El oficialismo avanza en su reforma estructural del Poder Judicial (que no es lo mismo que «Justicia»).
Más allá de las peleas tipo barra-brava de los representantes de la burguesía (patrones) y de los escandaletes a los que estos nefastos personajes nos tienen acostumbrados, que hay que cambiar ese antro de corrupción no es novedad. Pero claro, la cuestión es «qué» se cambia, y cuáles son las razones e intenciones que mueven, en este caso, al kirchnerismo
Empezando por esto último, es evidente que las motivaciones que movilizan al oficialismo tienen dos aristas claras: una, en su pelea con el Grupo Clarín, terminar en tiempo perentorio con los continuos amparos que éste interpone para evitar la aplicación en su caso de la nueva Ley de Medios Audiovisuales (que ya tiene tres años de aprobada). La otra, asegurarse una Justicia adicta para mantener la impunidad que hoy esgrimen ante los hechos de corrupción que varios funcionarios protagonizan. Esto mismo ya lo hicieron en la provincia de Santa Cruz, la que gobernaron por más de diez años, y sirve como antecedente incontrastable
Es tan mezquina la acción del gobierno, tan rastrera, que con tal de asegurarse un futuro lejos de las rejas a pesar de sus latrocinios, genera y fuerza una ley que cambia estructuralmente uno de los poderes de la República, dejándola formalmente en manos del poder político de turno
No nos vamos a hacer los tontos, sabemos que actualmente no existe independencia política entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entre los dos primeros es evidente, hay una estrecha relación entre funcionarios y legisladores que pertenecen a un mismo espacio político, que se eligen en una misma lista en elecciones y que tienen una línea que los agrupa y dirige. En el caso de los jueces, siempre fueron y son presionados por el oficialismo de turno (además de comprados por el poder económico). Lo que el kirchnerismo quiere es “blanquear” lo que hoy es informal, en vez de solucionar el problema de fondo. Como siempre, cambian algo para no cambiar nada en la esencia del poder de la burguesía.
Lo que surge de esta nueva ley, es que a partir de ahora, todos los oficialismos (sean peronistas, radicales, macristas, duhaldistas o quien venga), que se constituyen con mayorías (o primeras minorías) circunstanciales, tengan FORMALMENTE el Poder Judicial a su favor ¿Cómo defenderse ahora ante los embates del Estado?
El problema, entonces, no son tanto las “cautelares”, que podrán ejercerse (no como dice la “Corpo”) pero cuyos efectos serán limitados a seis meses. Lo realmente grave es lo arriba mencionado.
Con el cuentito de la “participación popular”, zanahoria que utilizan magistralmente estos canallas, encubren las verdaderas intenciones de estas reformas. Y la trampa, como siempre, está en la REPRESENTATIVIDAD, que será canalizada por los partidos políticos. Si querían “democratizar” la justicia, ¿por qué no votar DIRECTAMENTE A LOS JUECES, en elecciones populares SEPARADAS de las de los otros dos poderes, sin la participación de los partidos políticos? Por ejemplo, que sea el pueblo el que decida si un juez como…. Oyharbide, puede seguir en su cargo, exponiendo su currículum y sometiéndolo a la voluntad popular. Claro, eso ni locos lo proponen, porque ahí sí que estarían todos, jueces, legisladores y funcionarios en serios problemas…
La solución real para las mayorías populares nunca va a encontrarse dentro del sistema capitalista, donde la cuestión de fondo será siempre que los que tengan acceso a la justicia plena serán los que tengan la plata suficiente para comprar las voluntades de quienes dictan sentencia. Y esos serán obviamente los patrones y sus representantes políticos, quienes integran los partidos tradicionales del sistema burgués (capitalismo). Por algo las cárceles están llenas de pobres, y los grandes corruptos que viven robando las riquezas que son patrimonio del pueblo, andan libremente ostentando su opulencia y su impunidad
