Durante el 2013, en diversos establecimientos públicos de la provincia se instaló la preocupación por un problema agravado en las escuelas salteñas: crecen las adicciones y la venta de sustancias ilegales entre los estudiantes.
Negar el problema es ser parte del mismo. Ocultarlo es impedir que las autoridades provinciales y el Ministerio de Educación y el de Salud ayuden al tratamiento de las adicciones. Los directivos de las instituciones pueden creer que negando u ocultando la problemática vamos a tener mejores y más escuelas para todos. Por el contrario, el tema se les está yendo de las manos y es necesario asumirlo para implementar fuertes medidas de prevención y tratamiento de la enfermedad. El adicto no es un delincuente. El estudiante que se vuelca al consumo es una víctima del entorno familiar y social. El consumo puede ser experimental, ocasional, habitual o compulsivo. Cuando el menor tiene contención familiar, afecto, educación y un proyecto de vida, su consumo se reduce o puede reducirse a lo experimental.
Las escuelas necesitan el urgente acompañamiento de gabinetes constituidos por un equipo de profesionales integrado por psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras y sociólogos que permitan no sólo diagnosticar la enfermedad sino tratarla, prevenirla y erradicarla.
La complejidad del tema requiere una urgente mirada de nuestros gobernantes. Los maestros y profesores deben actuar siguiendo ciertos pasos formales para dar al menos, una contención a los estudiantes. Un profesor que detectó que su alumno probablemente padecía la enfermedad, llamó a urgencias médicas y fueron los profesionales idóneos quienes constataron si había consumido o no. Esto permitió dar aviso a los padres. Un docente no puede diagnosticar (ni clasificar droga), sólo puede “sospechar” y actuar en consecuencia. Labrar las actas pertinentes y recurrir, de ser necesario, a la Justicia. Pero no debe quedar ajeno. La escuela puede requerir a los padres del estudiante, un control permanente que demuestre que el menor está en tratamiento.
La violencia en las escuelas también ha sufrido un incremento como consecuencia de las adicciones. El abuso aumenta con el consumo consentido y no consentido de drogas. Las denuncias van en alza y la problemática se agrava.
La droga se mete con los sectores más vulnerables de la sociedad: niños, adolescentes y jóvenes para quienes conseguirla es más fácil que comprar un chupetín en el quiosco. Los chicos saben quién vende, dónde, quien la consume y cuánto vale. Con menos de un peso se consiguen las más berretas y letales. Paco, marihuana y ribotril están al alcance de cualquiera y con precios “accesibles”.
En muchas ocasiones, la prensa indiscreta sólo contribuye a ahuyentar el problema al colocar en la vidriera a escuelas donde se detecta a alumnos expendedores de drogas o probables dealers. En pos de la noticia, no se preserva la seguridad del niño, adolescente o joven, ni la de la institución. Ello contribuye a que las autoridades educativas de las instituciones públicas nieguen el conflicto ante la mirada indiscreta del periodismo que lo hace para capturar más ventas o más lectores. Pero corresponde a la Justicia, Juez de turno y Defensoría del menor, hacerse eco de la situación e investigar el ámbito donde se desenvuelve ese alumno y determinar si en el hogar se viven hechos delictivos o de naturaleza patológica. Si un niño vende drogas hay un mayor detrás. La escuela debe obrar en consecuencia colocando la denuncia al margen que se le niegue a la prensa el conflicto. De lo contrario, hay encubrimiento. La detección de casos de venta de drogas o consumo debe ser puesta a consideración de la Justicia porque se trata de menores involucrados. Si un supervisor no sabe qué hacer, que no dé consejos insanos a los directivos.
La transversalidad permite educar en la prevención desde la infancia. Pero sin políticas educativas claras y permanentes, con inversión en equipos de trabajo para afrontar el problema de manera seria, todo esto quedará en titulares periodísticos insensibles y vacíos, puramente comerciales.
Y los que por ahora están a salvo, también merecen una escuela inclusiva.
