Todos ex funcionarios de Romero
Según informó el Nuevo Diario, los jueces Edgardo Albarracín y Adolfo Figueroa, del Tribunal de Impugnación, resolvieron revocar el sobreseimiento que el juez Formal 1, Martín Pérez, había dictado en favor de los ex funcionarios María Ester Altube, Diego Martín Larrán Solá, Miguel Ángel Cáceres y Daniel René Moreno, presidente de la firma Plumada S.A., acusado de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en el marco de un contrato de digitalización de imágenes.
En su resolución, los camaristas le dieron la razón a la fiscal Penal 3, Emma Puente, quien había apelado el sobreseimiento dispuesto por el juez Pérez.
Los jueces concluyeron en que hubo un apresuramiento de parte del magistrado en sobreseer a los imputados, lo que surge del hecho que no se produjeron las suficientes pruebas para esclarecer “un trámite plagado de irregularidades y demasiados puntos oscuros, o poco claros, que ponen en duda la objetividad y responsabilidad pública de los funcionarios actuantes”.
Los 3 millones de la digitalización
Ese matutino explica que la causa Plumada S.A. generó gran repercusión, puesto que a días de abandonar su gobierno, Juan Carlos Romero avaló el pago de 3.300.000 de pesos en concepto de adelanto por un servicio de digitalización de imágenes del patrimonio documental y bibliográfico del Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta, circunstancia por demás extraña debido a que la empresa aplicó un precio que nunca discutió con la Provincia.
La causa se inició en abril del año pasado, cuando se hizo pública la sospecha que tenía Auditoría General de la Provincia con respecto a la contratación.
En función de la noticia “criminis”, la fiscal Puente, promovió la acción penal del caso por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, iniciándose la causa en el Juzgado de Instrucción Formal 2, a cargo del juez Esteban Dubois, quien planteó un diferendo de competencia y envió el caso a Formal 1, a cargo del juez Pérez.
En la resolución de sobreseimiento, resuelto el 20 de septiembre pasado, Pérez hizo un relato de cómo se realizó la contratación del servicio de digitalización, para finalmente sostener que no hubo delito y que, si bien de las actuaciones de los ex funcionarios acusados aparenta la existencia de una conducta delictiva, eso se debe a una cuestión netamente técnica.
La imputación concreta gira en torno a que desde el Ministerio de Educación, a cargo en ese entonces de Altube, surgió un expediente administrativo que impulsó la contratación y facturación de $ 3.300.000 en concepto de adelanto por el servicio de digitalización de imágenes.
Dicha contratación se logró gracias a la intervención del profesor Miguel Ángel Cáceres, quien se desempeñaba como Coordinador de Bibliotecas. Este ex funcionario fue acusado de introducir el proyecto de contratación de las imágenes en el despacho de Altube, quien reconoció haber recibido la nota.
La ex ministra Altube también reveló que en base a ese proyecto se formó un expediente, que fue la base para la facturación de más de $ 3.300.000 a favor de Plumada.
Altube aclaró que al llegar a la función pública, la digitalización ya era una política de Romero y que dio por sentado que Miguel Ángel Cacéres ya había tratado el tema con otros funcionarios, por lo que ella dio el visto bueno que necesitaba la factura.
Por otra parte, de las explicaciones del resto de los testigos, entre ellos Raúl Romeo Medina, quien cumplía funciones como secretario General de la Gobernación, se intenta dejar por sentado que no era necesario otro contrato y que la facturación se hizo en base al contrato marco, sin embargo, el procedimiento va en contra de lo estipulado por la Ley de Contrataciones de la Provincia que, para estos casos, exige un nuevo contrato.
Lo más grave es que de esta manera, los testigos avalaron el cobro del tope máximo que la empresa tenía en materia de digitalización, el cual era de 43 centavos y estaba dirigido sólo a documentos especiales, cuya manipulación corra riesgo de destrucción.
Lo que se hizo en este caso fue tomar el precio máximo para todas las imágenes contratadas, las que, según Miguel Ángel Cáceres, ascendían a 21.228.980.
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