En este espacio territorial se encuentra presente nuestro patrimonio cultural, histórico y ancestral.
El Divisadero, 18 de abril 2013
Desde hace más de una década la COMUNIDAD DIAGUITA KALCHAKÍ “EL DIVISADERO” sufre el intento de despojo territorial, amenazas, aprietes y apremios, por parte de la Justicia y de los terratenientes Antonio Abán Abregu, Eduardo Tolaba y Héctor Herrera, entre otros, en contra de nuestra autoridad tradicional, delegados de base, consejo de ancianos, consejo de jóvenes y miembros de la comunidad.
En el marco de la plena vigencia del Derecho Indígena y del derecho colectivo que nos ampara como Pueblos Originarios, denunciamos estos hechos de violencia y repudiamos el accionar de la jueza María Virginia Toranzo de Lobaglioque, en el día de la fecha, ordenó un desalojo (Exp. N° 10000/12) en nuestro territorio ancestral, desconociendo el Relevamiento Territorial realizado en el marco de la Ley Nº 26160 y 26554, a través del cuál se reconoce nuestro derecho a la posesión actual pública y tradicional de dicho Territorio. La Jueza Toranzo nuevamente pretende desconocer y violar nuestro derecho colectivo, contemplado en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22.
En este espacio territorial se encuentra presente nuestro patrimonio cultural, histórico y ancestral, como andenes de cultivo, muros de contención, morteros, restos de cerámicas y antigales (tumbas y urnas funerarias) donde están nuestros ancestros, los cuales dan muestras de nuestra permanencia desde siempre en este Territorio. La ley nacional de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico N° 25.743 y la ley provincial N° 6649 (régimen de los monumentos y museo histórico, arqueológico y paleontológico) amparan nuestros derechos.
Los terratenientes avanzaron violando nuestro territorio comunitario con desmonte del bosque nativo y destrucción de sitios sagrados. Esto fue denunciado el 4 de marzo de 2013 en la Policía de Cafayate seccional N° 60 y en el juzgado.
Como pueblo preexistente somos los únicos herederos y guardianes de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales.
Asumimos el legado de nuestros mayores y nos mantenemos movilizados por el cumplimiento pleno y efectivo de nuestros derechos como Pueblos Originarios. Ante los hechos ocurridos designamos, en asamblea comunal, delegados para el reguardo permanente de nuestro patrimonio sagrado.
Exigimos:
– La suspensión inmediata de la sentencia de desalojo hasta que no haya una sentencia firme de la causa.
– Que el Poder Judicial aplique de forma plena y efectiva el Derecho Indígena que nos ampara como Pueblos preexistentes.
– La Inclusión del Derecho Indígena en el Código Civil y la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
– Que la Justicia, las fuerzas de seguridad y los órganos provinciales y nacionales, brinden las garantías de seguridad jurídica y social necesarias a los Pueblos Originarios. Los responsabilizamos por cualquier acto que vulnere nuestro derecho.
¡Memoria, Identidad, Justicia y Territorio!
Por la memoria de nuestros Iquines y Titaquines, KALLCHAKÍ, CHELEMÍN, JAVIER CHOCOBAR, AMBROSIO CASIMIRO, continuaremos con el legado y honraremos nuestra histórica lucha.
Convocamos:
A las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, las Organizaciones Sociales y Políticas y a toda la sociedad a acompañarnos con hermandad y lealtad, y les pedimos respeto a esta lucha por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio.
Adhesiones:
comunidaddkd@yahoo.com.ar; uniondiaguitasalta@gmail.com
UPND – SALTA
