Actualmente a cargo del subprograma de auditoría fiscal se encuentra una persona que ha sido designada mediante cargo político.
Existen serias evidencias que el Gobierno provincial estaría por implementar un nuevo cuadro de cargos en la Dirección General de Rentas de la Provincia, creando nuevas direcciones, nuevos subprogramas, e incluso desmantelando el subprograma de auditoría fiscal, una de la principales funciones que detenta toda administración tributaria, donde desaparece el cargo de inspector por el de técnico operador y creando nuevos subprogramas paralelos, para formalizar nuevos cargos diseñados con el perfil de determinadas personas, no con los que establece la normativa, que además consideramos desacertados innecesarios e inadecuados para la operatividad del Organismo. No sólo violando y avasallando literalmente el Régimen Escalafonario del Personal de la Administración General, derechos constitucionales: estabilidad en el empleo público, igual remuneración por igual tarea, derecho a la igualdad y no discriminación según la Ley N° 23.592, entre otros, sino que también se incurriría en flagrantes irregularidades previstas inclusive en el Código Penal, como el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Así en el marco de una absoluta ilegalidad. De ser implementado sería planteada, la inconstitucionalidad del mismo. Entendiéndose que cualquier modificación que se haga, debe ser expresamente en el marco normativo vigente. Tal es así que el status quo actual establecido por el mismo Gobierno, rige una emergencia económica desde hace 22 años aproximadamente, según prórroga de la Ley de Emergencia Económica, según Ley Nº 7.768/13 – Promulgada por Decreto N° 691 del 27/02/13 – S.G.G. – Artículo 145º de la Constitución Provincial. Decreto de N. y U. Nº 3.443/12- Prórroga de Emergencia Económica y Administrativa. Leyes Nºs. 6.583 y 7.125, con todo lo que ello implica. Generando incertidumbre, más burocracia y gastos para el Estado o contribuyente, inclusive superponiendo funciones. Que aún en los estamentos responsables en la conducción de la Dirección se tiene diferencias opuestas de criterios.
Así se observa con enorme tristeza e indignación la naturaleza caprichosa de un símbolo de la degradación de gestión, Diego Dorigato, del desconcierto del organismo. Responsable de la creación de cargos informales, pagos irregulares, de decisiones y contradecisiones, de los incumplimientos de los compromisos verbales y actas laborales, de la precariedad e incluso higiénicas de los puestos de control, profundización de la precarización o trata laboral, y de perseguir trabajadores que denuncian irregularidades. Que pareciera que le da derecho a la impunidad.
Creándose entre 55 y 60 nuevas vacantes, incluidos para nuevos funcionarios de alto rango, y continuar con la política de discriminación y violencia laboral. Tal es así que actualmente a cargo del subprograma de auditoría fiscal se encuentra una persona que ha sido designada mediante cargo político “para que desempeñe tareas de coordinación y conducción del Subprograma Auditoría Fiscal”, no existiendo formalmente ningún instrumento legal que exprese que va a desempeñar el cargo de “Jefe de Subprograma de Auditoría Fiscal” según la normativa actual. Y más aún cuando existe un titular en ese cargo. Que a prima facie transgrede expresa normativa del Código Penal.
Así, en lo referido a la competencia, el artículo 30° de la Ley N° 5.348 (L.P.A.) literalmente ordena: “Los actos administrativos deben emanar de órganos competentes según el ordenamiento jurídico y provenir de agente regularmente designado y en funciones al tiempo de dictarlo”. Que en reiteradísimas oportunidades advertimos de esta situación a los órganos competentes según los artículos 167 al 171 de la Ley N° 5.348, a la Dirección e inclusive al Ministro del área y al mismo Gobernador. No teniendo jamás respuesta alguna a la fecha. Así, sin pudor alguno, todo un símbolo de la ilegalidad e impunidad, como la imputación de las cuentas públicas de la Provincia de Salta mediante una Ley de Administración Financiera y Decreto Reglamentario truchos. Esta es la administración real del cambio, transparencia, de la esperanza que nos prometieron.
En rigor no nos oponemos a ningún cambio que mejore la operatividad del órgano, en el marco del Estado de Derecho que nos brinda la democracia, objetividad, racional, legitimidad, y de cara a la opinión pública que aprueba o desaprueba las gestiones públicas.
– Miguel Rojo y Juan Carlos Villanueva, Sec. Gral. y Sec. de Finanzas de la A.T.A.P.
