Hace casi ocho años no tan sólo la sociedad salteña se vio conmovida por el resonado caso en que Alberto Yapura asesinó a su mujer y dos de sus hijos en uno de los actos más violentos que se recuerde sobre violencia de género y familiar.
Pero no fue este el tema central que se instaló en el palabrerío social a pesar de que conmovió a gente solidaria y también a los morbosos hasta en sus mismos cimientos sentimentales por las características de tremenda y oscura tragedia familiar, sino que la responsabilidad del estado como surtidor de seguridad y justicia se vio seriamente cuestionada y diríamos que se ve actualmente cuestionada ya que aún no se confirmó, justicia de por medio, la responsabilidad que le correspondió al haber recibido múltiples pedidos de ayuda por parte de la señora Roxana Alderete (esposa y víctima del asesino) con las correspondientes denuncia a la policía y la incongruente actuación de la justicia en aquellos tiempos.
Hoy por hoy el estado salteño aún sigue apelando por su inocencia ya que el juicio que se le sigue condenaría a pagar al estado una miserable y limosnera indemnización a la única sobreviviente de una masacre anunciada y que tanto el actuar de la policía como el de la justicia podrían haber evitado, tratando de eludir el estado salteño su responsabilidad en lo que se refiere a seguridad y justicia al ciudadano común que en este caso resultó ser nada más y nada menos que una familia.
¿Por qué se trae esta crónica al presente? Resulta que se viene sucediendo una serie de denuncias en la policía local, por ejemplo en la tercera en el año 2010 y donde se perdió hasta un peritaje médico por el intento de asfixia de parte del señor Hugo, pareja de la demandante en aquel entonces, la Sra. Elizabeth y la cual luego de tomar coraje ante tremenda situación decidió alejarse del potencial asesino.
En el correr de los años las amenazas de muerte siguieron ocurriendo ahora dirigidas también a su actual pareja, de forma directa y últimamente mediante reiterados mensajes de textos hasta de manera obsesiva y que rayan el perfil de una persona psicótica y demente por el tenor de estas.
En el día cinco del corriente mes, ante esta situación, la Sra. Elizabeth alertó nuevamente a la policía, denuncia de por medio en la seccional sexta, con la esperanza de sentirse aliviada ante el estado de peligro permanente en que vive.
¿Cuántos años más tendrán que pasar o lo que es lo mismo cuántas muertes anunciadas más tendrán que suceder para que la policía y consecuentemente la justicia obren eficazmente sobre el derecho a la seguridad ante la violencia de género? ¿Es que tanto poder puede tener un matón que se jacta de influencias en las seccionales para sentirse tan impune y amedrentar con tanta liberalidad a quién se le ocurra? O es como le sucediera a Roxana Alderete a quien un agente judicial le dijera que ”la justicia no está para prevenir sino para reprimir” y sucedió lo que sucedió: su muerte y la de dos de sus hijitos.
A esto se debe sumar que muchas veces ni la exclusión del hogar de este tipo de personajes ni la guardia policial llegan a ser garantes de la seguridad.
El deber de la policía y de la justicia es salvar estas vidas que están en tremendo estado de indefensión.
