Todos los operadores del sistema penal, llámese la policía, los jueces, incluso los abogados y los medios de comunicación están destinados a que solamente caigan en prisión, a atrapar a los pequeños delincuentes, a los sectores humildes, a los sectores más pobres de la sociedad.
Hay que poder salir de la lógica que impera desde la derecha y de este sentido común reaccionario, de que el derecho penal tiene la función de resolver absolutamente todos los conflictos sociales. No se resuelve la desigualdad y la exclusión con el código penal y con más represión, este camino ha llevado a que las cárceles estén cada vez más colmadas por jóvenes y pobres y podemos afirmar, cada vez más jóvenes y más pobres; porque el código penal es claramente clasista en el sentido que condena como delito las conductas que atentan contra la propiedad privada, y en general las que llevan adelante los sectores más pobres de la sociedad, por eso uno se puede explicar que robar una cabeza de ganado, sea mas grave que robarse un avión o que hacer una grave defraudación bancaria. Por otra parte lo que se pretende con este derecho penal, con esta forma de operar en el delito penal, es como cubrir a los llamados delincuentes de cuello blanco, que son aquellos sectores que están enriquecidos a costa del sacrificio y de la denigración de millones de argentino
Esta situación no es ingenua y lo que se esconde atrás de la misma es tapar las actuaciones de las verdaderas mafias que existen en la Argentina, la policía federal, las policías provinciales, el servicio penitenciario, están vinculados a los hechos más graves del país, de Budge, los muertos del 2001, en Salta podríamos señalar los asesinatos de los piqueteros del norte, Veròn, Santillán, Justiniano, Gémez, entre otros.
Hay que avanzar en la Argentina en políticas de seguridad nacional que no la hay, en depurar a las fuerzas de seguridad, a las policías, al servicio penitenciario, pero no sólo de aquellos involucrados en hechos de terrorismo de estado, sino también a los que están vinculados a todos los casos de privación de los derechos humanos constitucionales y a las organizaciones mafiosas, que a sus vez todos sabemos que son los ejecutores de los delitos mas graves, los secuestros extorsivos, la trata de blancas, la prostituciòn infantil, el tráfico de drogas, este es el primer tema sino no hay posibilidades de seguridad ciudadana..
Hay que mantener un proceso de quitarle facultades a la policía, y para eso hay que modificar el Código Procesal Penal de la nación.
Hay que modificar los códigos procesal penal de cada una de las provincias, donde el sistema de enjuiciamiento criminal es un sistema inquisitivo, en el cual el juez de instrucción es órgano referente y es órgano judicial, es decir cumple la función de fiscal y la función de juez.
Hay que avanzar para conformar en el marco del sistema acusatorio fiscalias específicas para la investigación de delitos específicos, para investigar un delito bancario no necesito un especialista en criminalìstica, en armas, sino que necesito expertos en economía, en finanzas, en el funcionamiento de las instituciones bancarias.
Para averiguar los delitos, en particular los delitos mas complejos, tenemos que dotar a estas fiscalias de la capacitación necesaria para poder trabajar en la investigación de estos hechos y esto tal vez implique que haya que separar a la policía de la investigación de los hechos delictivos.
Entiendo también que hay que derogar el régimen de contravenciones que por ejemplo penaliza la prostituciòn callejera, que esta en mano de la policía que juzga y condena a las prostitutas; derogamos el régimen contravencional y eliminamos uno de los principales nichos de corrupción del sistema policial.
En conclusión, la problemática de la seguridad se relaciona muy poco con el derecho penal sino mas bien esta vinculada con la seguridad del trabajo, la seguridad a la previsión social, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, en definitiva, la seguridad se resuelve con inclusión y no con represión.
