Policía amotinada, política cínica y marginalidad cultural. Causa y efecto. Los motines policiales en todo el país, seguidos de olas de saqueos. La política solo echó nafta al fuego
Los tres principales asesores de Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete son contadores públicos y dos de ellos obtuvieron sus posgrados en el noventista Centro de Estudios Macroeconómicos, CEMA. El viceministro de Gabinete, Carlos Alberto Sánchez, por ejemplo, sabe de seguridad social y economías regionales. La actual subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Mónica Zorrilla, es coautora del libro “Federalismo fiscal y coparticipación federal (Una propuesta para la transformación de la relación Nación-provincias)” junto al propio Capitanich y Axel Kicillof, hoy ascendido a ministro de Economía. El secretario de Evaluación Presupuestaria, Fabricio Bolatti, viene del Frente Grande de Chaco pero su especialidad es la modernización del Estado.
Es decir, los tres están entrenados en administraciones y presupuestos provinciales, en parte origen del problema de los violentos saqueos. Y están prevenidos, por experiencia, ante eventuales reacciones sociales en cadena. Por eso, desatada la rebelión salarial de la Policía cordobesa el martes 3 de diciembre –acuartelamiento en distintas localidades de la provincia, saqueos y vandalismo en supermercados, personas heridas y hospitales colapsados–, previeron la emergencia de enviar fuerzas de Gendarmería al distrito en llamas.
Aconsejaron “cortar por lo sano” como cuando Daniel Scioli acordó con Sergio Berni establecer un comando antisaqueo en el cruce estratégico entre la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura. Capitanich coincidió, pero no podía avanzar por su cuenta. Recordó que el año pasado, Cristina Fernández había prometido que no se enviarían más gendarmes a “las provincias en problemas” (en respuesta a la muerte de nueve efectivos de la Gendarmería en un accidente de tránsito, trasladados luego de reprimir una violenta protesta petrolera en Cerro Dragón, Chubut).
Al mismo tiempo –mientras se generalizaban los disturbios en Córdoba capital–, el secretario Carlos Zannini le transmitió al jefe de gabinete una orden presidencial: “De ninguna manera nos podemos hacer cargo de los desmanes de una policía vinculada al narcotráfico. Los gendarmes, en donde tienen que estar”, justificaba Cristina.Lo que siguió fue una secuela de hechos dictados por el descontrol de la situación. El gobernador José Manuel de la Sota debió regresar de urgencia al país desde Panamá y sobreactuar sus confusos pedidos de auxilio al gobierno nacional. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcó tres días después en la provincia con 1.200 gendarmes por un acuerdo urgente entre De la Sota y Capitanich que revertía la primera orden presidencial.
A pesar de la recomendación de al menos dos de sus ministros de saltear la “fiesta popular” prevista por el oficialismo para el martes 10 –no del acto formal por los 30 años de democracia–, Cristina se empecinó en hacerla tal cual ella lo había imaginado: bailó y tocó el tamboril.Fue el día en que se confirmaba un saldo provisorio de ocho muertos y se generalizaban zonas liberadas, saqueos y actos delictivos en otras seis provincias. Según Berni, tuvo que pasar varios días sin dormir. A algunos lugares, como Rosario o Chivilcoy, fue él mismo piloteando el helicóptero de Gendarmería. En Seguridad no pensaron que el conflicto iba a escalar tanto, aunque vienen alertando desde hace tiempo que los sueldos de las fuerzas son bajísimos, y que la baja cantidad de efectivos de Gendarmería es una deuda pendiente del oficialismo.
El periodista Horacio Verbitsky, a quien no se podría acusar de formar parte de ninguna “desestabilización” como la que terminó denunciando Capitanich, dijo: “Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años –escribió en Página 12–, también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos”.
A la hora de establecer las culpas del estallido, las interpretaciones discurrieron entre la toma de partido política –a favor o en contra del Gobierno– y la demonización de sus eventuales promotores –la Policía, De la Sota, Sergio Massa, las 4 x 4, el “modelo”, el narcotráfico, las mafias del delito, etc.–. Como se trata de un suceso de carácter complejo y claramente multicausal, convendrá no perderse en los atajos:
La responsabilidad policial. Los salarios básicos de las fuerzas de seguridad provinciales, hasta los recientes aumentos arrancados “a punta de pistola”, estaban fijados entre 280 y 4.500 pesos según la jurisdicción. Eran, hasta entonces, los empleados públicos peor pagos y el menos favorecido por la disparidad salarial y el pago en negro de las distintas administraciones.
Hasta ahora, los ajustes acordados van desde los 3.500 hasta los 9.000 y 10.000 pesos de bolsillo si se toma en cuenta lo negociado en estos días en diez provincias. Sin embargo, esa postergación y estos aumentos –bastante por encima del nivel inflacionario real– no podrían justificar una Policía autónoma del poder político ni atribuirse el establecimiento de “zonas liberadas” ni presionar por reivindicaciones a través de métodos “sediciosos”, fuera de la ley. Tampoco es admisible reconocerle un carácter de “grupo de presión” que, como el de ciertos jueces, se arrogan el derecho de rebelión cuando el poder político se desgasta y entra “en retirada” hacia un gobierno de otro signo. Una fuerza vertical y armada no debería estar dirigida por personajes incapaces de ejercer la autoridad o peor, sospechados de vínculos con barrabravas, narcotraficantes y mafias vinculadas a todo tipo de delitos. Aunque fueran justificados sus reclamos salariales, no sería admisible el travestismo institucional para conseguirlo. Habría que darle razón al oficialista juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni: “Es una deuda de la democracia no haber repensado la Policía”. La reacción política fue mala y tardía.
El vacío de los gobernadores. De la Sota, como tantos otros mandatarios –incluidos los alineados con la Casa de Gobierno– vienen subestimando los estragos sociales provocados en sus provincias por el reparto discrecional de los recursos que se recaudan, el efecto inflacionario de la economía oficial y la ausencia de una política pública de seguridad capaz de retener el monopolio de la fuerza en el Estado. En este último caso, los gobernadores no han ido más allá de exigir la aplicación de la ley de seguridad interior que obliga a la Nación a ir en auxilio de las jurisdicciones en riesgo. Y mientras tanto, se han acostumbrado al poder de turno y adaptado a sus caprichos y condicionamientos, aun en contra de los intereses de sus representados.
Al unitarismo fiscal de la Nación no se le replicó con el federalismo de las alternativas de inversión y mayor productividad a no ser la recepción pasiva del “salvataje” discriminatorio de la Nación con sus obras para los “amigos”. Así, el empleo público sirvió para disimular el desempleo y la falta de trabajo. El clientelismo congeló los salarios públicos en niveles miserables. Y a los reclamos de coparticipación de impuestos –una deuda que va a cumplir 20 años sin saldarse– le siguió el conformismo del módico reparto del Fondo Federal Solidario extraído del 30% de las retenciones a la soja.
Ni el crítico De la Sota, ni el feudal José Alperovich, ni el oficialista Martín Buzzi, ni el cristinista Sergio Urribarri, y tampoco el alineado Jorge Sapag, fueron capaces de recoger los previos indicios de intranquilidad social que recorrían sus provincias. Hasta que estallaron en una sola oleada de frustración y promesas incumplidas. Los que dieron aumentos, tienen pensado pasarle la factura a la Nación. Capitanich ya anticipó: “Tenemos recursos limitados para prevenir incidentes”. Se refería a la supuesta “pueblada” que difunden las redes sociales para el 19 y 20 de diciembre.
– Por José Antonio Díaz – Revista Noticias Nº 1929
