De la “obediencia debida” a la coartada neoliberal de los hechos individuales.
Así como durante la dictadura militar los efectivos armados cubrían y encubrían su responsabilidad en hechos aberrantes bajo la figura de “obediencia debida”, elevando la responsabilidad última hacia los jefes, ahora, en democracia, la policía de Río Negro pretende licuar su responsabilidad institucional de Estado en la insostenible hipótesis de las decisiones individuales y los hechos aislados.
• El 23 de marzo un oficial subinspector de la comisaría Segunda de Bariloche fotografió o filmó con un celular a los estudiantes secundarios que se manifestaban en contra del aumento del boleto estudiantil. La Jefatura de la policía, que protege todavía la identidad del autor del espionaje, aseguró que no dio órdenes de ese tipo ni las dará jamás.
• Ahora sabemos que el 1 de marzo, durante una sesión del Concejo Deliberante local, el experto en informática de la misma comisaría Segunda Rodolfo Aballay hizo exactamente lo mismo contra los manifestantes que se oponen a la minería a cielo abierto con cianuro en nuestra provincia, según supimos por la prensa ayer.
El 8 de marzo, en muestra de buena voluntad y vocación de diálogo para con la nueva administración de gobierno, esta Multisectorial y los Familiares nos reunimos con el Jefe de Policía Comisario General Jorge Uribe y el titular de la Regional III Comisario Mayor José Luis Tejada. La persecución sistemática de la policía contra un menor de edad originó esa reunión. A pesar de lo comprometido, Uribe jamás informó sobre la investigación interna realizada y suponemos que deben seguir cómodos en sus puestos los nueve (9) autores materiales de la golpiza que pudo costarle la vida al joven.
Aballay, un protegido
Como todos y cada uno de los efectivos que participaron directamente en los hechos de terrorismo de estado contra la población civil el 17 y 18 de junio de 2010 en Bariloche, el oficial principal Rodolfo Patricio Aballay goza de la protección y confianza de la Jefatura.
El sangriento 17 de junio Aballay fue el enlace operativo entre el comisario mayor Argentino Hermosa, ex jefe de la Regional III, y la empresa trasnacional de seguridad privada Prosegur que proveyó en préstamo municiones de plomo del tipo “perdiceras” para disimular el uso de la munición de guerra de uso oficial en la policía rionegrina.
El ex jefe de la policía Jorge José Villanova suspendió preventivamente en el cargo a Aballay un mes después de los hechos terroristas, pero para el 31 de agosto Villanova consideró que no había razón para semejante castigo y lo restableció en sus funciones. Para perdonarlo Villanova se basó en la investigación sumaria interna que instruyó el comisario mayor José Luis Tejada, entonces director de personal y hoy el mismísimo jefe de la Regional III de Bariloche.
El experto en informática que fue a buscar las cajas de balas de plomo a Prosegur el 17 de junio, dos años después hace espionaje en dependencias del intendente Goye y ante los concejales de todos los partidos con representación local. La impunidad de los crímenes de ayer permite y alimenta la ilegalidad de los hechos de hoy; no existen ni las decisiones individuales ni los hechos aislados en las prácticas terroristas y violatorias de los derechos y garantías constitucionales desde el Estado.
La Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche y los Familiares de las Víctimas de Junio exigimos:
• Que los ejecutores y responsables de la represión masiva del 17 de junio declaren como imputados en la investigación sin más dilaciones;
• Que se identifique con nombre y apellido a los policías que tiraron con balas de plomo contra la población civil el 17 de junio y se les inicie causa penal a todos también por ese delito;
• Que se hagan públicos los resultados de las pericias técnicas que prueban lo que el pueblo siempre supo, que hubo un ataque armado sistemático por horas contra la población civil con decenas de víctimas e innumerables daños;
• Que se identifique, juzgue y castigue a los responsables de las reiteradas golpizas al menor F.G., las torturas a Mario Cayún y las detenciones ilegales a numerosos jóvenes de los barrios de El Alto.
Por Verdad, Justicia y Memoria
– Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche
y
Familiares de las Víctimas de junio de 2010
