El gobernador cumplió con el compromiso que puso fin a la huelga de hambre de los dirigentes de ATAP y firmó el decreto que restituye a Rojo y otros 5 empleados a Rentas. La denuncia contra Gerardo González por privación ilegítima de la libertad.
Hasta el viernes se completará el retorno de Miguel Rojo y otros 5 empleados del estado regresaron en esta semana a sus puestos en la Dirección de Rentas. Rojo y otros dos gremialistas denunciaron al jefe de policía, comisario general Gerardo Omar González, por privación ilegítima de la libertad.
Los trabajadores reubicados en sus puestos de trabajo anteriores son dirigentes y afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.): el secretario general, Miguel Rojo, la secretaria de acción social, Renee Beatriz Romero Lucero y los afiliados Mario R. Wilde, Carlos A. Salcedo, Miguel E. Cardozo y Jorge E. Morcos.
Los trabajadores volverán a laborar en el edificio de la primera cuadra de la calle Pueyrredón luego que fueran trasladados durante el gobierno de Romero -en una acción denunciada como represalia por su militancia gremial- a distintos organismos del estado.
Los empleados fueron trasladados por una decisión tomada -según se denunció oportunamente- por decisión del entonces director de Rentas y ctual Secretario de Ingresos Públicos, Sebastian Saravia Tamayo y quien era ministro de Hacienda, el actual senador Fernando Yarade.
Saravia Tamayo ha sido uno de los funcionarios más cuestionado por la dirigencia de A.T.A.P., que llegó a considerarlo como «otro símbolo de lo ilícito en la gestión del romerato». Los gremialistas denunciaron su propulsión a realizar ventas y compras de productos secuestrados por el organismo Recaudador por excelencia de la Provincia, caso: la venta de harina, cobrado en efectivo y compra de pollos -lo que según afirman permanece impune hasta el día de la fecha-.
Las denuncias penales realizadas por la organización gremial fueron desestimadas por la Fiscal Emma Puentes. Esa decisión también fue cuestionada por ATAP, que consideró que hay «complicidad» y falta de interés en investigar y punir las irregularidades y delitos cometidos dentro de la administración pública.
En ocasión de la visita de la presidente Cristina Kirchner a la ciudad de Salta, Miguel Rojo, Sergio Ibarra y Eduardo Vargas, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta se apostaron en la plaza 9 de Julio en huelga de hambre en reclamo de la restitución a sus puestos de trabajo en Rentas y otras demandas gremiales.
La policía los arrestó en la madrugada del sábado 24 de Mayo, previo a la llegada de la presidenta, en una acción represiva que le ocasionó lesiones a Vargas. Luego que la presidenta abandonó la provincia fueron liberados. Denunciaron malos tratos en la alcaidía y se apostaron nuevamente en la plaza para continuar la huelga de hambre.
El gobernador Urtubey envió a un funcionario que tomó contacto con ellos y acordaron el levantamiento de la huelga a cambio de la restitución a sus puestos de trabajo en Rentas y la apertura de negociaciones sobre los otros puntos del reclamo.
El gobernador cumplió el acuerdo y estampó su firma en el decreto 3067 que dispone el retorno de los empleados a sus antiguos puestos en la Dirección de Rentas. El decreto se publicará en el boletín oficial de hoy lunes 4 de agosto, por lo que Rojo y los otros 5 trabajadores pudieron volver a revistar en las oficinas de ese organismo estatal.
Le preguntamos a Eduardo Vargas:
– Logrado este punto, ¿qué van a hacer ahora como dirigentes de la ATAP?
– Vamos paso por paso, como habíamos acordado con el gobierno. Seguimos hablando con el secretrio de Relaciones Institucionales José María Pérez para continuar discutiendo acerca de los otros puntos, que son el reconocimiento de la tutela sindical, la activación del código de descuento y la reincorporación de Marina Guanca -integrante de ATAP-, quien fue despedida de su puesto de Promoción Social cuando denunció irregularidades en esa repartición.
Luego de una lucha de más de una década que llegó a la OIT y una batalla judicial que involucró al estado provincial y al nacional, Rojo fundo -acompañado por otros empleados del estado- un nuevo gremio (ATAP) luego que ATE -sindicato del que era delegado cuando fue despedido por el ex gobernador Roberto Augusto Ulloa violando su tutela sindical- lo desamparó y que consiguiera que el gobierno de Romero lo reincorporara a su trabajo a instancias de una exigencia de la Nación para evitar una sanción internacional.
Debido a que Vargas, Rojo e Ibarra consideran que la detención cuando realizaba la huelga de hambre en plaza 9 de Julio fue ilegal denunciaron penalmente al jefe de policía, comisario general Gerardo Omar González por privación ilegítima de la libertad en una acción interpuesta por el abogado de ATAP, John Grover Dorado.
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