Con la soja al cuello: a Buliubasich la echaron por frenar desmontes

Juan Manuel Urtubey se comprometió a revertir la política de bosques arrasados y negocios sojeros de Romero. El nombramiento de Catalina Buliubasich como secretaria de Política Ambiental pareció ir en ese camino. Pero su alejamiento lo desmiente.

– Miguel Bonasso– Crítica de la Argentina (1-06-08)

Noticias llegadas de Salta en estos días parecen indicar que el joven gobernador no estaría dispuesto a honrar sus promesas.

El dato más preocupante es la separación del gobierno provincial, de la secretaria de Política Ambiental Catalina Buliubasich, quien en pocos meses de gestión se caracterizó por su celo en denunciar desmontes ilegales y llevar adelante el proceso de ordenamiento territorial que prevé la Ley de Bosques (26.331).

El martes último, las comunidades de wichis y criollos afectados por los desmontes y las organizaciones ambientalistas que los apoyan, reaccionaron con preocupación al enterarse que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Julio Nasser, le había pedido la renuncia a la funcionaria, disfrazando su cesantía con una oferta para trabajar “en la cesión de las tierras de los lotes 55 y 14”. La funcionaria no aceptó ese despido camuflado y retornó a la cátedra universitaria.

Referentes de las comunidades y ONG’s, se reunieron el miércoles con el ministro Nasser para plantearle su preocupación pero, según informó el representante de Greenpeace Hernán Giardini, las explicaciones del funcionario “no fueron convincentes”.

El autor de esta nota también intentó comunicarse telefónicamente con el gobernador Urtubey sin conseguirlo, no obstante la reiteración de mensajes dejados en su secretaría privada.

Según el ministro Nasser, Catalina Buliubasich fue alejada “porque no estaba capacitada para algunas de las acciones que se debían llevar adelante en la secretaría”. Sin embargo, según otras fuentes, la ex secretaria de Política Ambiental fue separada por cumplir su deber y afectar poderosos intereses económicos.

Desde el comienzo de su gestión la antropóloga Buliubasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, se dedicó a organizar la implementación de la Ley de Bosques y se atrevió a revisar las autorizaciones de desmontes otorgada a todo vapor durante el año pasado, para anticiparse a la legislación que frena las topadoras. En 18 casos descubrió graves irregularidades como la autorización de desmontes sin audiencias públicas ni consultas a las comunidades campesinas e indígenas. En tres casos dispuso la paralización de desmontes que violaban La Ley.

Su mayor pecado, sin duda, fue disponer la suspensión preventiva de un desmonte de 30 mil hectáreas en la finca El Álamo de la empresa Quebracho Colorado S.A., que pertenece a los empresarios texanos Paul David Gabel y David Kent Gabel. Los Gabel le habían comprado a Romero 10.800 hectáreas de tierras fiscales en Tolloche y fueron multados por el Ministerio de Medio Ambiente, debido al desmonte ilegal de 10 mil hectáreas en una finca privada aledaña a Tolloche.

El desmonte de El Álamo fue autorizado –casualmente- un día antes de que se sancionara la Ley de Bosques. En ese momento, el apoderado de los texanos era el abogado Sergio Federico Usandivaras, amigo del gobernador Urtubey y actual jefe del Programa Jurídico del gobierno de Salta.

Durante la transición entre el gobierno de Romero y el de su (¿adversario?) Juan Manuel Urtubey, el doctor Usandivaras cumplió funciones en la secretaría de Política Ambiental y, según algunas fuentes, «andaba pateando puertas” para que se aprobara el desmonte de El Álamo, cuestionado por tres comunidades wichis. Respecto de las cuales, el apoderado de la firma estadounidense manifestó con gran sentido humanista: “Los wichi nunca tuvieron la capacidad para hacer valer sus derechos” (Clarín, 3 de julio de 2007).

El ubicuo letrado también es apoderado de Initium Nafero S.A., una de las afortunadas empresas que compró lotes de la reserva provincial de Pizarro para desmontarlos. En 2004, el entonces gobernador Romero con el apoyo de la legislatura provincial, privatizó 25 mil hectáreas de un área protegida de la selva de Yungas cerca de la localidad de Pizarro, en el departamento de Anta, para entregarlas a terratenientes sojeros.

El 18 de agosto de 2004, la Cámara de Diputados de la Nación votó un proyecto de resolución de mi autoría, por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo que dispusiera “la preservación del área natural del Chaco Salteño, ubicada en el Departamento de Anta, provincia de Salta”. El 2 de mayo de 2005, ofrecimos una conferencia de prensa en conjunto con el presidente de Parques Nacionales, Héctor Espina, donde éste se comprometió a adquirir parcelas de la reserva en peligro para incorporarlas a la Nación.

El 14 de octubre de ese mismo año, Espina logró firmar un convenio con el gobierno de Salta para crear un área de reserva en los departamentos de Anta y Orán. Este acuerdo permitió preservar 4.200 hectáreas y ceder 800 a la comunidad wichi Eben Ezer.

Pero no todo son rosas. En la actualidad la provincia de Salta le está planteando a Parques Nacionales establecer una suerte de interjurisdicción en el área reservada, lo que preocupa mucho a las comunidades locales, ambientalistas y a varios funcionarios de Parques Nacionales. Razones no les faltan. Informaciones que nos hicieron llegar desde la reserva denuncian que las empresas Initium Nafero S.A. y Everest S.A., que desmontan alegremente seis mil hectáreas contiguas a la reserva, no están cumpliendo con uno de los términos del convenio entre los Parques Nacionales y la provincia. Dicha cláusula establece la necesidad de no desmontar entre 80 y 100 metros, antes de la cortina de árboles que los separa del área protegida.

Pero ésta no es la única irregularidad perpetrada por la empresa, de la que es apoderado el actual jefe jurídico del gobierno provincial. Campesinos de la zona hicieron llegar al autor de esta nota una denuncia inquietante: los aviones sojeros están fumigando los campos con glifosato, directamente sobre las cabezas de los funcionarios y campesinos tal como lo prueban las fotografías tomadas por ellos mismos.

Una de las fuentes fue muy gráfica, al comentar ésta y otras barbaridades como cortarle los neumáticos de la camioneta al encargado local de Parques Nacionales: “Estamos con la soja al cuello”.