Una de las últimas decisiones del ex gobernador fue nombrar a Gustavo Ferraris quien tiene causas por represión como Secretario de Seguridad. Fue impulsado por el ex gobernador. Intentan removerlo.
Martina Noailles- Crítica de la Argentina
06.05.2008
En su última acción en lo más alto del poder provincial, el ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero movió las fichas del tablero para cuidar sus espaldas a futuro: designó a su cuestionado secretario de Seguridad como juez de la Suprema Corte. Gustavo Ferraris ingresó así al máximo tribunal provincial, a pesar de que no cumplía con varios de los requisitos formales básicos y de que tenía causas en la Justicia.
Por ejemplo, por la compra de autos “mellizos”, represiones policiales a docentes y comunidades originarias, y desalojos violentos que ignoraron las órdenes judiciales.
La designación de Ferraris, el 23 de noviembre pasado, provocó la reacción de gran parte de la población salteña, incluyendo a políticos, jueces, abogados y camaristas.
Faltaban sólo diez días para el fin de doce años de poder romerista.
Envió el pliego de su joven secretario de Seguridad al Senado y, en menos de 24 horas, su amplia mayoría legislativa lo aprobó. Dos días después, los jueces de la Corte, también designados por Romero, le tomaron juramento.
Salta es la única provincia del país en la que rige un sistema que contradice la Constitución Nacional y por el cual los mandatos de los jueces de la Corte caducan automáticamente cada seis años, afectando la independencia y la estabilidad del Poder Judicial.
Ante su nombramiento, y luego de una gran marcha por las calles de Salta, el Colegio de Abogados de la provincia presentó un amparo ante la Corte pidiendo su nulidad. Los argumentos: inhabilidad moral, ilegalidad de la designación y ausencia de requisitos constitucionales.
La designación de Ferraris no cumplió con ningún proceso anticipado de publicidad, necesario y obligatorio, para que los ciudadanos puedan controlar e impugnar el pliego propuesto.
Además, según la denuncia, Ferraris no cumple siquiera con los diez años en el ejercicio de la profesión de abogado que establece el artículo 154 de la Constitución provincial.
Pero más allá de estas irregularidades, tan básicas como formales, Ferraris fue cuestionado por falta de idoneidad –su currículum consta de sólo siete líneas– y por inhabilidad moral.
Su pliego no incluyó informes penales ni valoraciones de sus actuaciones que, ante la omisión, el Senado debería haber requerido para analizar sus antecedentes.
Ferraris no informó sobre la sanción que recibió en 1996 de parte del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados por cobrar una suma desproporcionada a un cliente que había ganado una indemnización.
Tampoco incluyó una suspensión por seis meses cuando cursaba Derecho en la Universidad Católica de Salta por cambiar la bolilla en un examen!!!!!!!.
Más grave es la omisión de las investigaciones judiciales que existen o existieron en su contra.
En muchas de ellas fue sobreseído, casualmente, una semana antes de ser designado en la Corte, como en un expediente en el que está acusado por allanamiento ilegal y apremios ilegales.
Hace dos semanas, otro juez lo exculpó, esta vez, en la causa que investiga la brutal represión conocida como “La noche de las tizas”, ocurrida en abril de 2005 cuando era Secretario de Seguridad.
El juez Sergio Miranda procesó por 57 vejaciones al ex jefe de la Policía de Salta, Hugo Liendro, y al comisario Rubén Arcelán.
La versión de Ferraris fue que habrían actuado de manera independiente a sus órdenes.
Durante su gestión en Seguridad se produjo la represión a los pobladores del barrio San Expedito, asentado sobre tierras fiscales, a pesar de que un juez había solicitado el freno al desalojo.
Y fue el centro de otro escándalo por manejar un auto “mellizo”, denunciado como robado ante la Justicia.
Aunque argumentó que “el uso de autos secuestrados fue autorizado por algunos jueces”, el argumento fue refutado por la propia Corte que hoy integra.
