo de concentración pertenece al Departamento de Inteligencia (D-2) de la Policía Provincial de Tucumán, bajo las órdenes de un teniente primero del Ejército, que se desempeñaba bajo la denominación de `supervisor militar´».
Entre Mayo y Diciembre de 1977, el Teniente Luis Edgardo Ocaranza, del Regimiento 19 de Infantería, se desempeñó como supervisor militar al mando del Servicio de Información Clandestina (SIC), según testimonios de sobrevivientes de la «Jefatura».
El SIC fue creado en 1975, con la función principal de ser el control militar sobre el D-2. Tenia como base personal jerárquico de la Policía de la Provincia, «bajo el mando del Inspector General Marcos Fidencio Hidalgo, y del Inspector Mayor Roberto Heriberto Albornoz, conocido por su apodo de `El Tuerto´».
El SIC, desde el punto de vista de cadena orgánica de mandos, estaba bajo control y supervisión de la V Brigada de Infantería.
El primer oficial del ejército que cumplió la función de contralor militar sobre el D-2 fue el teniente primero Lazarte, que luego fue sucedido por el Teniente primero Félix González Naya, aproximadamente desde abril de 1976 hasta mayo de 1977. Desde esa fecha, es sucedido por Luis Edgardo Ocaranza, hasta finales del mismo año.
En diciembre de 1978, el Servicio de Información Confidencial es disuelto, pasando algunos de sus integrantes a formar parte orgánica del D-2 y el resto a ocupar puestos jerárquicos en la estructura funcional de la policía.
Cuando se desmonta la Jefatura Central de Policía, a fines de 1977, algunos detenidos que se encontraban todavía allí recluidos son trasladados a otros Centros, otros fueron puestos a disposición del Ejecutivo o también simplemente «trasladados al pozo», o sea asesinados según la jerga represiva.
Durante el periodo en que Ocaranza fue supervisor del Servicio de Información Confidencial, no era simple «mano de obra», tenía en sus manos la decisión sobre la vida de mucha personas. Conforme a las constancias de CONADEP y la Comisión Bicameral, y sin contemplar nuevos testimonios recabados judicialmente, se encuentra documentado el paso de 33 personas por la Jefatura durante el tiempo en que Ocaranza cumplió funciones como Interventor Militar, entre las cuales se encuentran tres mujeres denunciadas como embarazadas. Cabe aclarar que esta cifra, no contempla a tantas otras personas, que pasaron por allí pero de las cuales no se tienen testimonios, ya que «La Jefatura» era el primer lugar adonde los compañeros eran conducidos luego de ser secuestrados, y desde allí y en base al trabajo de inteligencia previo y posterior, se decidía cual sería su suerte. Las edades de los secuestrados iban desde los 21 hasta los 62 años.
No esta claro el destino del represor en el periodo que abarca principios de 1978 y el inicio del periodo democrático. Hasta donde se sabe, podría haber formado parte del D2.
Sobre lo que sí hay certezas, es que no fue juzgado por su actuación dentro de la última dictadura militar. El represor logró ampararse en la ley de Punto Final, dictada por el entonces presidente radical, Raúl Alfonsin, el 24 de diciembre de 1986.
Así, continuó su carrera militar dentro del ejército. Entre 1996 y 1997, el Teniente Coronel Luis Ocaranza fue jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 26, como se puede corroborar en la página web de dicha fuerza. No hay claridad respecto a cuando fue pasado a retiro.
En su vuelta a la vida civil, fue designado en 1999 como subgerente de la Mutual Juramento, una organización fundada diez años antes por 12 tucumanos retirados del Ejército. «La intención inicial era defender los salarios de la hiperinflación», señalaba el mismo Ocaranza en una entrevista concedida a la revista local Contexto, el 19 de febrero de 2001 (www.contexto.com.ar).
Se vuelve a saber de él en enero del 2004, cuando fue designado como Personal de Gabinete en el Ministerio de Economía de Tucumán, según consta en su historia laboral.
El 11 de marzo de 2005, por decreto Nº 493/3 (ME), se autorizó al señor Asesor del Ministerio de Economía Luis Edgardo Ocaranza, categoría 24, Personal de Gabinete, a trasladarse a la Ciudad de Neuquén, para participar de unas jornadas organizadas por la Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte de la Legislatura de la Provincia del Neuquén.
Luego, a partir del 29 de octubre de 2007, al día siguiente de la asunción del segundo mandato del gobernador José Alperovich, por decreto N° 221/3 (ME), del 05/11/2.007, se designa nuevamente como «Personal de Gabinete, Categoría 24, en el Ministerio de Economía al Señor Luis Edgardo Ocaranza, L.E. Nº 8.488.479«.
Dentro de esta categoría, percibe alrededor de $2.800, más la extensión horaria, lo que le dejaría en bolsillo cerca de $4000 por mes.
«En un momento histórico- político, en el cual se están comenzando a juzgar estos aberrantes crímenes, nos preguntamos: ¿Cómo justifica el Gobernador de esta Provincia el amparo que le está dando entre sus filas a quien en nombre del Terrorismo de Estado cometió espantosos crímenes que lesionaron la humanidad toda?», plantearon desde la organización de DD.HH. HIJOS y la organización El Andamio.
Un plan sistemático de aniquilamiento
Según plantearon HIJOS y El Andamio, desde el inicio del Operativo Independencia, el 9 de Febrero de 1975, el Ejército ocupó el territorio de la provincia y puso en marcha un Plan Sistemático de Violaciones Masivas de los Derechos Humanos.
Para esto contó con la colaboración de todas las fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario y por supuesto la Policía Provincial y Federal, ejecutándose una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, robo sistemático de bebés, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas.
Este Plan Sistemático de Violaciones a los Derecho Humanos perpetrado en el periodo 1975- 1983, fue un sistema perfectamente elaborado de comisión de delitos, y aniquilamiento de una parte sustancial de la población argentina, que significó la comisión del Delito de Genocidio.
Desaparecidos vistos en la Jefatura en el período comandado por el Teniente Luis Edgardo Ocaranza
– ADRISS, Salim Ismael – 26 años – Noviembre 1977
– APAZA JIMENEZ, Carlos Roman – 28 años – Mayo 1977
– ARALDI LUMBARDINI, Raul Ernesto – 30 años – Septiembre 1977
– ARIÑO PAZ, Joaquin – 25 años – Junio 1977
– BARRIONUEVO OLEA, Maria tránsito – 20 años – Junio 1977
– BEJAS PUCEI, Maria Cristina – 33 años – Junio 1977
– BUSTAMANTE MARQUESTO, Graciela del Valle – 27 años – Abril 1977
– CAMPOS, Enrique Aurelio – 33 años – Septiembre 1977
– CERROTA DE RAMOS, Alicia – Junio 1977 – EMBARAZADA
– CISTERNA GIMENEZ, Maria Angelica – 23 años – Septiembre 1977 – EMBARAZADA DE 6 meses
– CORONEL AZAR, Marta Herminia – Mayo 1977
– CORONEL BRITO, Rolando – Mayo 1977
– DUPUIS DE VALLADARES, Nelly – 62 años – Abril 1977
– FONTANARROSA LARRAZA, Daniel Enrique – 30 años – Mayo 1977
– GARMENDIA MERLO, Angel Mario – 33 años – Junio 1977
– IBAÑEZ RIVERO, Luisa Ana – 28 años – Junio 1977
– JIMENEZ CLEMENTE, Maria Isabel – 41 años – Junio 1977 – EMBARAZADA 2 meses
– MITROVICH CAINZO, Adriana Cecilia – 25 años – Abril 1977
– MOREIRA ROMANO, Victor Manuel – 23 años – Abril de 1977
– OJEDA SIERRA, José Eduardo – 25 años – Septiembre 1977
– PONCE OLIVERA, Humberto Rubén – 27 años – Mayo 1977
– PONCE RAIA, Horacio Marcelo – 23 años – Abril 1977
– QUINTEROS GALLARDO, Wenceslao – 38 años – Julio 1977
– ROJAS RIOS, José Dalmiro (h) – 23 años – Julio 1977
– ROMERO MOLINA, Reyes Alcario – 33 años – Julio 1977
– ROMERO MOLINA, Raúl Rene – 22 años – Julio 1977
– ROMERO ROMERO, Juana Antonia – 33 años – Mayo 1977
– SANTILLAN SCHWAB, Gustavo Raul – 22 años – Abril 1977
– SOMAINI MOREY, Ricardo Daniel – 22 años – Abril 1977
– TORES CORREA, Ricardo Guillermo – 28 años – Abril 1977
– VILLEGAS HERRERA, Jorge – 21 años – Junio 1977
Comunicado De Prensa: ESCRACHE A LUIS EDGARDO OCARANZA
Agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Tucumán), El Andamio- Avalancha Norte, (Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FA.DE.TUC.), Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Universitario por el Conocimiento y la Transformación (MUCyT) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas – Frente Popular Dario Santillán (COBA)
El 24 de Marzo se realiza un escrache a Luis Edgardo Ocaranza, militar retirado del Ejército, quien cumplió funciones en el CCD «La Jefatura» que funcionó en el local de la Jefatura de Policía situado en la manzana ubicada en la intersección de las calles Junín, Santa Fé, Av. Sarmiento y Av Salta.
Los archivos y legajos de la CONADEP y la Comisión Bicameral de Tucumán, señalan la responsabilidad de Ocaranza en el funcionamiento del aparato represivo durante la Dictadura Militar. De acuerdo a los mismos, el militar retirado habría cumplido funciones como Interventor del D2 en la Jefatura de Policía en el periodo comprendido entre mayo de 1977 y diciembre de ese mismo año, sucediendo en dicho cargo de Felix Gonzalez Naya.
El Servicio de Información Confidencial (SIC), al mando de Roberto Heriberto Albornoz alias «El Tuerto», fue la patota de la Policía Provincial encargada del secuestro de quienes habitaron en el área metropolitana en el periodo 1975 – 1978 (San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo). Quienes sufrían el secuestro a manos de la patota del «Tuerto» luego eran mantenidos secuestrados en «La Jefatura», donde sufrían torturas, interrogatorios y tratos crueles e inhumanos. El SIC funcionó bajo las órdenes directas de Albornoz, el Jefe de Policía (desde 1975 quienes se sucedieron en ese cargo fueron militares: Arrechea, Zimmermann, etc), y el Interventor Militar de Inteligencia; estos junto al 142 de Inteligencia del Ejército formaban «La Comunidad» de Inteligencia, que concentraba los informes de inteligencia y en última instancia decidía sobre la vida y la muerte de los tucumanos.
Ocaranza, no era simple «mano de obra», tenía en sus manos la decisión sobre la vida de mucha personas. Conforme a las constancias de CONADEP y la Comisión Bicameral, y sin contemplar nuevos testimonios recabados judicialmente, se encuentra documentado el paso de 33 personas por la Jefatura durante el tiempo en que Ocaranza cumplió funciones como Interventor Militar, entre las cuales se encuentran tres mujeres denunciadas como embarazadas. Cabe aclarar que esta cifra, no contempla a tantas otras personas, que pasaron por allí pero de las cuales no se tienen testimonios, ya que «La Jefatura» era el primer lugar adonde los compañeros eran conducidos luego de ser secuestrados, y desde allí y en base al trabajo de inteligencia previo y posterior, se decidía cual sería su suerte.
Con esta actividad queremos señalar a los ojos de la Justicia y la Sociedad, que así como Ocaranza, existen muchos otros acusados de cometer crímenes de lesa humanidad que se encuentran libres y no cumpliendo una condena por los delitos de los que son responsables. Muchos cuya identidad se encuentra oculta y que no conocemos.
Ocaranza, en lugar de estar procesado en las causas donde se investigan los delitos cometidos en el CCD Jefatura, hoy cumple funciones en el Ministerio de Economía de la Provincia, como Personal de Gabinete desde enero de 2004, siendo a partir del 29 de octubre de 2007, por decreto N° 221/3 (ME), del 05/11/2.007, designado nuevamente con Categoría 24, dentro de esta categoría, percibe un salario de alrededor de $2.800, más la extensión horaria, lo que le dejaría en bolsillo cerca de $4000 por mes.
Este escrache es realizado en el marco de la Marcha en Conmemoración por los 32 años del Golpe Militar, con la adhesión y el apoyo del resto de las organizaciones convocantes al mismo.
UNA JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA!!!!
JUICIOS ORALES YA!!!
PROCESAMIENTO A TODOS LOS CULPABLES DEL GENOCIDIO POR TODOS LOS COMPAÑEROS!
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!!
NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS
CONTACTOS:
– H.I.J.O.S: 0381 – 154678744
– EL ANDAMIO: 0381 – 154174926
CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS ORGANIZACIONES
Martes 25 a las 11Hs en el Bar del Círculo de la Prensa
H.I.J.O.S. Tucumán, El Andamio-AvalanchaNorte, FA.DE.TUC, Madres de Plaza de Mayo, MUCyT y COBA convocan a conferencia de prensa con motivo de la denuncia de la participación del represor Luis Edgardo Ocaranza como funcionario del gobierno de la provincia de Tucumán. Invitamos a periodistas, organismos de derechos humanos y partidos políticos a participar. La misma se realizará en el Bar del Círculo de la Prensa, Mendoza 240 a las 11hs.
EL LUNES A LAS 18 HS DISTINTAS ORGANIZACIONES MOVILIZARÁN A PLAZA INDEPENDENCIA
24 de Marzo: 30.001 razones que siguen convocando
Recordar el golpe de estado en la actualidad plantea desafíos importantes, más en una provincia como Tucumán. ¿Qué pasó y cuáles son los resultados? La impunidad continúa y los derechos humanos, a pesar de los discursos, se siguen violando.
POR ANRED – Agencia de Noticias Red Acción
Nuevo Gobierno: Nuevo Punto Final
En un nuevo aniversario del golpe genocida, hay un fantasma que recorre la vida política argentina: la «reconciliación». Algunos organismos de Derechos Humanos denunciaron la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en materia de juzgamiento a los represores como un nuevo punto final. En medio de esto, Julio López desaparecido hace 18 meses y un torturador asesinado para sellar el pacto de impunidad.
UN DURO GOLPE A LA MEMORIA
«Tucumán se había convertido en el laboratorio de exterminio del país»
Eduardo Rosenzvaig es historiador, profesor de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de Tucumán y director del Instituto de Cultura Popular. Recibió numerosos premios, entre ellos el «Casa de las Américas». Rosenzvaig es fundamentalmente escritor, y en una charla sin desperdicios, conseguimos que recreara el contexto de los años ´70.
– Fuente: CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa (Tucumán)
