La causa indaga sobre secuestros, tormentos y crímenes aplicados a 417 víctimas, en los campos de concentración La Perla, La Ribera y el D2.
La primera audiencia se retrasó porque policías imputados reclamaron que los familiares de las víctimas retiraran del recinto fotografías y flores que hacían presentes, simbólicamente, a los ausentes. En los alrededores, diversos colectivos realizaron una movida artística.
Un largo camino de impunidad comenzó a desandarse. Durante el desarrollo del proceso se irá revelando en toda su magnitud el funcionamiento del aparato represivo del Terrorismo de Estado en Córdoba. Ahora los imputados son 45, debido a que Aldo Chechi, que permanecía en libertad, se suicidó el domingo en un hospital de Buenos Aires.
Los grandes ausentes fueron los represores Ernesto Barreiro, Héctor Pedro Vergez, José Tófalo y Luciano Benjamín Menéndez que lo siguieron a través de videoconferencia en el penal de Ezeiza.
Salvo por un incidente protagonizado por policías imputados que se manifestaron ofendidos porque familiares y público ingresaron al recinto con las fotografías de algunas víctimas y claveles de papel crepe, la jornada aunque con retrasos, se realizó conforme a lo planificado.
Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a quien interrumpieron a los gritos, mientras hacía uso de la palabra, evaluó que el Tribunal estuvo a la altura de las circunstancias al denegar el reclamo porque “ni las flores ni las fotos son agresivas, incluso son un signo de paz. Se resolvió sabiamente una situación incómoda, un episodio que no amerita mayor análisis y que pasa a ser una nota de color”, afirmó, al promediar la tarde.
El magistrado relativizó el incidente y destacó la importancia de haber conformado una megacausa que refleje lo que pasó en Córdoba, una de las jurisdicciones más castigadas. “Hacer juicios con uno o dos casos no lo reflejaba cabalmente”, analizó y afirmó que “desde el punto de vista procesal hay un aprovechamiento íntegro de una cantera probatoria para que los testigos no deambulen en todos los juicios”. Además recordó que los tiempos se están acabando porque hay un punto final biológico para imputados y testigos.
Lo que vendrá
Para el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, “este juicio tiene la misma significación que los demás, pero refleja la real dimensión del Terrorismo de Estado en esta provincia, y en este fatídico lugar, el centro de exterminio La Perla”. Recordó la lucha emprendida por los Organismos de derechos humanos y ponderó la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de llevar a cabo los juicios. “Anhelamos que se puedan cerrar estas historias con memoria, verdad y justicia, porque no solo es importante para las víctimas sino para la sociedad y para la democracia”, señaló.
En relación a la aparición de otros actores cómplices de la dictadura cívico militar expresó que “en todos los juicios aparece alguna arista nueva, algún mecanismo nuevo que utilizó el estado cuando se transformó en terrorista”, afirmó el funcionario que viajó para la apertura.
Durante el proceso se investigarán violaciones a los derechos humanos previas al Golpe cuando grupos paraestatales actuban desde las sombras a sabiendas del gobierno. “Se van a analizar hechos que se remontan a 1975, cuando la intervención del peronismo de derecha le dio rienda suelta a grupos paramilitares como el Comando Libertadores de América, que luego fueron gendarmes en los campos de concentración La Perla y La Ribera”, comentó, Hugo Vaca Narvaja, abogado querellante del Serpaj, que forma parte de un grupo de seis abogados que respaldan el trabajo que viene realizando María Elba Martínez, desde 1984.
Y analizó que “este juicio es una etapa más en la lucha contra la impunidad donde se determinarán, claramente, las responsabilidades de ciertos sectores que actuaron en la represión. Permitirá, por ejemplo, analizar los contactos que Barreiro y Vergez, dos militares emblemáticos de la época, mantenían con la sociedad civil y los grupos económicos de Córdoba”, precisó.
Como se viene afirmando desde hace años, el blanco más atacado dentro del plan sistemático fue el sindical.
“Uno tiene su historia personal, su propia mochila, pero estamos pendientes de todas las causas, de todas las desapariciones que hubo, porque hemos recolectado mucha evidencia testimonial y documental que acredita fehacientemente la responsabilidad jurídica de que estos personajes fueron integrantes del Departamento de Inteligencia 141”, dijo Agustín Di Toffino, hijo del sindicalista de Luz y Fuerza, Tomás Carmen Di Toffino, desaparecido en La Perla. Y agregó que ahora era fundamental que “este proceso se colectivice, que este juicio salga a la calle, porque no solo reconstruimos la vida de las personas desparecidas sino que estamos reconstruyendo la historia de Córdoba y del país”, opinó el militante de H.I.J.O.S. actual funcionario de dd.hh de la Nación
Antes de ingresar a la sala, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, le contó a este medio que su espíritu derrama expectativas. “Estoy exultante, porque es la primera vez que se va juzgar a Luciano Benjamín Menéndez y a toda su patota por el robo de bebés. Guardo la esperanza de que alguno de los represores tenga un gesto de humanidad y nos diga a quienes entregaron a nuestros nietos. Creo que en este juicio vamos avanzar en su búsqueda”, comentó.
Para Ana Mohaded, testigo y querellante, este acontecimiento le produce un cúmulo se sentimientos. “Anoche pensaba en el rastro que deja el dolor. La llegada a esta situación me lleva a mirar para atrás y ver esas huellas que te tironean y que tienen que ver los amigos que no están, con lo que uno vivió en ese lugar. Al mismo tiempo, están presentes también trazas de amor, de participación, y de confianza en este pueblo maravilloso con sus banderas…”, dijo mientras hacía la fila para ingresar, llevando una flor de crepe rojo.
Ni flores ni fotos
Iniciada la apertura de la audiencia, se generaron momentos de tensión en el recinto. El abogado de la Unidad de Letrados Móviles, Juan Carlos Belagardi, por pedido de dos de sus defendidos: Arnaldo López (personal civil de Inteligencia) y Luis Alberto Lucero (policía), tomó la palabra para solicitar que las fotografías y flores que portaban los familiares en la sala fueran retiradas.
El jefe de Fiscales, Jorge Auat, dijo que “las flores representan un símbolo de paz” y así debía entenderse. Explicó que no constituía provocación alguna, como si lo fue el uso de escarapelas realizado por los imputados en otros juicios. Los policías interrumpieron a viva voz al magistrado generando un clima de tensión inesperado que se dirimió cuando la sala fue abandonada en masa por los policías. Ahí mismo, el represor Héctor Pedro Vergez le hizo señas de cuernos al Tribunal, situación que Díaz Gavier no vio pero advertido del hecho le ordenó que “se abstenga de realizar esas manifestaciones”.
La querella en pleno rechazó el pedido. El abogado de los Organismos, Claudio Orosz, manifestó que no había que entrar en cuestiones provocativas y aludió a la norma que enmarca la conducta. El abogado de la defensa, Osvaldo Viola, le solicitó al Tribunal que hubiera “paridad de armas” y que evite cualquier situación que afecte a las partes y realizó una encendida defensa de la escarapela dándole un sentido opuesto a los dichos de Auat.
Ana Overlín, también querellante, explicó que tanto las fotos como las flores intentan “traer esas presencias que son motivos de este debate y no son comparables con insultos. Es absurdo debatir esto”, dijo y solicitó que no se conceda la petición de la defensa. En igual sentido se manifestaron la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, María Teresa Sánchez y Juan Miguel Ceballos del Serpaj.
El tribunal deliberó y decidió en forma unánime rechazar el planteo. “De ninguna manera es una provocación o intimidación contraria al orden y al decoro para aplicarse alguna medida restrictiva”, informó, Díaz Gavier.
Auat aclaró lo que todos entendieron. No se refería a la escarapela como símbolo sino al “uso perverso y estratégico” que le daban los imputados. Mientras hablaba el fiscal, Yamil Jabour levantó la voz rompiendo los códigos de respeto, lo que provocó una dura reprimenda de Díaz Gavier.
Previamente, cuando los fotógrafos ingresaron a realizar su trabajo en la sala, varios acusado llevaron a cabo una “intervención” con textos de lectura. “El Negocio de los derechos Humanos”, “La tablada”, “El Vietnam Argentino”, “Los traidores” y la revista El Sur cuya tapa titulaba “Infierno en la Torre judicial”, fueron los títulos elegidos para mostrar ante los flashes.
Pasadas las 13, se inició la lectura de la pieza acusatoria. Primero lo hizo Pablo Bustos Fierro, que leyó la causa Rodríguez que investiga el asesinato de Diego Hunziker, secuestrado el 3 de marzo de 1979, trasladado a Hidráulica y La Perla y asesinado mediante el operativo ventilador. El cuerpo fue encontrado en las excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología forense, en el cementerio de San Vicente y entregado a los familiares, años atrás.
Por la tarde, lo reemplazó el secretario Pablo Urrets Zavalía.
Las audiencias continuarán hasta el 20 de diciembre, de martes a jueves, desde las 10, en Tribunales Federales. El público podrá ingresar con DNI.
– Katy García
Prensared
